El fiscal que ayer fue suspendido tras investigar el caso Lázaro Báez advirtió sobre la decisión y criticó a la procuradora Alejandra Gils Carbó; insistió en que analiza ir a la Corte
"Esto es irrisorio para todos los fiscales del país", consideró Campagnoli esta mañana, que dijo contar con el respaldo de todos sus colegas.
Ayer, por cuatro votos contra tres, el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público suspendió a Campagnoli, acusado por su jefa, Gils Carbó, de mal desempeño en el caso contra el empresario cercano al kirchnerismo Lázaro Báez. Este mismo tribunal deberá decidir si lo destituye definitivamente en los próximos 180 días hábiles.
''Estamos evaluando ir a la Corte'', reiteró Campagnoli en diálogo con radio Continental, y aseguró: "Soportaré las audiencias del tribunal de juicio". Allí el fiscal ahora suspendido podrá ofrecer su postura. Ayer estuvo dos horas esperando pero el Tribunal de Enjuiciamiento nunca hizo lugar a su pedido.
"Yo sabía que iba a pasar esto", dijo hoy Campagnoli
Pese a que no pudo hablar, Campagnoli presentó planteos contra Gils Carbó y el propio tribunal: cuestionó a tres miembros titulares y dos suplentes por entender que no eran imparciales. Acusó a Ernesto Kreplak, representante del Poder Ejecutivo, por ser miembro de La Cámpora; al fiscal Daniel Adler por ser integrante activo de Justicia Legítima, agrupación que -dijo Campagnoli- se pronunció públicamente en su contra; y a Rodolfo María Ojea Quintana, designado por el Senado de la Nación, por tener militancia en el Frente para la Victoria y haber sido funcionario y "compañero de militancia y prisión política" del ex canciller Jorge Taiana.
Esos tres integrantes del Tribunal, más María Cristina Martínez Córdoba, defensora pública de menores, votaron a favor de su suspensión.
En disidencia (a favor del fiscal), votaron el representante de la Corte Suprema, Juan Octavio Gauna, que durante el gobierno de Raúl Alfonsín ocupó el cargo que hoy tiene Gils Carbó; y los representantes de los abogados Rodrigo Sebastián Bacigalupi, designado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y Adriana Olga Donato, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
"Yo sabía que iba a pasar esto. Lo que se anunciaba que iba a suceder sucedió", señaló Campagnoli, que podría ser destituido de su cargo. La suspensión del fiscal fue dispuesta "hasta la finalización de esta instancia", es decir, hasta que lo echen o lo repongan en su cargo, y dispone que él cobrará, mientras tanto, el 70% de su sueldo, y el resto quedará embargado "a las resultas del juicio"..






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