Por: Alejandro Moreno.

Después de mucho sufrir, el peronismo consiguió aprobar el proyecto de ley de seguridad que enviara a la Cámara el gobernador peronista Martín Llaryora. Una torpeza en la maniobra del oficialismo, al ingresar sorpresivamente un proyecto de ajuste, motivó a la oposición a no dar quórum, y así Juntos por el Cambio zafó de mostrar que votaría dividido. 

Hasta el aterrizaje del ajuste a los estatales, Juntos por el Cambio llegaba al recinto dividido. Los bloques de la Unión Cívica Radical, del Frente Cívico y de la Coalición Cívica-ARI iban a votar en contra. El par de legisladores de Construyendo Córdoba, a favor, mientras que se esperaba que el PRO esté dividido a la hora de resolver. 

Para los aliancistas significaba un mal momento, después de haberse mostrado monolíticos frente a la reforma de las atribuciones del Tribunal de Cuentas, la semana pasada.

El oficialismo realizó varios cambios al proyecto original, pero desde la oposición siguieron cuestionando lo que denominan la privatización de la seguridad, la delegación de responsabilidades sin recursos a los municipios, y la falta de capacitación a las guardias urbanas que usarían armas no letales. 

El presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano, agradeció al kirchnerista Federico Alesandri, el libertario Agustín Spaccesi y la ex opositora Karina Bruno, que permitieron llegar al quórum. Los de Juntos por el Cambio, protestó, “solo quieren que al gobierno le vaya mal”. 

Nadia Fernández fue la miembro informante del proyecto de Ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, “creando el sistema integrado de seguridad pública y ciudadana”, con el objetivo de “promover la paz y la tranquilidad social”. Implica, aseguró, un “diseño participativo y de gestión asociada con municipios y comunas”. Los puntos centrales son, indicó, “el fortalecimiento del vínculo del sistema de seguridad con la ciudadanía, el nuevo rol que la política tiene que asumir en materia de seguridad, y un diseño innovador de las instituciones de seguridad”. 

Fernández subrayó que la comisión ad hoc formada para analizar el proyecto contó con la participación de muchos especialistas y de las autoridades de los bloques legislativos. La peronista recalcó el “consenso que fuimos capaces de construir”. 

Una de las cuestiones más discutidas ha sido el papel de los municipios, según la nueva ley. “Los municipios son los receptores de las demandas sociales”, recordó Fernández. “Pueden desarrollar estrategias preventivas, disuadir, prevenir y hacer cesar faltas, pero en ningún caso pueden actuar en tareas de investigación y persecución”, detalló. 

Respecto de las empresas de seguridad privadas, Fernández las consideró “nuevos actores del sistema”, y afirmó que podrán usar armas no letales “previa capacitación”. 

La legisladora peronista explicó que se trata de un “sistema integrado”, cuyas principales características son la formación de guardias locales, la realización de narcotest para funcionarios, la incorporación de las empresas de empresas de seguridad privada, la creación de fiscalías para combatir el narcotráfico, el desarrollo de un plan de desarme, el uso de armas no letales, y el establecimiento de un nuevo programa de videocámaras. “Es un cambio de paradigma”, dijo. 

El libertario Agustín Spaccesi habló como opositor pero se lo escuchó como oficialista, porque elogió al PJ y criticó con dureza a Juntos por el Cambio por no concurrir a la sesión. “No me van a caer en la cobardía y en la falta de contracción al trabajo. No puedo creer que haya gente que no se haya prestado al debate. Gran parte del electorado no está representado en el recinto me da vergüenza ajena”, disparó. 

Cuando terminó su breve exposición, se llevó los aplausos de los legisladores peronistas. 

El mismo trabajo realizó Karina Bruno, quien fue electa por la oposición pero mutó a oficialista al asumir. “Es aquí y no en los medios donde las discusiones deben darse”, expresó. Como Spaccesi, fue aplaudida por el peronismo. 

JpC 

Más temprano, la importancia del debate hizo que se sumaran los dos referentes que aspiran a ser candidatos a gobernador dentro de cuatro años: Rodrigo de Loredo y Luis Juez. 

De Loredo grabó un mensaje en el que advirtió que el proyecto de Llaryora “no resuelve ninguno de los problemas” de la seguridad en la provincia de Córdoba. 

Y detalló: “No integra una mayor cantidad de fuerzas policiales, no incorpora equipamiento, no propone una mayor capacitación y entrenamiento de las fuerzas, ni trabaja en cortar vinculaciones y complicidades de las fuerzas de seguridad con el mundo del delito”. 

Por su parte, Juez acusó a Llaryora de querer “privatizar la seguridad en la provincia de Córdoba”. “Es inaudito e inadmisible que toleremos una decisión semejante. La seguridad es una potestad indelegable e ineludible del Estado, y no debe ser transferida a sectores privados a través de un negocio millonario armado con cooperativas y empresas de seguridad”, agregó. 

El senador señaló que “esta gestión tiene el deber y la obligación de velar por la seguridad de los cordobeses, formando e instruyendo a los efectivos de la fuera, pagándoles buenos salarios para tener una carrera policial acorde a las necesidades de la gente”. 

Finalmente, Facundo Torres también subrayó que “fuimos muy aperturistas”, y apuntó que a la comisión especial concurrieron “más de diez especialistas” y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.