Después de la intempestiva renuncia del ex Procurador Dr. Esteban Righi, a partir de la denuncia en su contra efectuada por el Vicepresidente de la Nación Amado Boudou, intentando defenderse por las graves sospechas que pesan en su contra por presuntas negociaciones incompatibles y/o tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, el Gobierno busca proteger a su N° 2, y para garantizarle impunidad, de la manera más arbitraria, propone para cubrir el cargo vacante, a un hombre allegado al mismo, es decir un soldado de la causa. Pero la falta de objetividad e imparcialidad, no era la única debilidad del candidato propuesto para asumir la Procuración , el Dr. Daniel Reposo, sino también una absoluta falta de calificación e idoneidad para ejercer el cargo. No obstante, el oficialismo montado en la soberbia de creer que el resultado electoral todo lo permite, insistió con la inconsistente e insostenible candidatura, creyendo que la legitimidad de origen los habilita para imponer cualquier decisión.

Hasta aquí el dato negativo, el empecinamiento del Kirchnerismo en arremeter de cualquier manera; pero el dato positivo surge al intervenir la oposición con firmeza y al mismo tiempo movilizarse distintas Organizaciones no Gubernamentales que se expresaron impugnando la candidatura del Dr. Reposo con sólidos argumentos, exhibiendo las debilidades del candidato, lo que quedó a su vez evidenciado en la audiencia celebrada el martes último en el Senado. Los insuficientes antecedentes académicos y la insolvencia profesional quedaron descarnadamente al descubierto, desplomándose su nominación al desalentar el apoyo de los Senadores que aguardaban esta instancia para tomar la decisión.

El Gobierno debe asumir definitivamente que no sólo hemos adoptado el sistema democrático para elegir a nuestros representantes, sino que el modelo de organización político institucional que nos rige es el republicano, lo que supone, división de Poderes e imperio de la Ley y la Justicia para todos los ciudadanos por igual; es decir el poder del representante elegido democráticamente tiene los límites que fijan las leyes que regulan su ejercicio.

El protagonismo de quienes representamos una opción diferente, cumpliendo con responsabilidad el rol institucional de control, para evitar que desvíos de autoritarismo y corrupción con garantía de impunidad deterioren aún más la debilitada calidad institucional de nuestra República, alimenta sin dudas la esperanza de que un país verdaderamente serio es posible. Si la Sra. Presidente de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, interpretara también que no fue una derrota que le propinó la oposición mezquina, ni la ‘Corpo mediática destituyente’, sino que su Gobierno además de legitimidad de origen, debe funcionar respetando la legalidad y actuando con razonabilidad, estaríamos dando un paso en la normalización institucional, para asegurar la seguridad jurídica, condición básica para que cada ciudadano, emprendedor, trabajador o inversor, tenga la previsibilidad necesaria que brindan la vigencia de la ley y la justicia garantizando su alcance por igual para todos, en el goce de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones.