La medida fue establecida este lunes a través del Boletín Oficial. Busca evitar otros casos de fuga como los de Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi.
La resolución 85/2013 lleva la firma del ministro de Defensa, Agustín Rossi, y limita "el alojamiento y la atención ambulatoria en hospitales militares de quienes se encuentran condenados penalmente o procesado con privación de la libertad que tengan o hayan tenido estado militar". Además, aclara que "alcanza a la totalidad del personal civil y/o militar de las Fuerzas Armadas".
Por otro lado, agrega que "todo requerimiento de carácter judicial de internación o asistencia médica, vinculado a la situación de procesados con prisión preventiva o condenados penalmente y que sea dirigido a esta jurisdicción, deberá ser comunicado inmediatamente al Ministerio de Defensa para su consideración y efectos, bajo apercibimiento de aplicación de sanciones administrativas o disciplinarias".
Los ministros de Defensa, Agustín Rossi; de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak y de Salud, Juan Manzur firmaron este lunes un convenio que dispone la creación de una Comisión de Asesoramiento Médico que tendrá por objetivo revisar los antecedentes médicos de imputados, procesados o condenados en causas de delitos de lesa humanidad que se encuentran internados o bajo tratamiento ambulatorio en dependencias hospitalarias de las Fuerzas Armadas.
Tras la fuga de dos represores condenados la semana pasada mientras eran trasladados, Alak subrayó que "esta medida se funda en la idea de que ningún privado de su libertad tenga algún tipo de privilegio. La presidente siempre reitera que el Servicio Penitenciario Federal debe garantizar todos los derechos humanos, pero que no deben existir privilegios". Y agregó: "Este acuerdo interministerial apunta a verificar realmente si existen causales para que estas personas estén en una atención médica determinada, y si esa prestación no se puede brindar en el Hospital Penitenciario de Ezeiza, que tiene los servicios médicos de mediana y alta complejidad suficientes para albergar a civiles y militares que estén imputados por crímenes de lesa humanidad".
Por su parte, Rossi explicó: "Tenemos la directiva de la Presidente de conformar una comisión médica asesora entre los tres ministerios para que evalúe el estado de salud de cada uno de los internos asistidos en centros de salud militares".
El informe que surja de la comisión será elevado a la Justicia "para determinar si los condenados por delitos de lesa humanidad deben permanecer en esos centros asistenciales, si pueden ser trasladados al Hospital Penitenciario Central de Ezeiza o regresar a las unidades penales correspondientes".
El viernes pasado el Gobienro decidió, además, no aceptar dentro de hospitales militares la atención de condenados por delitos de lesa humanidad "ya sea en el caso de internación o tratamiento ambulatorio". "Buscamos evitar así situaciones como la que se produjo la semana pasada" sintetizó Rossi.
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