Silvana Giudici, diputada nacional y titular de la Comisión de Libertad de Expresión, presentó un proyecto para la transferencia gradual de competencias penales y contravencionales de la Justicia Nacional Correccional a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mismo fue acompañado por el presidente del bloque de Diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, y los diputados Patricia Bullrich (Coalición Cívica) y Julio Martínez (Unión Cívica Radical).

"La transferencia de competencias penales y contravencionales de la Nación a la Ciudad reafirman la autonomía porteña por lo que este proceso debe continuar", dijo Giudici, cuyo proyecto de ley prevé el traspaso de delitos contra la libertad individual, contra la libertad de reunión, violación de secretos y de la privacidad, contra la libertad de prensa, contra la propiedad y contra el honor.

"Es potestad del Congreso el traspaso de competencias a la Ciudad para otorgarle herramientas al ejecutivo porteño y que actúe ante delitos que violan derechos y no mediante un instrumento jurídico de dudosa constitucionalidad como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó Mauricio Macri para entender en los delitos contra la libertad de prensa", señaló la diputada.

Macri, mediante el DNU 2/11, incorporó al Código Contravencional de la Ciudad el título VI "Protección de la Libertades de Prensa y Expresión", para actuar ante hechos como los bloqueos que sufrieron distintos diarios y revistas desde al año 2008 cuyo último hecho grave sucedió el 27 de Marzo último.

Al respecto Giudici sostuvo: "Compartimos que el Estado debe velar e intervenir cuando la libertad de expresión esté amenazada. No es mediante decretos apresurados que se dotará a la Ciudad de las facultades necesarias para hacer cumplir la ley".

"Está claro que cuando hay voluntad política se puede actuar. El Gobierno de la Provincia de Córdoba pudo intervenir y hacer cesar el bloqueo a los diarios porque contó con los instrumentos jurídicos que les da la autonomía provincial. "Si el Gobierno Nacional no actúa, son las provincias o en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que podría intervenir para hacer cesar las conductas que restrinjan o pongan en peligro la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información de todos los ciudadanos", finalizó Silvana Giudici, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión.