La Legislatura cordobesa ostenta un triste récord: tres de sus miembros están imputados por la Justicia. Otro parlamentario espera, no sin ansiedad, que el Poder Judicial de Santa Fe decida si lo investigará por colaborar con la dictadura militar. Además, un cuarto legislador aguarda que el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados establezca si violó la ley. A esta (larga) lista se suma Miguel Ortiz Pellegrini, quien renunció a su banca el año pasado acusado de violentar la Constitución Provincial.

Pedro Ochoa Romero

El legislador kirchnerista, lugarteniente de Ricardo Jaime, está imputado por su paso como interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). El fiscal federal Federico Delgado, de Buenos Aires, lo acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa tiene pedido de elevación a juicio. En ese trámite se ventilará si omitió realizar desde ese organismo los controles contra la operatoria de ómnibus sin habilitación que trasladaban pasajeros desde la estación de Constitución hacia diversos puntos de la Capital y el Gran Buenos Aires. La causa fue iniciada en 2007 por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, antes de que Ochoa Romero asumiera su banca. Para el fiscal, "han quedado demostradas –con el grado de certeza– que tanto la materialidad del hecho como la autoría y responsabilidad que corresponde asignarle a Ochoa Romero", quien, por entonces, "tenía la misión de ejercer el poder de policía en materia de transporte".

Ante sus pares de la Unicameral, le restó importancia a la acusación.

Augusto Varas

En noviembre de 2009 fue imputado por el presunto delito de "defraudación a la administración pública". El fiscal federal Enrique Senestrari lo acusa de "integrar un grupo de personas que se habría apoderado de un subsidio" del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. "Las pruebas que hay son bien suficientes para una imputación en esta etapa del proceso", sostuvo Senestrari en diálogo con Día a Día.

En su acusación, Senestrari afirma que personas del entorno de Varas se "apoderaron" de 161 mil pesos otorgados por la Nación a la Mutual Carlos Mugica. La suma fue depositada por la cartera de Desarrollo Social en la cuenta Nº108116616/2 del Banco de la Nación Argentina. Aunque el legislador no figura entre quienes tenían acceso a la cuenta, Senestrari sostiene que sí lo tenían personas vinculadas a él y a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el gremio del que es secretario general.

Para el fiscal de la causa, en el expediente judicial "hay pruebas" de que Varas intentó supuestamente "presionar" a varias personas que iban a testimoniar en su contra. Los fondos aportados por el ministerio de conduce Alicia Kirchner, tenían como destino la puesta en marcha de talleres de capacitación y enseñanza de oficios. La cartera reclamó a la ONG la rendición de gastos.

El legislador juecista se presentó en Tribunales Federales el viernes último, pero se abstuvo de declarar. Lo haría en el transcurso de esta semana. Siempre negó los hechos, limitando su participación a"gestiones de buenos oficios" a favor de la Mutual Mugica.

Carlos Giaveno

El legislador radical está imputado en la llamada "Causa Brinkmann", en la que se investiga su responsabilidad, como intendente de esa localidad, en una supuesta maniobra fraudulenta. En diciembre de 2007, días antes de que asumiera en la Legislatura, fue denunciado por la oposición: se lo acusó de llevar una doble contabilidad en la comuna.El eje fue la aparente existencia de 54 ordenes de pago "falsas". Se habría tratado así de justificar el desvió de 90 mil pesos que la Provincia envió, en febrero de 2006, para la construcción de un teatrino municipal y que habrían tenido otro destino.

La fiscal de Morteros, Betina Croppi, lo imputó por los delitos de malversación de fondos, falsificación de instrumento público y abuso de autoridad. La causa fue elevada a juicio en abril del año pasado, pero la defensa de Giaveno se opuso, por lo que regresó al Juzgado de Control, que todavía no definió qué hará con el expediente.

En su defensa, Giaveno señaló que la denuncia de sus opositores sólo persigue "réditos políticos". "Hay indicios de que con esta causa los denunciantes buscan réditos personales más que mejorar la institucionalidad", expresó el parlamentario radical, opinando que denuncias de este tipo "alejan a la gente de la participación en política".

En la Unicameral, Giaveno preside la Comisión de Promoción de Economías Regionales y Pymes y es el representante del centenario partido en la Comisión de Economía.

Horaldo Senn

Hombre del "riñón" de Juan Schiaretti, a quien sigue desde cuando el actual gobernador comandó la intervención federal a Santiago del Estero, Senn está bajo la lupa de la Justicia Federal de Santa Fe. En los primeros días de diciembre del año pasado, en el marco de un juicio por delitos de lesa humanidad, uno de los testigos, Carlos Chiarulli, aseguró que el legislador había presenciado, en 1977, la sesión de torturas a la que fue sometido.

De ahí en más, los relatos que vinculan a Senn con la dictadura militar se multiplicaron. "No se explica cómo él (por Senn) pudo sobrevivir (a la dictadura) mientras toda la columna (de Montoneros) a la que pertenecía terminó muerta, desaparecida o exiliada", dijo Realdo Gastaldi, ex compañero de estudios del legislador.

Entretanto, la Justicia busca las pruebas que permitan sostener una imputación contra Senn. Hasta ahora, sólo se sabe que hay una investigación judicial preliminar, aunque no está imputado.

Senn negó categóricamente su vinculación con los represores. Además, se puso a disposición de los Tribunales de aquella provincia.

Aunque recibió "indirectas" de altos funcionarios del Gobierno, quienes le expresaron la "conveniencia" de tomarse una licencia, el legislador aseguró que seguirá en la banca hasta que lo citen a declarar. Sabe que si lo llaman será en calidad de "imputado", por lo que el "descanso" se extendería por varios meses.

Miguel Ortiz Pellegrini

El 14 de octubre del año pasado renunció a su banca. La dimisión se produjo horas antes de que la Comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura emitiera una sanción contra él. Se lo iba a amonestar por violentar el artículo 88 de la Constitución Provincial, el que prohíbe a los legisladores litigar contra el Estado. La principal prueba en su contra era la participación que como letrado tenía en un juicio que 500 choferes de la Tamse mantienen con la Municipalidad.

Domingo Carbonetti

El Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados analiza su actuación profesional en 12 causas. El eje es determinar si violó la ley 5805, la que establece que los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (Jury), cargo que él ostenta en representación de la mayoría legislativa, no pueden ejercer la abogacía. La acusación corrió por cuenta de los legisladores juecistas. Se espera que la resolución del cuerpo disciplinario se conozca en los próximos días. En caso de que haya una sanción, ésta no tendrá alcance a sus funciones legislativas.