Comercialización de niños fue el tema que ayer desató en esta capital una catarata de denuncias cruzadas que terminó con el pedido público (no formal) de juicio político a una magistrada correntina. Se trata de la jueza de Menores Nº 2, Irma Domínguez, a quien dos legisladoras nacionales cuestionaron por supuestos errores en la tramitación de adopciones. Pero ésta desestimó la acusación y denunció a sus propios denunciantes: “Quisieron torcer el brazo de la Justicia para privilegiar a ciertos personajes, pero no lo consiguieron porque todo mi trabajo se ajusta a ley y normativa”, dijo.

También aseguró que el abogado que está detrás de esta cuestión “por un lado habla de derechos humanos y por el otro defiende casos de corrupción infantil y tráfico de drogas”.

Una audiencia pública realizada ayer en la Legislatura provincial puso sobre el tapete un tema grave, delicado y al mismo tiempo repetido en esta parte del país: la comercialización de niños.

El asunto fue planteado por las diputadas nacionales Victoria Donda y Fernanda Gil Lozano, quienes junto al abogado Hermindo Gonzáles, la psicóloga Gra-ciela Bernardes, el concejal Gabriel Romero y el “Foro por tus Derechos” cuestionaron las actuaciones de la jueza de Menores Nº 2, Irma Domínguez, en una treintena de adopciones.

“Hace mucho tiempo que me están llegando denuncias de familias vulneradas que de repente están perdiendo sus hijos por el simple hecho de que son pobres”, dijo Gil Lozano frente a un auditorio conformado por periodistas, algunos políticos y personas que habrían sido víctimas.

La diputada aseguró que tiene 30 denuncias similares de correntinos que nada tienen que ver entre sí, “en casi todos los casos los chicos son arrebatados porque siempre aparece alguna denuncia anónima sobre sus padres”, detalló, en tanto agregó que “siempre es la misma jueza la que está a cargo de los operativos”, y aseguró además que hay brigadas policiales vinculadas al asunto.

Por su parte, el abogado organizador de la audiencia, Hermindo Gonzáles (que lleva adelante uno de los casos expuestos ayer) dijo: “Yo requerí al Juzgado de Menores Nº 2 una serie de informes del caso pero los pedidos nunca fueron respondidos”, y contó entonces que su cliente había dado al hijo en adopción pero se arrepintió de hacerlo y ahora quiere recuperarlo.

Reforzó su denuncia al asegurar que los adoptantes del pequeño hicieron un reclamo porque se develó la identidad, “dicen que yo develé la identidad y por eso la jueza presentó una denuncia contra mí ante el Tribunal de Etica del Colegio de Abogados”.

Los dichos del abogado fueron respaldados por Graciela Bernardes, una psicóloga que trabaja para el Consejo de la Magistratura y que en los últimos meses intentó adoptar, pero según dijo, fue “borrada de la lista de adopción”.

“La jueza tuvo también el tupé de pedir que le suspendan la matrícula a mi abogado Mario Espín-dola”, y agregó que ella junto a su marido ac-tualmente están conteniendo a las víctimas.

Contradenuncias

Tras la audiencia pública (que se prolongó por más de dos horas) la jueza de Menores Nº 2, Irma Domínguez, salió a despegarse de las acusaciones asegurando que los procesos de adopción son totalmente legales y que los denunciantes tienen intereses ocultos: “Esto es un circo romano, estas personas quieren obviar la vía legal, ¿por qué no hicieron las presentaciones formales del caso?”, dijo y se refirió así al hecho de que las denuncias realizadas ayer sólo fueron mediáticas.

Habló también de Graciela Bernardes y dijo: “Esa persona estuvo en mi juzgado co-mo 15 días con su marido para que le entregue un chico e hizo bajar a todas las persona-lidades de Corrientes para obviar la lista de adoptantes, además en el Hogar Tía Amanda le llegaba a las personas, a los progenitores, para torcer su voluntad de entregar al Juzgado y que se le entreguen a ella las criaturas, con el mismo argumento de que yo ven-día a los niños”.

Agregó entonces, “acá lo que quisieron hacer es torcer mi brazo para que firme y privilegie a estos personajes, pero yo voy a cumplir la ley”.

Domínguez aseguró que los denunciantes están involucrados en cuestiones muy delicadas que hacen a la violación de los derechos de los niños y a la trata de personas.

“Si se dicen defensores de los derechos de los niños y que están en contra de la trata, ¿por qué el abogado Hermindo González está defendiendo una causa de corrupción infantil, de facilitación a la prostitución y tráfico de droga?”.

Con respecto a las diputadas nacionales resaltó: “Ellas se amparan en sus fueros para decir cualquier cosa”, y agregó que en lugar de hacer las denuncias mediáticas tendrían que usar los canales normales para investigar, “sólo quieren escándalo”, apuntó.

Vale resaltar que Donda y Gil Lozano hablaron ayer con el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Rubín y con el vicegobernador Pedro Braillard Poccard.

Luego, durante la audiencia pública, Victoria Donda manifestó: “Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, pido juicio político para esta magistrada” y convocó a conformar una comisión para que trabaje en eso.