El esfuerzo que durante los últimos meses desplegó el Gobierno para controlar más de cerca posibles operaciones de lavado de dinero, y así evitar la sanción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en los próximas días, finalmente incluyó también a la AFIP. Por orden de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo recaudador deberá crear un registro que contenga todas las operaciones denominadas “sospechosas”, aun sin un pedido directo por parte de la cartera encargada de seguir el rastro del dinero.

La orden quedó plasmada a través de la resolución 38 de la UIF, publicada ayer en el Boletín Oficial. El organismo distinguió más de 20 operaciones a las que les cabe el rótulo de “sospechosas” de lavado de dinero. Entre las importantes se encuentran cualquier operación de compra o venta de un bien sobrevaluado; préstamos de entidades con domicilio en paraísos fiscales (por caso, Barbados, Aruba o las Islas Caimán); incrementos patrimoniales con aportes provenientes del exterior que no puedan ser probados; sobre o subfacturación en operaciones de comercio exterior; movimiento de cuentas bancarias que no guarden relación con la actividad de las empresas; transferencias a través de cuentas bursátiles y la creación simultánea de empresas con domicilios iguales.

De acuerdo con el pedido de la UIF, la AFIP no sólo deberá designar un oficial de cumplimiento, como establecieron resoluciones similares que emitió la UIF, sino también un asesor específico por cada dirección de que la integra (DGI, Aduana y la Dirección de la Seguridad Social).

El titular de la UIF, José Sbatella –quien antes de su paso por la UIF estuvo al frente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, encargada de aprobar o rechazar la fusión entre grandes empresas– es el hombre designado por el Gobierno para responder a los reclamos del GAFI, que está integrado por algunas de las principales naciones del mundo, como Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón e Italia.

En su encuentro del 22 de octubre último, el GAFI, del cual la Argentina también forma parte, fustigó la política antilavado del país y puntualizó que incumple 47 de sus 49 recomendaciones. Y amenazó con colocarlo en la lista gris (sólo un escalón por encima de la lista negra) si no mostraba avances antes del 23 de abril.

Sbatella aspira a llegar a la reunión del GAFI –que se realizará en París entre el 23 y el 25 de este mes– con más de 20 resoluciones antilavado en marcha. Sucede que el gobierno de Cristina Fernández está especialmente interesado en obtener un guiño positivo por parte del GAFI. Es por eso que Sbatella estará acompañado por varios funcionarios. Estarán presentes el titular de la CNV, Alejandro Vanoli; y Miguel Ángel Pesce, vicepresidente del Banco Central. También podrían sumarse miembros del equipo económico, como el titular de esa cartera, Amado Boudou.

Después de la resolución 38, llegarán esta semana dos nuevas normas. Una apuntará a agentes afectados en operaciones de comercio exterior. Obligará a despachantes de Aduana, por ejemplo, a “conocer a sus clientes y denunciar operaciones que se realicen en paraísos fiscales”, explicaron fuentes oficiales.

La otra estará orientada a una mejor y más rápida transferencia de información relacionada con la compra y venta de inmuebles.

El cúmulo de resoluciones que la UIF comenzó a publicar desde el año pasado intenta generar herramientas para seguir el rastro del lavado de dinero a través de bancos, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Superintendencia de Seguros y las empresas de caudales y juegos de azar, entre otros.