La decisión de aplicar la multa contra el segundo banco privado importante de la Argentina se concretó dos semanas después de que La Nacion revelara el trato privilegiado que recibían el Macro y algunos de sus directivos dentro de la UIF, lo que pasó a investigar el fiscal federal Carlos Stornelli.

En un comunicado dirigido a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, uno de los directores del Macro, Luis Cerolini, confirmó la aplicación de una multa global por $ 1.435.422 contra el banco y sus oficiales de cumplimiento, aunque anticipó que recurrirán la sanción.

Cerolini destacó, además, que el Macro sí aplicó "los procedimientos de debida diligencia" antilavado y que las compras de divisas "que la UIF considera que se debería haber informado" fueron múltiples operaciones que llevó a cabo una mujer entre 2006 y 2007, tal como reveló La Nacion; la mayor de dichas compras ascendió a 6089 dólares.

Quinta sanción

Según la UIF, en tanto, la sanción contra el banco que preside Jorge Brito en el expediente 62/2009 se debió a que incumplió con "su deber de reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero de procedencia ilícita", como sí lo hicieron otras entidades sobre la misma mujer.

La Unidad también consignó que la multa contra el Macro es la quinta que aplicó en los últimos años, tras las recibidas por los bancos Galicia, BBVA Francés y Masventas, también por montos multimillonarios, y que se encuentran recurridas.

En el caso del Macro, reportó el organismo que preside el economista José Sbattella, "el monto global de la multa equivale a las sumas involucradas en las transacciones que el banco omitió informar a la UIF, pese a su condición de sujeto obligado a reportar toda operación susceptible de canalizar fondos de origen ilegal".

El fiscal Stornelli, en tanto, investiga la presunta utilización de la UIF para fines políticos mediante la persecución de empresarios y políticos enfrentados con el Gobierno y la protección de compañías y personas aliadas. Entre estos últimos figurarían el líder de la CGT, Hugo Moyano, el dirigente de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, y el Macro. En el caso de los dos últimos, sin embargo, la UIF revirtió su posición ante la exposición pública de esa protección.

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