El fiscal porteño Maximiliano Vence planteó formalmente este viernes el pedido de apartamiento de la jueza penal nacional Paula González, quien investigaba originalmente la causa por la compra de barbijos con sobreprecios por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Si prospera su pedido de “inhibitoria”, será desplazada la magistrada y la fiscal Mónica Cuñarro que apuntan hacia un entramado de estafa, fraude y posible asociación ilícita en donde no se descarta la connivencia de funcionarios públicos.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, apenas estalló el escándalo, ordenó una denuncia en el fuero local, pero que resultó posterior al comienzo de la pesquisa en la justicia nacional. Ahora, es la justicia porteña la que clama por quedarse con todo el expediente que amenaza con escalar, y quitarle la investigación a González, quien ayer ordenó la detención de un farmacéutico acusado de no haber entregado el material. La sorpresa fue el hallazgo durante el allanamiento en la casa de Damián Nevi de $800 mil con un papel que tenía la anotación: “Este es el pago tuyo”. El único detenido hasta ahora, al que se le negó la excarcelación por peligros procesales, podría ser solo el primer eslabón de la cadena que podría vincular funcionarios, directivos y agentes de gobierno.

La serie de delitos que se investigan son de competencia de la justicia nacional en lo criminal y correccional, pero de todas maneras ahora se trabó un conflicto entre la denominada justicia penal “ordinaria” y la de la Capital Federal, con la intervención de Vence, que depende de la fiscalía general que comanda Juan Bautista Mahiques. En la órbita porteña se organizó una suerte de fiscalía “especial” para atender cuestiones relacionadas con el Covid-19 y se argumentó que la autodenuncia del gobierno porteño estaba en directa relación por la provisión de material sanitario para enfrentar la pandemia. Sin embargo, el sorteo de la causa original quedó radicado en el juzgado a cargo de González.

De hecho, el juez federal Néstor Barral que -por la Acordada de la Corte Suprema- pertenece al fuero que debe tener intervención en los delitos federales que se investiguen en el marco de la emergencia sanitaria declinó su competencia para investigar a Nevi, en favor de la jueza González que tenía el expediente original. El tironeo entre jueces recalentó el trasfondo de una investigación que recién comienza: el tándem de González y Cuñarro lograron el congelamiento de cuenta bancaria con $60 millones.

Mientras tanto, se debate si la fiscalía Penal Contravencional y de Faltas puede intervenir sin considerarse “forum shopping”, si es competente para investigar este tipo de delitos dentro de sus facultades, y por qué atraería para sí la causa, si había otra iniciada con anterioridad. A Nevi se le negó la excarcelación basado en peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación y a raíz de habérsele hallado en su poder los $810 mil en su domicilio y se lo señala por haber “lucrado indebidamente” en un contexto de pandemia. Ese dinero estaba en una valija gris Nevi. En la cartera de su pareja se halló un sello como socia gerente de la empresa Medinsumo SRL y un contrato de cesión de cuotas entre José Luis Callejas Chávez y el propio Damián Nevi con un acta de certificación de firmas que no tiene correlato con los registros de la IGJ. Nevi tiene causas por hechos contra la propiedad, la seguridad y la fe pública, aunque todavía no condenas, pero sí una suspensión de juicio a prueba que data de 2019. Ahora se formó un incidente aparte donde se analizará la prisión domiciliaria.

En el allanamiento, llamativamente, no se encontraron documentos de la empresa E-Zay, proveedora del gobierno porteño y denunciada por este último en el fuero local por estafa. Nevi iba a ser el proveedor de alrededor de 5 millones de barbijos al que le giraron $60.500.000 que ahora están congelados en una cuenta del Credicoop. La de E-Zay fue una contratación directa por el estado de emergencia. Esa compra motivó un giro de más de $162 millones de pesos de las arcas públicas.