Hoy se conocerá si la Justicia entrega el contrato completo firmado entre la estatal YPF y la estadounidense Chevron hace casi tres años para la explotación conjunta en Loma Campana, un área del yacimiento neuquino Vaca Muerta. En noviembre último un fallo de la Corte Suprema dio lugar a la acción iniciada por el diputado socialista Rubén Giustiniani, que exigía una copia del documento basándose en la Ley de Acceso a la Información. Desde ese entonces se desataron idas y venidas. YPF entregó a tiempo un duplicado del documento al Juzgado Contencioso Administrativo Federal Número 7 pero con algunas de sus cláusulas tachadas y adjuntando un pedido adicional de conservar bajo confidencialidad esos puntos considerados como "información estratégica" para la empresa; solicitud que fue rechazada por la demanda.

Ahora, la jueza a cargo de la causa, Cristina Carrión de Lorenzo (quien el mes pasado presentó su renuncia y dejará su cargo en mayo), tiene hasta las 9:30 de hoy para resolver si revela una copia total o parcial del acuerdo. En diálogo con El Cronista, Giustiniani señaló que "la resolución ya estaba el viernes" pero que "los abogados no pudieron acceder al expediente por lo que mañana –por hoy– a primera hora debería ser publicado". Durante las últimas semanas, el legislador por Santa Fe denunció una intencionalidad de la petrolera y de la Justicia de dilatar la ejecución de un fallo que, a su juicio, es "contundente" y alertó que si no se le entrega todo el contrato "harán lo que corresponda ante un incumplimiento". 

El punto de conflicto revela una cuestión de interpretaciones. En YPF entienden que la ley de acceso a la información pública, en la que se amparó la demanda y que suscribió la Corte, contempla algunas excepciones para cuestiones técnicas, y que incluyen secretos comerciales y financieros. No obstante, información como la ruta del dinero de Chevron (condiciones de desembolso o las cuentas a las que fueron dirigidas los fondos) o como las garantías que le fueron otorgadas al gigante extranjero se prestan a la polémica. Por un lado, la empresa que hasta abril conducirá Miguel Galuccio considera que esos datos deben permanecer en secreto porque su publicación podría perjudicar la competitividad de la firma al negociar futuros contratos. En el otro extremo, son varios los legisladores y políticos que reclaman la divulgación porque sospechan de la legalidad con las que se estructuró la operación. 

Por su parte, la Oficina de Anticorrupción (OA) emitió la semana pasada una nota de carácter administrativo en la que expone que ciertos puntos del contrato deben mantenerse en reserva y asentó así un respaldo del gobierno de Mauricio Macri al argumento de YPF. Hace menos de un mes, la titular del organismo, Laura Alonso, había considerado que el acuerdo debía ser publicado en su totalidad. Alonso justificó a este diario el cambio de su postura argumentando que antes no tenía toda la información. 

Si bien la opinión oficial no es vinculante y la última palabra la tiene Carrión de Lorenzo, del lado de la demanda crecen los resquemores. Un dato no menor es que la magistrada es la jueza de primera instancia, quien falló a favor de YPF en su momento (luego ratificado en segunda instancia por la Cámara).