La Fiscalía federal de Santa Rosa le apunta en la investigación que lleva adelante por "sedición" a determinar quiénes fueron los cabecillas del amotinamiento policial que se produjo la semana pasada en la provincia. El fiscal Juan José Baric indicó a LA ARENA que desde ese organismo se están recolectando las pruebas, pero que por ahora no hay efectivos involucrados.

El funcionario judicial dijo al ser consultado que "la causa recién empieza" pero que "hubo hechos graves que se deben investigar". También precisó que ya hubo personas que se presentaron a dar su testimonio de manera espontánea y que también se pidió a los medios periodísticos imágenes fotográficas y fílmicas sobre las escenas del amotinamiento del miércoles y jueves pasados para identificar a quienes encabezaron el conato. Ese día, aprovechando la ola de levantamientos policiales en distintas provincias, hubo una marcha de efectivos de civil y familiares desde la plaza San Martín hasta Casa de Gobierno para entregar un petitorio con varios puntos entre ellos subas salariales, flexibilización del régimen disciplinario y la separación de la cúpula de la institución. Al no ser recibidos, los ex oficiales en situación de retiro, otros sumariados y separados de la fuerza y suboficiales y agentes en actividad tomaron a la fuerza la Jefatura y la medida se extendió a otras dependencias de Santa Rosa y el interior. Estuvieron amotinados durante 27 horas hasta que el jueves a la medianoche se les concedió un aumento y depusieron el motín.

Fue durante esas horas, antes que desde la Procuración General de la Nación se ordenase iniciar las causas para determinar las responsabilidades en cada levantamiento, que el fiscal Jorge Bonvehi abrió un expediente por "sedición" contra los protagonistas del acuartelamiento.

Ahora se apunta a quienes daban las órdenes y llevaron adelante las exigencias, pero sobre todo a quienes protagonizaron escenas de violencia, como las que sufrió el camarógrafo Oscar "Chango" Gutiérrez. El denunciante explicó que en la noche del miércoles fue agredido por policías que estaban acuartelados en la Seccional Primera de esta capital, quienes, según dijo, lo golpearon y le rompieron el teléfono y la cámara fotográfica con los que estaba filmando la toma de dicha dependencia.

Baric indicó que la figura por la que se investiga a los amotinados en principio es la de sedición, pero que podría cambiar la carátula de la causa con nuevas pruebas. El amotinamiento de suboficiales, agentes y policías retirados está siendo investigado por parte de la fiscalía federal, aunque desde el Ejecutivo provincial se dejó en claro que no habrá un sumario administrativo por haberse pactado esto durante el levantamiento de la medida de fuerza.

Bonvehi ya adelantó que existen indicios de que los policías que tomaron la Jefatura incurrieron en el delito de sedición, que figura en el artículo 229 del Código Penal y tiene una pena prevista con prisión de uno a seis años. Se considera bajo esta figura a la insurrección de una fuerza armada o de un grupo de personas que, atribuyéndose los derechos del pueblo, buscara deponer algún poder público o peticionar en su nombre, violando el principio democrático que consigna que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes y autoridades creadas por la Constitución.

Carolla investiga a policías.

El fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carolla, inició una investigación de oficio contra los efectivos policiales que protagonizaron el acuartelamiento de la semana pasada en la ciudad de Santa Rosa y otros puntos de la provincia. La instrucción intenta determinar si la conducta de los agentes del orden se encuadra en algún delito. En su edición de la víspera, LA ARENA había planteado que el organismo estaba facultado para realizar una pesquisa, aun cuando las autoridades provinciales prefirieron no hacerlo.

Di Nápoli: "Se rozó con cierto límite del delito".

El diputado provincial Luciano Di Nápoli (PJ-La Cámpora) aseguró ayer que los policías que participaron del acuartelamiento, que generó tensión en la provincia durante varias horas de la semana pasada, deben ser investigados por la Justicia y que se tiene que sancionar a los responsables.

"No es la forma adecuada de reclamar, aunque es cierto que no fue toda la policía la que se acuarteló, la metodología no estuvo para nada adecuada con el estado de derecho y rozó con cierto límite del delito, si es que no lo cometieron, y por eso deben ser investigados por la Justicia y los responsables sancionados. Dejaron a la sociedad indefensa", afirmó.

En diálogo con Radio Noticias, el legislador justicialista agregó que actualmente es necesario avanzar en un debate sobre la fuerza de seguridad y explicó los alcances del proyecto de ley que presentó en 2012 para modificar la actual Ley Orgánica de la Policía de La Pampa, que es originaria de la dictadura cívico militar.

"No apuntamos solo a un cambio de la ley de policía, sí modifica una de las leyes orgánicas de la fuerza, pero a su vez tratamos de ser más abarcativos creando un sistema de seguridad pública, cambiando aspectos como el Patronato de Liberados para que pase a manos del Estado y que no sea manejado por una asociación civil", indicó.

Unas de las cuestiones fundamentales que propone la iniciativa del diputado Di Nápoli es poner a un civil al mando de la policía provincial, una persona que "no esté contaminado de la propia fuerza, que debería ser conducida por el poder político, para que cada uno se haga responsable de sus actos".

Sumarios.

Otro punto importante sobre el que trata el proyecto, que "duerme" en la Legislatura, es la forma de sanción a los efectivos, una queja esgrimida por los acuartelados. "Hoy, el sumario lo debería hacer la FIA, pero por falta de recursos se encarga la Jefatura de Policía, o sea a los efectivos los termina juzgando el propio personal policial jerárquico. Eso es inconstitucional e ilegal, es un error del sistema", comentó el diputado.

Puntualmente, la iniciativa del legislador justicialista instala la idea de que exista una auditoría interna en la Policía, para que las investigaciones y sumarios quede en manos de un civil especializado en la materia.

Por otro lado, Di Nápoli dijo que es necesario una policía más democrática que rompa con la lógica del doble escalafón, de la oficialidad y suboficialidad, y que "tiene que haber una fuerza uniforme con la preparación adecuada. No precisamos más policías, sino efectivos más preparados", aunque reconoció que los actuales tienen muchas condiciones buenas.

Además, el diputado provincial destacó otro ítem en el que avanza su proyecto. Manifestó que los policías deben ser considerados trabajadores y que con este cambio de paradigma, deben estar desarmados cuando estén fuera de servicio, porque a veces "esas mismas armas después generan problemas al ser robadas o por alguna cuestión accidental".