En cuanto a los funcionarios, su actuación es objeto de una causa paralela, en la que no hubo llamados a indagatoria ni existen siquiera imputados; o sea, no hay nadie acusado con nombre y apellido.

Ese expediente se abrió por una denuncia contra el ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, y Bonafini, por posibles sobreprecios e irregularidades en el otorgamiento de las obras, sin licitación, a la Fundación. Está a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, un subrogante que lleva años al frente de dos juzgados y que espera que la Presidenta decida si lo nombra juez federal.

En esa causa se pidieron pilas de documentos a todo el país, pero -según un funcionario que trabaja en el caso- la expectativa del juzgado está puesta en el resultado de un estudio integral que está haciendo la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre las obras de la Fundación y la ruta del dinero. Por ahora, ningún funcionario corre peligro: la auditoría va a demorar varios meses más.

La defensa del Gobierno es que fueron funcionarios distritales quienes firmaron los contratos con la Fundación y certificaron las obras. Sin embargo, quedaba en cabeza de las autoridades nacionales el control final y la liberación de los pagos.

"Son las jurisdicciones las encargadas de contratar y de controlar", alegó el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Luis Bontempo, en el Congreso. Fue la tarde del 9 de junio de 2011, cuando él y el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, admitieron que no existieron controles directos de la Nación sobre las construcciones, pese a que podrían haber existido.

"La Subsecretaría realizará las inspecciones técnicas y financieras que considere convenientes para verificar y constatar el adecuado cumplimiento del Plan de Obras y la Curva de Inversión, comprometiéndose la Fundación a facilitar las tareas respectivas", dice uno de los convenios. El argumento de los funcionarios nacionales es que ellos sólo pagaban a medida que los locales iban certificando. Los municipales advirtieron, sin embargo, que su libertad estaba acotada: recibían las partidas con la directiva de contratar a la Fundación.

La presentación de Bontempo y Fatala en el Congreso fue el origen de una serie de enredos discursivos del Gobierno. Ellos dijeron entonces que no tenían trato con las Madres. "No sé de los manejos de Schoklender, ni sabía que tenía chequeras. No trabajamos con él, sino con las jurisdicciones", afirmó Fatala.

Tres meses más tarde, De Vido se defendió con argumentos contrapuestos: dijo que en su ministerio habían descubierto "una defraudación lamentable" de Schoklender a las Madres y que, por eso, el secretario de Obras Públicas, José López, "le cortó el giro" de dinero.

En aquella entrevista, De Vido dijo que si le hubieran seguido dando dinero a Schoklender, él lo iba a usar para "tapar el pozo" dejado de otras obras. Esto se contrapone con lo que el propio De Vido había sostenido antes, cuando alegó que sólo se pagaron los metros cuadrados de las obras certificadas.

Un día después de la entrevista, De Vido dio un giro: dijo que nunca había admitido conocer un "fraude". "Sí veíamos que Schoklender no tenía capacidad para hacer nuevas viviendas y por eso se cortaron los fondos", afirmó. Entre una y otra declaración, lo habían denunciado por encubrimiento: si él, como funcionario, sabía de un fraude, debió haberlo denunciado..