La agrupación Justicia Ya! llevó el caso al tribunal de la OEA por la falta de respuestas del Estado
A siete años y siete meses de la desaparición del albañil, los denunciantes afirman que "el Estado argentino no asegura las condiciones necesarias para avanzar en la obligación de asegurarles a las víctimas una investigación seria y objetiva que les permita conocer la verdad y determinar las responsabilidades vinculadas con el accionar ilegítimo por parte de los distintos funcionarios públicos cuando se produjo la desaparición de Jorge Julio López, y la posterior investigación judicial".
La causa número 16.060, caratulada "López, Jorge Julio s/ Desaparición forzada de personas", tramita ante el Juzgado Federal N° 1 de esta ciudad, a cargo de Manuel Humberto Blanco. Por cuerda separada a esta causa, el año pasado el colectivo Justicia Ya! presentó decenas de hábeas corpus en distintos tribunales del país y del exterior para pedir explicaciones sobre el paradero del albañil, visto con vida por última vez el 18 de septiembre de 2006.
Según la querella, debido a la "ineficiencia y letargo de justicia por parte del Poder Judicial de la República Argentina, se considera que se han agotado los recursos internos".
Ante la falta de respuestas por parte del Estado argentino, desde Justicia Ya! se afirmó: "Creemos imperioso recurrir a esta vía internacional a fin de lograr que insten al cumplimiento a los responsables de llevar a cabo las medidas necesarias conducentes a dar con el paradero de Jorge Julio López, encontrando a los culpables, sean éstos ejecutores directos o intelectuales de su desaparición forzada para que sean llevados a la Justicia".
López desapareció durante el primer juicio oral desarrollado en la República Argentina por crímenes de lesa humanidad con posterioridad a la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final.
La causa judicial -donde resultó condenado el ex director de Investigaciones de la policía Miguel Etchecolatz- sentó precedente debido a que utilizó por primera vez la figura del genocidio, y en consecuencia la primera condena judicial por ese delito en nuestro país. López fue testigo en ese juicio por haber sido desaparecido y torturado durante la última dictadura. Testificó contra varios de los ex policías imputados, pero no llegó a presenciar la audiencia final de los alegatos y la condena contra los acusados.
Los denunciantes afirmaron que "en la Argentina todavía funcionan cadenas de impunidad". Es evidente "que hay algunas instituciones y algunos retirados que protegen o permiten que se hagan este tipo de operaciones en la Argentina".
Los denunciantes dijeron ante la CIDH que en la causa López se registraron "groseras violaciones de los derechos humanos".
Para Justicia Ja!, la desaparición forzada del testigo contra Etchecolatz fue "claramente mafiosa".
"Creemos imposible desvincular la desaparición de López de su rol de testigo y querellante en dicha causa, ya que la desaparición de López se vincula objetivamente con las amenazas recibidas por jueces y fiscales que llevan adelante las causas donde se investigaba la comisión de crímenes de lesa humanidad, las amenazas recibidas por Nilda Eloy, Eduardo Castellanos, Emilse Moler (testigos de la causa) y el mismo tribunal que dictó la sentencia contra Miguel Osvaldo Etchecolatz".
La presentación ante la CIDH elevada por Justicia Ya! contó con el respaldo de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada ; Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh); HIJOS La Plata; Federación Universitaria de La Plata (FULP); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Asociación Anahí, y Liberpueblo. En cambio, la familia del albañil desaparecido no se presentó como litigante.
MADRES: OTRA VEZ SIN DICTAMEN
Por segunda semana consecutiva el kirchnerismo fracasó en su intento de firmar dictamen al proyecto del Ejecutivo que estatiza la Universidad de las Madres. En esta oportunidad faltaron varios senadores para alcanzar el quórum en dos (Derechos y Garantías y Educación) de las tres comisiones que deben analizar el proyecto.
La iniciativa es criticada por la oposición, que considera la estatización un salvavidas a las irregularidades de la Fundación Sueños Compartidos. La ausencia de legisladores propios también es señal de que el rescate a la asociación que preside Hebe de Bonafini no es bien visto por muchos oficialistas..
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