La estadística corresponde a la Cámara Nacional del Trabajo y abarca al empleo formal e informal. El récord de demandas se dio en 1990 y 1991 con el proceso privatizador.
Se trata del director nacional de Publicidad Oficial, cargo que también ocupó en el gobierno macrista. Está señalado por echar a trabajadores de la Secretaría de Comunicación, algunos incluso con más de 20 años de antigüedad en planta. Pero también lo involucran en los despidos de los medios públicos.
El 29 de febrero la Corte Suprema revocó un fallo que provocó un incremento de la indemnización en más de un 7.700 por ciento por considerarlo desproporcionado. Ahora, otra sala dispuso calcular esos montos por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y evitar que el empleador acreedor logre licuar su deuda con la mora.
La nueva disposición busca armonizar las políticas de indemnización a nivel nacional, aplicando el IPC y un interés anual del 3%, eliminando la capitalización compuesta.
La Argentina no deja de asombrarnos por las variadas y constantes maniobras de la clase dominante, que no ceja en su afán de obtener prebendas disfrazándolas de republicanas e invocando derechos constitucionales que viola sin miramientos.
Pese a las constantes luchas sociales y los años de derechos conseguidos, los reclamos de reformas laborales con eje en una flexibilización vuelven a aparecer una y otra vez.
El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, habló en el Foro Llao Llao con empresarios y se refirió a la necesidad de reformar la legislación laboral para acabar con la “industria del juicio”.
La derecha y los ortodoxos insisten en la idea de que las leyes laborales, protectoras de los trabajadores y las trabajadoras, son la causa del estancamiento económico y, sobre todo, de la desocupación.