Pero no será la primera causa que roce al poder: investiga en otras dos a Néstor Kirchner por la compra y venta de terrenos de El Calafate; a la empresa Palma SA vinculada con el empresario Lázaro Báez; hace un año cerró 29 prostíbulos en Río Gallegos y hace un mes enfrentó una auditoría interna.

Ayer, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia envió la denuncia que formuló la Corte al juzgado federal de esta ciudad y según información judicial la Cámara Federal dispuso enviar la causa al lugar en el que tiene que cumplirse la reposición del doctor Eduardo Sosa.

Por su parte, Sosa aún preserva su paciencia oriental, responde llamadas todo el día desde las radios más recónditas del país. Respecto de esta nueva decisión, aseguró: "La Corte está preservando su autoridad, por lo cual tengo la esperanza de que se cumpla su decisión de reponerme en el cargo". Nunca imaginó que la causa que había iniciado en solitario se convertiría en causa nacional. "Se llega a este estado por un capricho que dura ya varios años", afirmó ayer a La Nacion.

Sin embargo, para el vicegobernador Luis Martínez Crespo, el doctor Sosa "pretende que se le conserve un cargo que no existe más en la provincia de Santa Cruz desde la reforma constitucional y la sanción de la ley 2404". Desde diciembre, la Legislatura que preside tiene demorado el tratamiento de un decreto firmado por Peralta que desdobla la actual fiscalía para nombrar a Sosa en uno de los cargos, solución que la Corte descartó en el fallo.

El incumplimiento de la medida puso ahora a Peralta a las puertas de una investigación que llevará adelante la jueza Alvarez, quien subroga desde hace más de dos años un juzgado sensible para el kirchnerismo. Su titular, Gerardo Caamaño está con carpeta médica. Sufrió en su contra una denuncia del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, iniciada cuando éste ocupaba la cartera de Interior, y lo acusaba de no haber intervenido en una manifestación de docentes frente a la casa de Kirchner durante los agitados días de 2007, por encontrarse en el Club Británico de Río Gallegos. En mayo último, el Consejo de la Magistratura desestimó esa causa y archivó cualquier posibilidad de iniciar juicio político al juez federal.

Causas en el juzgado

Desde entonces, se sucedieron varias causas complicadas en el juzgado, ubicado a sólo tres cuadras de la gobernación. Entre ellas, una investigación para determinar la forma del traspaso de las tierras del viejo aeropuerto de El Calafate al Estado nacional, al provincial y al municipal para luego ser vendidas a Kirchner por $ 7,50 el metro cuadrado y su posterior venta al grupo chileno Cencosud. Según confirmó La Nacion, Alvarez tiene dispuestas medidas para avanzar en la investigación.

Un poco más lentamente avanza la causa en la que se investiga a Fernando Butti, mano derecha del empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez por presunta evasión tributaria. Se trata de un desprendimiento del caso Viazzo y se investigan irregularidades por $ 6 millones en Palma SA, una de las firmas vinculadas con Báez.

El año pasado, Alvarez arrasó con la zona roja de la ciudad, conocida como Las Casitas: clausuró unos 30 prostíbulos e inició una investigación para determinar si hubo delitos de explotación sexual con reducción a la servidumbre, venta y tráfico de drogas. También declaró la inconstitucionalidad del adicional fijo aplicado a los usuarios de servicio de gas que había dispuesto el gobierno nacional, a partir de un amparo presentado por el radicalismo provincial.

Este año, la jueza ordenó al Ejército actualizar los haberes mensuales de quienes reclamaban la incorporación al rubro sueldo adicionales no remunerativos y no bonificables, creados por decreto. Alguna de las causas ventiladas en su despacho le mereció una auditoría el mes pasado.

Fuentes judiciales explicaron que la investigación que debería llevar adelante Alvarez, si no se excusara, es breve y es posible que incluya un pedido de indagatoria al gobernador Peralta. Mientras tanto, el bloque del PJ de la Legislatura apura la aprobación del decreto para nombrar a Sosa en un rango bastante inferior, del cual fue apartado hace 15 años.

"DESPRECIO POR LA REPUBLICA"

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó su repudio al desafío a la Corte del gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta. Denunció "un absoluto desprecio por la forma republicana de gobierno" y la "falta de independencia" de Peralta respecto de la Casa Rosada.