El juez federal Ariel Lijo consideró ayer que no existen argumentos jurídicos sólidos para sostener la acción penal iniciada por un periodista contra la presidenta Cristina Fernández, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó; el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, por presuntamente haber entorpecido la investigación judicial sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman . El denunciante, Christian Eduardo Sanz, había planteado que los funcionarios incurrieron en el delito de incumplimiento delos deberes de funcionario público.

Diego Iglesias, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, había solicitado al juez Lijo que desestime el planteo de Sanz por inexistencia de delito. El denunciante había manifestado que los funcionarios nacionales incurrieron en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber entorpecido la investigación judicial que se lleva adelante para determinar las circunstancias en torno a la muerte de Alberto Nisman. En su resolución, Lijo refirió no encontrar argumentos jurídicos sólidos "que permitan sostener que, en un caso concreto por parte del fiscal, deba ponerse en funcionamiento un control por parte del órgano jurisdiccional, que resuelva acerca del fondo de la cuestión planteada".

Iglesias había advertido que los sucesos que Sanz describió "se evidencian como conjeturas de un particular que ha tomado conocimiento a través de diversos medios de comunicación de datos relacionados con la investigación que se lleva adelante para determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte del entonces fiscal Nisman, sin que de allí se desprenda elemento concreto alguno que permita inferir la comisión de un delito de acción pública". Asimismo, concluyó que no es posible dar impulso a una investigación penal, cuando no hay una base fáctica real que permita el encuadre de los hechos denunciados en una figura típica.

El denunciante había manifestado en su presentación que la presidenta de la Nación habría "ensuciado" la investigación por las manifestaciones realizadas en torno a la hipótesis del suicidio y luego del homicidio. Al secretario de seguridad, lo acusó por "la actitud asumida y su presentación en la escena del hecho" y al jefe de gabinete por "entorpecer", ya que desde su punto de vista estaría preparando una presentación para "que se cite a declarar como imputados a (Diego) Lagomarsino y (Antonio) Stiuso". Finalmente, denunció que la procuradora general habría ejercido presión sobre la fiscal de instrucción Viviana Fein quien lleva adelante la investigación por las causas del fallecimiento de Nisman.

Sobre esta última acusación, Diego Iglesias tuvo en cuenta que si la fiscal Fein "niega que se esté ejerciendo presión alguna sobre su persona, y no existe elemento serio que se contradiga", es posible "colegir que la sospecha del denunciante carece de asidero alguno".  «