Se trata de la presentación realizada por el fiscal de Cámara Germán Moldes contra la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, a quien acusó de malversar caudales públicos por presentar un escrito, dijo, en defensa de la Presidenta en el caso de la denuncia de Nisman, cuando su deber es defender los intereses del Estado nacional.

Pero el juez federal Sebastián Casanello, tras analizar el origen del delito de peculado y su vinculación con los actos de corrupción, concluyó que no existió delito en la conducta de Abbona y desestimó la denuncia. El fiscal Ramiro González analiza si apelará la decisión que desestimó la denuncia de Moldes, que es su jefe.

Esta causa es un desprendimiento de la denuncia que Nisman presentó contra la Presidenta, a la que acusó de encubrir a Irán en la causa AMIA. Y es parte de las imputaciones con que un sector del Poder Judicial viene jaqueando al Gobierno.

Casanello, sin mencionar a nadie en particular, al desestimar la denuncia al comienzo del caso y por cuestiones de puro derecho, dijo que si no hiciera este examen legal previo "banalizaría" su labor como juez. "La frivolización de los expedientes penales tiene un efecto paradojal: decir que todo es delito es el equivalente lógico -socialmente muy disvalioso, por cierto- a decir que nada lo es."

Casanello analizó que el delito de peculado, que cometen los funcionarios cuando utilizan bienes o servicios que presta el Estado en beneficio particular, fue introducido en el Código en 1964, con la intención de evitar, por ejemplo, el uso de trabajadores estatales para construir casas o caminos para funcionarios. "Hay corrupción cuando un funcionario, en lugar de actuar inspirado por los intereses generales de la sociedad, obra motivado por intereses particulares", escribió el juez.

En el caso de Abbona, como procuradora del Tesoro, es decir, abogada en defensa de los intereses del Estado, Casanello indicó que cometería un delito si por ejemplo asesorara a una empresa privada, redactara la demanda de divorcio de un ministro o del presidente, pero el juez entendió que en este caso, cuando presentó un escrito en la causa por la denuncia de Nisman, lo hizo para defender la actuación del Estado en cuanto firmó el memorándum con Irán. Casanello señaló no sólo que Abbona indicó "de modo transparente y frontal" que se presentaba en nombre del Estado, sino que argumentó que era parte de su tarea defender la "legitimidad" del pacto con Irán. Nisman, en cambio, entendió que el acuerdo era el instrumento que garantizaba la impunidad a los iraníes prófugos por el ataque a la AMIA, pues podría derivar en que se levantaran sus pedidos de captura.

"Puede gustar o no la presentación, puede ser considerada inoportuna, sin mérito o inconveniente", pero "no puede afirmarse que refleja un interés particular de los trabajos y servicios del Estado", dijo el juez. Recordó que por conductas de funcionarios particulares en la causa AMIA que "privaron de justicia a las víctimas" el Estado argentino ya debió asumir su responsabilidad..