Junto a altas autoridades nacionales como la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez; el juez de casación Alejandro Slokar; el presidente de la Cámara del Crimen, Gustavo Bruzzone; el fiscal de Cámara Jorge Auat, entre otros, aparecen las firmas de los correntinos Selva Angélica Spessot (presidente de la Cámara Federal Corrientes), Ramón Luis González (juez de Cámara Federal), Diego Jesús Vigay (fiscal federal en Resistencia).

También suscriben Benito Pont (fiscal federal de Paso de los Libres), Juan Carlos Vallejos (juez federal Nº 2 de Corrientes), Diego Núñez Hüel (juez de Cámara provincial) y Enzo Mario Di Tella (defensor federal de Cámara).

INDEPENDENCIA

"Sostenemos que la independencia del Poder Judicial es un principio cardinal del sistema republicano, que no debe entenderse limitado a la relación que debe existir entre los poderes del Estado", afirman, y señalan que "los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e -incluso- deben ser independientes de las organizaciones que los representan".

Señalan que "los jueces cumplen una función esencial en el sistema democrático y, por tanto, su conducta pública -como la del resto de los funcionarios públicos- debe estar sujeta al escrutinio estricto de la ciudadanía. El debate democrático sobre las decisiones judiciales acerca el sistema de justicia a la sociedad, y enriquece la calidad de las respuestas jurisdiccionales".

Por otra parte, dice la solicitada que "la recusación de magistrados es el mecanismo procesal establecido en la legislación vigente para asegurar un eficaz servicio de justicia y garantizar la imparcialidad de las decisiones judiciales. Es una herramienta que, además de constituir un derecho de los justiciables, contribuye al fortalecimiento de la transparencia del desempeño profesional de la magistratura".

Indica que "el Poder Judicial debe velar por el irrestricto respeto a la facultad de cada provincia de darse sus instituciones y regirse por ellas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Nacional. Lo contrario importa una vulneración al principio republicano de la división de poderes".

Además de los magistrados, la solicitada lleva la firma de rectores de unas veinte universidades nacionales y decanos de varias facultades. Arturo Somoza (Cuyo), Fernando Tauber (La Plata), Carolina Scotto (Córdoba), Ernesto F. Villanueva (Jauretche) y Gustavo Lugones (Quilmes) son algunos de los titulares de las casas de altos estudios que acompañaron.

Asimismo, el documento continúa aclarando que "la falta de cobertura de cargos vacantes en el Poder Judicial es un problema estructural del servicio de justicia, que afecta en definitiva a toda la comunidad. La responsabilidad por este déficit es compartida por todas las instituciones que se encuentran representadas ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, y no de una en particular".