La reforma del sistema previsional cordobés llevada a cabo el año pasado, la tercera de fondo que el peronismo aplicó en dos décadas, le permitió al Gobierno de Juan Schiaretti acotar sustancialmente el déficit de la Caja de Jubilaciones y reducir en términos reales 10% el gasto previsional, aun cuando tuvo impacto en el segundo semestre del año.

Dada la magnitud de ese gasto, el ahorro fue clave para que el fisco, afectado por la crisis del Covid, pudiera sortear el año de pandemia sin sobresaltos graves.

En términos globales, esta reforma, más el arreglo con los bonistas por la deuda, le dieron aire a Schiaretti para marcar cierta autonomía -a veces más robusta, otras menos- frente a las decisiones de la dupla Alberto Fernández -Cristina Kirchner.

La ley 10.694, bautizada como Fortalecimiento de la Solidaridad y Sostenibilidad del Sistema Previsional, fue aprobada en un polémico trámite exprés el 20 de mayo de 2020 y reglamentada el 19 de junio de ese año. Los cambios se aplicaron en los haberes de junio e implicaron diferir la movilidad dos meses, un aporte obligatorio de quienes cobran dos beneficios, y los cambios en el cálculo del haber inicial y en las pensiones, entre otros.

A más de un año de vigencia, llama la atención que no exista aún un análisis oficial de los resultados de esa reforma, presentada en ese entonces como la única herramienta para poder seguir pagando en tiempo y forma los haberes a más de 100 mil cordobeses. El Informe Anual de la Caja todavía no se publicó.

¿Fue tan así? Es difícil hacer un ejercicio contrafáctico porque además se agregó una pandemia (con restricciones a la movilidad muy severas y extensas) que nadie proyectaba en mayo. Y porque además, la inflación promedio fue del 39% y los salarios del sector público, inusualmente, quedaron atrasados respecto de la suba de precios.

Diferir la movilidad es una herramienta efectiva en términos fiscales si hay alta inflación, porque al demorar el aumento a los pasivos, se licúa el gasto. Lo que se terminó haciendo es licuar ambas cosas: gasto previsional y salarial.

No hay que perder de vista el contexto en el que pasó: 3,5 millones de informales perdieron sus trabajos y a buena parte del sector privado se le aplicó recortes del 25% por las suspensiones. El PIB perdió casi el 10%.

DÉFICIT, SIEMPRE DÉFICIT

Los números indican que en 2020 la Caja pagó haberes por $ 83.019 millones, 27,6% más que los $ 64.891 millones que le demandó el pago en 2019.

Si bien la inflación del año fue del 33,1%, el promedio anualizado arroja el 39,4%, ya que en el primer semestre del año fue mucho más alta. Así, el gasto en jubilaciones cayó casi 12 puntos porcentuales.

Pero si se llevaran ambos gastos (el pago de haberes) a valores constantes, es decir al nivel de precios que tenía la economía en diciembre de 2020, es como si la Caja en 2019 hubiese pagado $ 107.290 millones en haberes frente a los $ 96.746 millones del 2020. Ese es el número expresado en moneda homogénea que figura en el balance anual que publica la Caja en su web.

Mirado así, la baja real del gasto fue del 10% y compensó la pérdida de recaudación dada la caída de la actividad económica.

De todos modos, el sistema previsional cordobés sigue siendo deficitario y sería estrangulante para las arcas públicas si no existiera el financiamiento de Anses, que asume parte del rojo local. Lo paga casi dos años tarde y sin actualizar, pero con una regularidad que hasta asombra en Casa de Gobierno.

En 2020 el rojo previsional fue de $ 19.699 millones, 24% por encima de los $ 15.875 millones de déficit del 2019. De ese rojo, la Nación aportó $ 10.019 millones.

En términos técnicos, ese aporte está calculado sobre el déficit del 2018, pero en términos prácticos significa que absorbió la mitad del rojo previsional local. La Provincia financió con $ 9.680 millones el déficit del año pasado, casi lo mismo que puso en el 2019. Ahí está el alivio.

En el primer cuatrimestre de 2020 la inflación volaba al 54% y las proyecciones de entonces catapultaron el déficit de la Caja de los $ 22 mil millones iniciales a 28 mil millones.

La cuarentena era severa, los recursos fiscales se desplomaban y en la administración de Schiaretti se encendieron las alarmas: estaba en riesgo el pago mismo de sueldos y las jubilaciones.

La Nación había suspendido la fórmula de movilidad de la gestión de Mauricio Macri, que trasladaba en un 70% la suba de precios a los haberes de Anses.

Si bien las jubilaciones en Córdoba están desenganchadas de la inflación, Schiaretti entendió que era necesario asumir también un costo político para reducir el drenaje de recursos al sistema previsional local.

LOS GRANDES NÚMEROS POSREFORMA

El pacto no explícito se terminó de abrochar cuando Córdoba no apoyó a Rodríguez Larreta en su cruzada contra Nación, que le quitó por decreto un punto de coparticipación y se lo derivó a la provincia de Buenos Aires.

Con esos cambios, Córdoba tiene condiciones similares a Nación en materia previsional: edad, años de aportes, cálculo del haber inicial y movilidad.

La fórmula para actualizar haberes no es idéntica a Nación (recoge aumentos de cargos testigo y arroja un índice sectorial) pero no incluye a la inflación, como tiene Anses.

El haber inicial ahora se calcula tomando los últimos 10 años y no los cuatro y el 82% se aplica tomando todos los márgenes jurídicos posibles, ya que el número está estipulado en la Constitución provincial.

EN DETALLE

Ese acuerdo más las cuentas locales ordenadas de la Caja hicieron que Córdoba sea la única provincia en recibir en tiempo y forma el auxilio para financiar el déficit local. De hecho, como el resto no cerró 2019, se complica reclamar la discusión de 2020.

La reforma, con el enorme costo político que le significó a Schiaretti, proyectaba un ahorro de $ 6.500 millones entre mayo y diciembre.

El grueso del ahorro provendría del diferimiento de la movilidad: no los seis meses que en 2015 aplicó José Manuel de la Sota entre el aumento dado al activo y el traslado al jubilado, sino dos. Se calculaban $ 3.700 millones por esta vía.

Aunque el Informe Anual de la Caja aún no fue publicado, el cálculo en base a los informes de movilidad arroja que el ahorro fue de $ 1.900 millones, la mitad de lo esperado. Esto fue así porque los aumentos a los activos fueron menores a la inflación y se aplicaron desde junio y no desde mayo.

Con este cálculo, el recorte promedio aplicado a los 109.414 beneficiarios fue de $ 2.671 al mes.

Otro punto de la reforma fue el aporte solidario, obligatorio y permanente, para los que tengan dos beneficios previsionales, sean de la Caja o de Anses. El aporte va del 5 al 20% según el monto de ingresos.

Hay 9.852 beneficiarios que cobran otro haber (pensión de la Caja o jubilación o pensión de Anses) a quienes, en promedio, se les descuentan hoy $ 14.698 al mes. Por este ítem el ahorro en 2020 fue de $ 680 millones.

En tanto, se dispuso igualar el sistema de pensiones con Nación. La Caja pagaba el 100% del haber el primer año posfallecimiento y el 75% después. Ahora paga como Anses: el 70% desde el mes uno. Por esta medida el ahorro fue de $ 100 millones.

Para los jubilados posley, se dispuso que el cálculo del haber inicial, en vez de tomar los últimos 48 meses, se hará sobre los últimos 120, como hace Nación. No hay datos aún de este impacto, pero es a mediano plazo.

LOS CAMBIOS

Resumen de las principales modificaciones.

Diferimiento. Los aumentos se pagan desde junio dos meses después.

82% móvil. Será el 82% del salario neto. Afectó a los que superan el 11% de aporte (Municipalidad, Banco y Epec desde $68 mil). El recorte fue absorbido por aumentos.

Aporte solidario. Afecta a los que tienen doble beneficio.

Si, sumados, los dos beneficios superan 4 jubilaciones mínimas ($102 mil hoy), se descuenta hasta 20%.

Es permanente el aporte.

Haber inicial. Se calcula sobre los últimos 10 años laborales, no cuatro.

Pensión. Es del 70% del haber, como en Anses. Antes de la ley la Caja pagaba 100% el primer año y 75% después.