La medida de fuerza comenzará a regir a partir de las 10 de la mañana en diversas localidades del interior e incluirá cortes de rutas y de todos los accesos a la Capital Federal, aunque los organizadores no precisaron las arterias a ser intervenidas “por cuestiones de seguridad”.

Entre las numerosas agrupaciones convocantes y las cuales formaran parte de la protesta figuran la Tupac Amaru, la CTA de los Trabajadores, La Campora, ATE-Capital, Quebracho, el Peronismo Militante, Kolina, en tanto que el Partido Humanista, la Corriente Peronista Descamisados y la Tendencia Piquetera Revolucionaria, entre otras organizaciones, anunciaron su participación.

A partir de las 12 y una vez concluida la jornada de lucha, los principales referentes brindarán una conferencia de prensa sobre el Puente Pueyrredón, donde además se celebrará un oficio religioso ecuménico.

“La jornada de protesta que incluirá piquetes, tendrá lugar en todo el país hasta lograr la liberación Milagro Sala, la primera presa política de la era Macri”, dijo al ser consultado por BAE Negocios, Luis D’Elìa, titular del partido Miles, quien sostuvo que la exigencia por la libertad de la líder de la Tupac Amaru “se ha convertido en un reclamo que trascendió las fronteras del país”.

En esa dirección D’Elía subrayó que “el Papa ha dado señales claras al respecto, y creo que el tema se va a colar en la agenda de la reunión que el 27 de febrero mantendrá con el presidente en Roma” y recordó que “uno de los organismos de derechos humanos más importante del mundo como Amnistía Internacional, ha exigido su inmediata liberación.

“La detención de Milagro es un mensaje claro que busca limitar la protesta social, al tiempo que es autoritario, represivo y al que todo el mundo percibe como una muy mala señal”, concluyó.

Por su parte, la dirigente de Quebracho, Florencia Prego, anticipó que se realizaran cerca de 186 cortes de ruta en todo el país en una “jornada de lucha que busca lograr la libertad de Sala y ponerle fin a la criminalización de la protesta social que lleva adelante el gobernador Gerardo Morales en Jujuy de la mano de una justicia adepta y con el aval del gobierno”.

Buscan impugnar que asuma su banca en el Parlasur

La dirigente social Milagro Sala sumó ayer una nueva acción en su contra, esta vez de parte de un diputado del Parlasur quien realizó una presentación ante ese cuerpo para que no pueda asumir su banca.

El parlamentario e integrante del Frente Renovador, Alberto Aseff, pidió impugnar la designación de Sala a los fines de que no pueda sumarse al órgano legislativo del Mercosur, el cual presidido por Jorge Taiana, comenzará a sesionar el próximo 14 de marzo en la ciudad de Montevideo.

El diputado entre otras cosas, fundamentó su pedido en una supuesta “falta de decoro” de Sala, lo que estaría contemplado en los reglamentos de ese cuerpo y en el precepto del articulo 19 de la Constitución Nacional que exige la “idoneidad” para poder asumir cargos públicos.

“Ni la Constitución Nacional ni el Protocolo que crea el Parlasur, de 2005, ni su Reglamento exigen una sentencia judicial condenatoria firme para poder separar -o impedir que se incorpore- a un parlamentario”, subrayó Asseff al fundamentar su pedido elevado mediante una nota dirigida a Taiana, al tiempo que solicitó que “se rechacen los títulos que pudiera haber presentado y no se le tome juramento o compromiso, basándome en los hechos que son de público conocimiento y notorios”.

Sala lleva un mes detenida en la cárcel de mujeres del barrio Alto Comedero de San Salvador imputada en dos causas; en la primera de ellas estuvo 14 días presa por los supuestos delitos de “instigación a cometer ilícitos” y “tumultos” debido a un acampe que la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy y la Tupac Amaru realizaran en la plaza Belgrano de San Salvador.

El 29 de febrero recibió una notificación que daba cuenta de su libertad, pero un rato más tarde, volvió a ser apresada a raíz de otra causa en la que se le imputa la presunta administración irregular “de fondos destiandos a construcción de viviendas”, ambas medidas judiciales fueron impulsadas por el gobierno de Gerardo Morales.