El presidente de la Auditoría General de la Nación, Oscar Lamberto, confirmó hoy a Infobae que el organismo no intervendrá en el conflicto originado por el principio de acuerdo entre el Gobierno y el Correo Central, luego del pedido del jefe de Gabinete, Marcos Peña, para la realización de un veredicto técnico.

Según Lamberto, la AGN no puede intervenir a instancias del Poder Ejecutivo, y recordó que tiene un plan de auditorías para el año 2017 aprobado por el Congreso. "No somos el organismo adecuado, el Gobierno tiene a la Sigen (Sindicatura General de la Nación) para este tipo de cuestiones; suena raro que se acuerden de la Auditoria después de que se armó el escándalo".

En conferencia de prensa, y acompañado por el minsitro de Comunicaciones, Oscar Aguad, Peña solicitó a la AGN "un veredicto técnico antes de suscribir una postura definitiva; esto es otro reaseguro extra, porque estamos absolutamente comprometidos en transparentar todo tipo de acción de Gobierno, sobre todo esto, para despejar dudas".

Consultado por este medio, el titular de la Auditoría indicó que el plan de acción del organismo "no se puede modificar sin acuerdo del Parlamento, pero hubo casos en los cuales a pesar del acuerdo hay dictámenes legales internos que recomiendan la no intervención en estos casos".

El Estado y el Correo Argentino -controlado por Socma Americana SA, de la familia Macri- firmaron el año pasado un acuerdo sobre la deuda por 292 millones de pesos que la empresa tiene con el Estado desde 2001.

La fiscal de Cámara del fuero comercial Gabriela Boquin dictaminó que debía rechazarse la propuesta realizada por el Correo, por entender que era "abusiva" e implicaba un perjuicio al patrimonio estatal, ya que implicaría una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033, de acuerdo a los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación.

El procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, en tanto, ordenó ayer el inicio de una auditoría sobre todos los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo que intervinieron desde 2001 hasta hoy en el juicio entre el Estado Nacional y el Correo Argentino SA.