Sin embargo, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, insistió en que no existió ningún tipo de irregularidad. "Las denuncias carecen de fundamento", afirmó.

El radicalismo anunció la semana pasada su intención de que el parlamento se sume con una comisión investigadora especial a la investigación que hace la Justicia sobre el cobro de comisiones del 15% por parte de intermediarias en operaciones de venta de productos argentinos a Venezuela.

"El Congreso buscará establecer cómo se pudo gestar este sistema al margen de los organismos que tienen a su cargo las relaciones comerciales a través de la Cancillería", aseguró Gil Lavedra.

Sin embargo, la creación de una comisión investigadora no cuenta con el apoyo de las fuerzas de centroizquierda, lo cual podría frustrar su creación.

En una tácita acusación hacia las administraciones kirchneristas, el diputado radical indicó: "Cuando hay una firme voluntad política desde la cúspide del poder de no tolerar episodios de corrupción, [éstos] no suceden".

"Es imposible que no haya hechos de corrupción, pero lo que no es posible es que los haya en esta magnitud, involucrando a funcionarios de tan alta jerarquía y ante la pasividad de las máximas autoridades del Estado", agregó.

En ese sentido, el diputado radical manifestó su convencimiento de que "no cabe ninguna duda de que las relaciones comerciales se desenvolvieron en una forma de absoluta anormalidad". Es más, afirmó que las operaciones bajo sospecha se realizaron "por el costado, de forma paralela a la democracia formal".

Respuesta oficial

Desde el oficialismo, Randazzo aseguró que es "poco serio" que el ex embajador en Venezuela, Alberto Sadous, denunciara "seis años después" de dejar la sede diplomática "que para exportar a Venezuela se cobraba una comisión del 15 por ciento, supuestamente para coimas".

En ese sentido, el ministro del Interior destacó que Sadous mencionó "a varios empresarios" en su denuncia, pero que "todos salen y desmienten la versión de este ex embajador".

Uno de ellos es el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), José María Alustiza, quien rechazó ayer las denuncias.

"Las empresas de maquinaria agrícola no participaron de ninguna coima en sus operaciones hacia Venezuela", aseguró Alustiza, quien la semana pasada declaró en la causa.

Según fuentes judiciales, el empresario dijo que la operatoria se hizo como se había previsto, con lo que reconoció el pago a intermediarios. "Este 15% era una comisión que se pagaba voluntariamente, como parte del costo de la operación", dijo ese día Alustiza.

Por otra parte, el juez Julián Ercolini espera información solicitada a los Estados Unidos, Venezuela y Panamá sobre las empresas que habrían intermediado en eventuales pagos en Caracas. Se trata de las firmas Palmat International, Madero Trading y Palmat Intertrade.