Esta semana el área metropolitana volverá a cerrarse. En los tres gobiernos reconocen que no hay otra alternativa para detener la suba constante de casos de coronavirus detectados y que tampoco tiene sentido seguir demorando la decisión. Están evaluando la mejor manera de implementar la medida para garantizar su cumplimiento. El anuncio estará acompañado por una prórroga del aislamiento social obligatorio hasta mediados del mes que viene y la promesa de que, después de esta etapa de cuarentena estricta, habrá un plan de testeo y rastreo suficientemente robusto como para poder trazar una estrategia realista y segura de salida del encierro. Es hora de actuar con determinación para empezar a dejar atrás la pandemia antes de que se convierta en un problema mucho más grande y con efectos permanentes.

Alberto Fernández, además, necesita dejar atrás el estado de excepción para empezar a impulsar su agenda. La omnipresencia del coronavirus y los obstáculos que pone en la gestión y el trabajo legislativo dejaron rengas sus iniciativas primigenias, con la notable excepción de la intervención de la AFI. Otros proyectos, desde la reforma judicial hasta la legalización del aborto, esperan a que se despeje el horizonte, al igual que propuestas que surgieron en el marco de la pandemia, como el impuesto a las grandes fortunas. La intervención efectiva de Vicentín corre el riesgo de demorarse en el mismo pantano. El caso de la empresa santafesina le sirvió de advertencia de que estaba perdiendo la inercia política que traía desde su elección y que había renovado con los primeros logros en materia sanitaria. El tiempo empezó a pesarle.

Por eso, el Presidente ya piensa en el día después y sabe que tiene que llegar pronto. Esta semana habrá un intento de reactivar la actividad parlamentaria y medir la temperatura antes de mandar algunos proyectos de mayor volúmen político. En simultáneo, los equipos trabajan por estas horas en un programa para recuperar al país después de la crisis económica causada por el macrismo y agravada por el coronavirus, sostenido en un tres patas. Por un lado, la inversión pública volcada a la integración y urbanización de todas las villas del país, que anticipamos hace tres semanas y que implementarán en conjunto los ministerios de Obras, conducido por Gabriel Katopodis, y de Hábitat, con María Eugenia Bielsa, generando trabajo de manera focalizada en los lugares donde más es necesario y contratando a empresas medianas locales para reactivar la economía.

En segundo lugar, el programa Potenciar Trabajo, lanzado esta semana desde el ministerio de Desarrollo Social, de Daniel Arroyo, buscará convertir más de medio millón de planes sociales en empleo formal dentro de cinco sectores estratégicos: construcción, producción de alimentos, textil, cuidado y recolección y reciclado de residuos urbanos. De esta forma, los beneficiarios de lo que hasta ahora funcionaba bajo el paraguas del Salario Social Complementario, que equivale a medio sueldo mínimo, podrían completar la otra mitad a través de convenios del Estado nacional con empresas, provincias y municipios, con la idea de que en el mediano plazo terminen incorporándose de manera definitiva al mercado laboral. El plan estipula una cláusula para que quienes consigan un empleo formal puedan permanecer en el programa durante un año más.

La tercera pata del trípode es la más ambiciosa y la anticipó ayer el Presidente en El Destape Radio, la implementación de un ingreso universal. Se trata de una respuesta a lo que fue, quizás, la revelación más importante que tuvo Fernández desde que comenzó la pandemia: cuando se anunció el Ingreso Federal de Emergencia la cantidad de inscriptos cuadruplicó los cálculos iniciales. “El IFE permitió descubrir que millones de argentinos están fuera del sistema. 9 millones de argentinos están al margen”, aseguró. "Esto está mal, hay que hacer algo. Si yo descubro esto y me hago el estúpido soy un hipócrita y yo no sé vivir con la hipocresía". La iniciativa se encuentra en estudio, con alternativas promovidas por distintos sectores del gobierno. No hay plazos, aunque la realidad apura. La decisión política de avanzar ya está.

“No hay alternativa”, explican. Argentina saldrá de la doble crisis en una situación que pocos creen que pueda ser equiparable al 2001; seguramente sea peor. Según estimaciones del ministerio de Economía, si no se hubiera implementado la IFE, entre 2,7 y 4 millones de personas habrían caído en la pobreza durante los últimos tres meses. En esas condiciones, se trabaja a contrarreloj para resolver el futuro de un ingreso anunciado tres días después del comienzo de la cuarentena, cuando se pensaba que el problema podría estar resuelto en pocas semanas, cuya sostenibilidad financiera en estos términos es cuanto menos delicada pero que a la vez no se puede retirar sin condenar un cuarto de la población a la peor de las intemperies. La tercera etapa de ese ingreso, que se anunciará en pocos días, seguramente contenga alguna novedad que empiece a reperfilarlo hacia una política permanente.

Así como permitió tener una radiografía de las necesidades en Argentina, el IFE también servirá para bancarizar a todo ese sector de la economía informal. A partir de su segunda entrega, todos los beneficiarios recibirán una cuenta con su correspondiente tarjeta para poder disponer del dinero. En los programas de ingreso universal, es importantísimo que la plata se mantenga en la economía en blanco, para estimular vía consumo el crecimiento de la recaudación fiscal que es una parte imprescindible del circuito que permite la existencia de ese tipo de planes. Hay un segundo paso, en el que trabajan en conjunto la cartera que conduce Martín Guzmán, la secretaría de Innovación y la secretaría de Asuntos Estratégicos, que es pasar del blanco al digital, a través de una “billetera virtual”. El viernes se publicó en el BO el desembarco de la compañía Stripe, líder global en ese rubro. Señales

La renta básica (otro nombre para lo mismo) pasó, en el marco de la pandemia, de una idea marginal de sectores de izquierda a uno de los mecanismos más útiles para enfrentar la depresión mundial en países disímiles. En la mayoría de ellos, se implementa por ahora de manera temporal, como el IFE, pero en todos se evalúa la posibilidad de incorporar la herramienta como un instrumento permanente que garantice los medios de vida en un mundo que destruirá este año cientos de millones de puestos de trabajo, algunos de los cuales no van a recuperarse. En España, la iniciativa de un ingreso universal era empujada por Podemos y rechazada por todo resto del arco político, hasta la pandemia. Hace dos semanas fue aprobada con apoyo de los conservadores rancios del Partido Popular y abstención del espacio de ultraderecha Vox. Fernández sigue con atención este caso.

 

Sin embargo, la idea de un ingreso universal no es nueva. Antes de la pandemia, ya se planteaba como una discusión necesaria en un mundo en el que la automatización y la inteligencia artificial volverán obsoletos muchísimos empleos. Y desde hace medio siglo se aplican modelos similares en Estados que acceden a recursos naturales que les garantizan un flujo de ingresos permanente, como hacen Alaska o Noruega con el petróleo. La pregunta de fondo detrás de todo este tipo de iniciativas es cómo dividir esa renta extraordinaria, cualquiera sea su origen: máquinas, soja, petróleo.  Y solo tiene dos respuestas posibles: concentrar aún más la riqueza y condenar a miles de millones a la exclusión y la mera subsistencia o distribuirla entre toda la sociedad para garantizar los derechos básicos. Sólo uno de esos dos caminos es compatible con la democracia, en el largo plazo.

Entre los impulsores de la renta básica universal está el propio Papa Francisco, que en abril se manifestó sobre este asunto en una carta por las Pascuas dirigida a movimientos populares de todo el mundo. “Este puede ser el momento de considerar un salario básico universal que reconozca y dignifique las tareas nobles y esenciales que lleva a cabo”, escribió. “Aseguraría y concretamente alcanzaría el ideal, a la vez tan humano y tan cristiano, de que ningún trabajador se quede sin derechos”. También se mostró interesada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que llegó al tema a través de los libros que le acercó el ex presidente del Centro Internacional de Estudios de la Seguridad Social, Miguel Fernández Pastor, uno de los principales lectores en argentina de la obra del inglés William Beveridge, pionero en proponer este modelo a mediados del siglo pasado.

La premisa que sigue el gobierno es que después de la pandemia entrará en crisis en el mundo la idea del trabajo asalariado como modo de vida: se va a despegar la subsistencia del empleo. En la Argentina, por las malas, esto viene sucediendo desde hace casi veinte años, cuando el Estado tuvo que hacerse cargo de las consecuencias de la crisis. La propuesta es que eso deje de ser un efecto colateral y pase a ser una política pensando en el futuro. Recuperar la proactividad y dejar de correr de atrás a la pobreza estructural. No hay respuestas probadas sobre cómo hacerlo ni mucho tiempo para descubrir la pólvora. Tirando del hilo del IFE se puede encontrar la salida de ese laberinto. Se trata de una tarea ambiciosa y de final incierto. Quizás sea justo lo que necesita Alberto Fernández para comenzar a dejar la marca en la historia que él imagina para sí.