Por Raúl Dellatorre.

"¡Pero esto no es lo que habíamos conversado!", dijo la voz en el teléfono, traducción mediante, en tono de reproche. Desde el otro extremo de la línea, intentaban explicar que había salido así, aprobado por el Congreso, en "una votación imprevista". El diálogo se refería a la aprobación en el Congreso de la moratoria previsional, que habilitó a 800 mil trabajadores en edad de jubilarse a acceder a ese derecho, aunque no tuvieran los aportes patronales por los años requeridos. 

Quién reprochaba desde Washington era una alta funcionaria del FMI. Quién le daba explicaciones desde Buenos Aires era un alto representante del gobierno argentino. El episodio culminó en el comunicado del FMI del 13 de marzo, en el que además de anunciar la aprobación de las metas de la cuarta revisión, se advierte sobre la necesidad de nuevas medidas de ajuste fiscal "para abordar de manera sostenible los costos fiscales de la aprobación imprevista de la moratoria de pensiones". Lo de la "aprobación imprevista", utilizada en aquel intento de justificación telefónica, sonó tan significativa en Washington que decidieron volcar la expresión al comunicado.  

El ejemplo sirve, también, para ilustrar que salirse del cumplimiento estricto de los dictados del Fondo no es imposible, cuando hay voluntad política para hacerlo. Podrá tener sus costos, pero difícilmente esos costos sean mayores a los que se pagan cuando el país no se desmarca de las recomendaciones del organismo.

La condición conflictiva que caracteriza a la relación entre Argentina y el Fondo toma central relevancia cuando hay que abordar la discusión de la inflación. Alfredo Zaiat señalaba, en su columna del último domingo en este diario, que "una de las derivaciones más dramáticas del préstamo desproporcionado entregado por el Fondo Monetario al gobierno de Mauricio Macri no ha sido sólo el ahogo financiero que condena a la economía por un largo tiempo, sino la sujeción de la política económica –con más o menos intensidad- a la tecnoburocracia del organismo con sede en Washington".

Es decir, las limitaciones y condicionamientos que el acuerdo impone a la aplicación de políticas económicas autónomas. Como, por ejemplo, las necesarias para combatir la inflación. La concepción ortodoxa de la "tecnoburocracia" fondomonetarista los lleva a imponerles a la Argentina las "soluciones" a la inflación que ubican la raíz del problema en la oferta monetaria. Por lo tanto, dan por supuesto que si esta oferta se reduce, la solución viene sola.

Así, lo que para Argentina hoy podría resultar un ancla para frenar una estampida de precios, por vía de la estabilización de tarifas, de tasas de interés y del tipo de cambio,  para el FMI son armas prohibidas. Por el contrario, exige que los tres vayan por arriba de la inflación (tasas de interés, tasa de cambio y tasa de aumento de tarifas "reales deben ser positivas"). En las condiciones actuales de la economía argentina, más que inflacionaria, la propuesta del Fondo para frenar la inflación es explosiva. 

Hacer que los intereses de depósitos y préstamos, de devaluación y los aumentos de tarfias vayan por arriba de la inflación, no sólo subiría los costos de productos y servicios, sino que además llevaría la puja de precios a una espiralización con resultados inciertos, pero en ningún caso, buenos. 

Un reciente documento elaborado por el Foro Economía y Trabajo, impulsado por gremios enrolados en la Corriente Federal de Trabajadores, la CGT y las dos CTA, además de organizaciones Pyme, cooperativas y de la economía popular, define claramente la trampa del acuerdo con el FMI, que encierra a la Argentina en un círculo vicioso en el que las "soluciones" agravan los conflictos y profundizan las crisis. 

En uno de sus párrafos, el documento titulado La Deuda no puede Mandar, enumera imposiciones del acuerdo que han condicionado la aplicación de políticas antiinflacionarias en favor de las mayorías. "La eliminación de subsidios a servicios públicos, la aceleración de la devaluación del peso, la prioridad dada a las exportaciones llevando a que los precios locales de alimentos aumenten al ritmo de los internacionales, junto a presiones extorsivas de ´los mercados´, son factores inflacionarios centrales, empujando hacia abajo el poder de compra de los salarios y las jubilaciones". 

Las presiones inflacionarias preocupan, y mucho. El instrumental utilizado hasta ahora, vía acuerdos de precios, resultó ineficaz. La combinación de dólares escasos y un modelo de formación de precios atado a una economía bimonetaria es un desafío adicional. 

Esta semana, la conducción económica buscó armarse de una nueva herramienta de intervención (en el Palacio de Hacienda reniegan de esa palabra y la reemplazan por "actuación"), mediante la concentración de todos los bonos en dólares distribuidos en organismos públicos nacionales en sus manos. Se preparan para enfrentar una fuerte presión alcista en el mercado de dólares financieros: el MEP y el "contado con liqui", las dos vías de dolarización de carteras legales vigentes. 

¿Por que esperan una presión alcista? Porque hay certeza de que las reservas en dólares del Banco Central serán insuficientes para atender la demanda de importadores y de empresas que necesiten hacer transferencias financieras al exterior, y la respuesta será "yo no tengo dólares para venderles a precio oficial, vayan al CCL o al MEP y paguen las divisas al precio que consigan". Será el gobierno el que envíe al mercado alternativo de dólares la demanda adicional.

¿Por qué preocupa tanto que suban el MEP y el CCL? Porque en Economía están convencidos de que esa suba se va a trasladar a precios, como aseguran que ocurrió en las primeras semanas del año. A este impacto le atribuyen el shock inflacionario de enero y febrero. 

Entonces, al tiempo que volcarán una mayor demanda a esos mercados, hay que actuar (intervenir) para evitar un salto excesivo en el precio. ¿Cómo? 

El que busca dólares en el mercado financiero, ofrece pesos para comprar bonos dolarizados, que después pueda vender en dólares, aquí o en el exterior. Esta compra indirecta de dólares tiene un costo que se mide según cuántos dólares obtuvo por los pesos que puso para comprar los bonos. Si hay mucha demanda de esos bonos en Argentina porque son muchos los que necesitan comprar, el precio del dólar financiero aumentará mucho. Pero si el Tesoro o el Banco Central surge como gran oferente de esos mismos bonos de deuda, entonces podría "estabilizar" el precio, es decir plancharlo o dejar que suba suavemente. 

A eso apuesta Sergio Massa con la concentración de títulos de deuda en dólares en sus manos: a ofrecer bonos a cambio de pesos y que el resto de la operación (la venta del bono de un particular a otro, en dólares) se haga entre privados. Una forma de "estabilizar" el mercado sin uso de reservas. 

En definitiva, se asume la existencia de una economía bimonetaria y de un banco central sin reservas. Además de un problema muy serio y amenazante, la inflación, a la cual se le siguen buscando formas de atenuarla para que no estalle, pero no soluciones. Con el Fondo fijando las reglas, no se puede.