Con la declaración en el Congreso de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, durante los primeros meses del gobierno de Néstor Kirchner, se inició una década que puso a la persecución de los delitos de la dictadura como una política de Estado. La ley fue seguida por dos gestos con una carga política y simbólica que marcó a fuego a los organismos de Derechos Humanos: el 24 de marzo de 2004 ordenó bajar los cuadros de los dictadores y ese mismo día firmó el traspaso del predio de la ESMA a las organizaciones.

Sancionada el 20 de agosto de 2003 a partir de un proyecto de la entonces diputada Patricia Walsh, la ley 25.779 se convirtió en el primer hito de esta búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia, al anular 'las leyes del perdón', que impedían el juzgamiento de los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos en la dictadura.

"Estamos haciendo un acto de reparación y reconstrucción institucional y moral de la Argentina. Cuando digo institucional me refiero a que no puede ser que los ciudadanos argentinos sigan viendo a sus instituciones como las que atentan contra los más elementales principios de convivencia y pacto social que nos debe animar a todos. Es moral porque no es cierto que el futuro se pueda construir barriendo la suciedad y poniéndola debajo de la alfombra", sostuvo la senadora Cristina Fernández, quien cerró el debate como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara alta, en la madrugada de agosto de 2003. Menos de dos semanas después, Kirchner promulgó la ley que comenzaría a romper con casi 20 años de impunidad.

Casi un año después, el 24 de marzo de 2004, en el primer aniversario del golpe con Kirchner como presidente, el santacruceño ordenó al jefe del Ejército, Roberto Bendini, que descolgara los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, que luego de 20 años de democracia todavía eran exhibidos en las paredes del Colegio Militar de El Palomar.

Ese mismo día por la tarde, en un acto en el ex centro clandestino de detención de la ESMA, el mandatario pidió perdón de parte del Estado "por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades". También, ante miles de personas, le quitó el predio a la Armada y se lo cedió a los organismos de Derechos Humanos para la creación de un Museo de la Memoria: "La ESMA, a partir de hoy, será patrimonio del pueblo argentino. La decisión política del presidente de la Nación lo ha hecho factible", leyó ese día Mabel Gutiérrez, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.

La iniciativa política del kirchnerismo, junto a la lucha de los organismos de Derechos Humanos y de las organizaciones de izquierda provocó que algunos jueces de primera instancia fueran declarando la ilegalidad de los indultos de Carlos Menem en varias causas, puntapié inicial de los juicios por delitos de lesa humanidad. También llegaron los fallos de la Corte Suprema de Justicia, que a partir de 2007 se pronunció en contra de los indultos menemistas.

Recién en 2006 la justicia retomó el camino que había iniciado con el Juicio a las Juntas y comenzó el primer debate por delitos de lesa humanidad. El único imputado fue el ex comisario bonaerense Miguel Etchecolatz, condenado a reclusión perpetua.

La sentencia contra quien fuera la mano derecha de Ramón Camps abrió el camino para el momento actual que viven las causas y juicios por delitos de lesa humanidad, diez años después de la declaración de nulidad de las 'leyes del perdón': desde ese 2006 iniciático se completaron más de 90 juicios por el terrorismo de Estado en el país. Los condenados superan los 400 y son más de 1000 los procesados por su rol en la represión en la última dictadura, con juicios emblemáticos ya concluídos como el del Plan Sistemáticos de Robo de Bebés, el primero por los crímenes en la ESMA o por la Masacre de Trelew. «