En 2000, cuando inició su carrera como funcionario público, Carlos Parodi apenas tenía declarado un departamento adquirido en cuotas. Hoy acusa bienes y activos por más de $14 millones. Sólo en los últimos seis años, como ministro de Economía, incrementó su patrimonio diez veces. Su desmesurado enriquecimiento fue expuesto en sucesivos informes que El Tribuno público entre el 1 y 4 de julio, en base a sus propias declaraciones juradas y otra abundante documentación respaldatoria.

Ante esas publicaciones, el abogado Santiago Pedroza pidió al Ministerio Público que actúe de oficio, como ordena el código procesal recientemente reformado en Salta, pero el fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier, archivó la denuncia en solo 15 días.

Fue otro trámite express, como los que aseguraron impunidad a funcionarios de Saeta por la compra irregular cien colectivos al empresario Claudio Cirigliano (Tatsa) o ante denuncias más recientes, como las que originaron las escandalosas adjudicaciones de casas en el barrio Lomas de Medeiros; el enriquecimiento ilícito del exsecretario de Asuntos Municipales, Marcelo Cil, o los negocios incompatibles y sobresueldos que imperan en el directorio del Ente Regulador de los Juegos de Azar (Enreja).

Ante otras tantas presentaciones, como las que hubo por el nuevo Lear Jet adquirido a instancias del gobernador Juan Manuel Urtubey, los kits escolares y el no menos escandaloso caso de la anestesia vencida, el cuerpo de fiscales que encabeza el procurador Pablo López Viñals actuó como un frontón. Y en ese muro, que muchos jueces, abogados y juristas locales miran de costado o prefieren no ver, todas las denuncias por posibles delitos contra la administración pública se concentran y mueren en las manos del fiscal Akemeier.

Bajo la lupa de la AFIP

El exsecretario de Asuntos Municipales y actual coordinador de la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de Salta (COPPAUS), Marcelo Cil, es otro de los funcionarios a los que Akemeier aseguró impunidad.

Cil, quien llegó al Gobierno de la mano de Fernando Yarade y Carlos Parodi, fue denunciado luego de que se descubriera que en su última declaración jurada, presentada el febrero de 2012, omitió un departamento en Parque La Vega, una cochera en la calle Deán Funes y otro departamento en el casco céntrico de la capital jujeña. Sumadas las otras dos propiedades que sí declaró (una en el barrio Tres Cerritos y una casa de veraneo que edificó en La Caldera), el funcionario que manejó con Parodi compras de medicamentos en el IPSS y destinos de fuertes montos destinados a obras en diferentes municipios ostenta un meteórico e inexplicable crecimiento patrimonial que incluye un Dodge Journey y un Ford Focus. En 2007, según despachos judiciales, Cil no tenía dinero ni bienes para ser embargado por $20 mil en una causa por lesiones.

Tras varias semanas de mantener la denuncia frenada, Guillermo Akemeier se declaró incompetente luego de que la AFIP abriera una investigación contra Cil, ante la Justicia Federal, por violación a la ley penal tributaria.

Otra denuncia penal que sigue durmiendo en el despacho de Akemeier se destapó, en abril, en el barrio Lomas de Medeiros. Allí el IPV adjudicó viviendas sociales a funcionarios del gobierno, como el secretario Legal y Técnico de la Provincia, Pablo Robbio Saravia, quien tiene más de una propiedad a su nombre.

En la presentación también fueron incluidos los casos de Florencia García Gutiérrez, secretaria privada del Gobernador; María Soledad Samson, hija del entonces secretario General de la Gobernación; Federico Rovaletti Lagos, secretario de Planeamiento del Ministerio de Seguridad; Matías Rodríguez Issler, hijo del coordinador General del Ministerio de Gobierno, y Sebastián Ortiz de Rozas, coordinador Financiero del Ministerio de Economía y socio del ministro Parodi.

Pese a las pruebas aportadas, Akemeier jamás abrió la investigación y evitó así que personas con derechos afectados pudieran presentarse como querellantes. Tampoco puede ningún juez controlar lo actuado mientras las acciones sigan cajoneadas.

¿Actuaciones secretas?

El abogado Gonzalo Guzmán, titular del portal Salta Transparente, solicitó ayer a la Fiscalía una copia de la resolución que archivó la causa contra Parodi. Pese a que la documentación tiene carácter público, su pedido fue denegado.

“Negar el acceso no tiene sustento legal. En un sistema republicano, la publicidad de los actos de los funcionarios es la regla. El principio alcanza también al Ministerio Público Fiscal”, expresó Guzmán. “Así, se impide conocer los elementos necesarios para evaluar la actuación de la Fiscalía”, añadió.

En ese sentido, la diputada Virginia Cornejo afirmó que “no existe compromiso por parte del Ministerio Público de la Provincia en la lucha contra la corrupción”.

Denuncian como nulo el archivo de la causa penal

El abogado Santiago Pedroza solicitó ayer que siga la investigación que pidió iniciar hace días por el presunto enriquecimiento ilícito del ministro de Economía Carlos Parodi. El fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier, dispuso el lunes archivar la causa con el argumento de que el letrado no asistió a declarar, pero lo había citado en una fecha equivocada.

El 2 de julio Pedroza hizo un pedido formal ante el procurador general de la provincia, Pablo López Viñals, para que se investigue el crecimiento patrimonial de Parodi. La demanda se realizó luego de un informe de El Tribuno sobre el tema.

El 3 de julio el abogado recibió una citación que le pedía ir a declarar “el 5 de mayo de 2013 a hs. 08.00” por el caso de Parodi. “Me llamaron para que me presentara unos dos meses antes de que yo requiriera la investigación. Pensé que era un error y que iban a corregirlo pero ayer nos enteramos de que se había cerrado la causa. No podría haber ido porque no tengo la máquina para volver el tiempo atrás”, señaló Pedroza a este medio.

Además, la fecha de la cédula que el Ministerio Público de la Provincia le envió al penalista indicaba: “Salta, 3 de junio de 2013”.

Nuevo Diario informó ayer que Guillermo Akemeier había citado a Santiago Pedroza para que declarara “el viernes 5 de julio” pero que “nunca apareció”.

En la publicación se difundía también que el fiscal de Delitos Económicos Complejos había decidido frenar la investigación porque el abogado no había acercado las pruebas necesarias.

“No es mi función aportarlas. Lo que hice fue pedir una actuación de oficio. No soy una parte de la causa. Ni siquiera tenían por qué convocarme”, explicó el letrado.

Pedroza demandó formalmente a la fiscalía que quede sin efecto el cierre de la investigación.

“Atento al severo error procesal, solicito la nulidad del archivo dispuesto con tanta premura, reservándome el derecho de iniciar las acciones que correspondan”, dice el requerimiento que hizo ayer a la mañana.

El letrado dijo que, en las próximas horas, analizará la posibilidad de promover un jury de enjuiciamiento contra Guillermo Akemeier por los errores cometidos en el proceso y la agilidad para dar por terminado el caso.

Según se difundió, Akemeier también justificó el freno a la causa diciendo que Carlos Parodi “hizo una presentación espontánea de 400 páginas” en las que supuestamente explica la evolución de su patrimonio.

Pedroza cuestionó que el fiscal haya analizado tantos documentos en pocos días y que no haya pedido pericias contables para certificar la legitimidad de los papeles que acercó el funcionario a su despacho.

“Me quieren amedrentar y ahora Parodi amenaza con hacer una denuncia en mi contra. Era obligación de Akemeier actuar ante las noticias sobre el crecimiento patrimonial del funcionario”, declaró Santiago Pedroza.

A nivel nacional los fiscales sí investigan

A nivel nacional, los fiscales llevan investigaciones contra funcionarios emblemáticos del poder central de turno. Las denuncias públicas tuvieron eco inmediato en la Justicia, aunque en Salta los fiscales no muestran el mismo entusiasmo, como es el caso del ministro de Economía Carlos Parodi, que en su primera declaración como funcionario decía tener un solo “departamento a pagar en cuotas” y 13 años después declaró bienes por más de $14 millones. El primer funcionario de la década kirchnerista que podría quedar tras las rejas es el ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, que hoy se encuentra prófugo de la Justicia. El fiscal federal Carlos Rívolo pidió su detención.También el fiscal federal de Cámara de la ciudad de Córdoba, Maximiliano Hairabedian, solicitó su captura. Otro caso emblemático, de repercusión internacional, es el de las investigaciones que caen sobre el vicepresidente Amado Boudou. El funcionario de formación neoliberal está acusado de quererse quedar con la máquina de imprimir los billetes, por medio de la ignota firma The Old Fund. El fiscal Carlos Rívolo investigó el Caso Ciccone, aunque fue removido de la causa. Hoy, lo acusa el fiscal Jorge Di Lello: por enriquecimiento ilícito y por el Caso Ciccone.