Por Matias Ortega.

¿Cuándo dejarán de pagar los porteños el impuesto a las tarjetas de crédito? La respuesta a esa pregunta es incierta. No será en febrero. No será en marzo. Abril recién sería la hora 0 en que se retome el tema. Cabe la posibilidad de que pasen meses hasta que eso ocurra. O quizás nunca se produzca. Así de empantanada está la cosa.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había anunciado, tras el fallo favorable que obtuvo de la Corte Suprema por la coparticipación, que eliminaría el impuesto que se aplica sobre cada operación con tarjeta de crédito en la Ciudad. Habían pasado solo horas de esa decisión a favor del distrito capitalino.

Para repasar: el máximo tribunal le dio la razón a la Ciudad en un amparo presentado en 2020, cuando Nación decretó quitarle fondos para entregarlos a la Provincia, en medio un conflicto con la Policía Bonaerense. Así, la Corte decidió por unanimidad reintegrarle el cobro del 2,95% de los fondos coparticipables a la Ciudad, que Nación recortó para transferirlos a la provincia de Buenos Aires.

El fallo de la Corte significaría que los ingresos de la Ciudad de Buenos Aires se incrementen en 2023 entre $174.000 millones y $191.000 millones, con lo que recibiría más de $500.000 millones por coparticipación. Pero por ahora eso no ocurrirá.

El Gobierno nacional decidió acatar el fallo pero con criterio propio. Pagará con bonos. O sea, a las arcas de la Ciudad no entraría ni un peso físico. Y sin eso no habrá eliminación del impuesto a las tarjetas. "Si no entra plata, no podemos hacer nada", afirman en off a Ámbito desde la administración de Rodríguez Larreta.

De hecho, aseguran que ahora la situación es peor que antes del fallo, porque la Nación dejó de entregar las transferencias no automáticas -algo que también estipulaba la Corte que debía ocurrir- por lo que recibe unos $55.000 millones menos.

El impuesto a las tarjetas de crédito aplica un 1,2% sobre las operaciones que se realicen con plástico en la Ciudad de Buenos Aires. Estaba convocada una sesión en la Legislatura a fin de año para eliminarlo, pero ya había estallado el escándalo de Lago Escondido por el que el Ministerio de Seguridad y Justicia, Marcelo D'Alessandro, debió pedir licencia.

La polémica surgió luego de que se revelara -con filtraciones de chats obtenidos con dudosa legalidad- un cuestionable encuentro en la estancia que el multimillonario británico Joe Lewis posee en Lago Escondido, del que participaron D'Alessandro, los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques; su hijo Juan Bautista Mahiques, que es jefe de fiscales de la Ciudad; el dueño de una consultora, Tomás Reinke; y un exespía, Leonardo Bergot. También estuvieron el presidente del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y otro directivo, Pablo Casey, el sobrino de Héctor Magnetto. El grupo empresario habría pagado el viaje.

En el enredo político-judicial quedó atrapado el impuesto a las tarjetas. Mientras el Gobierno promueve el juicio político a la Corte Suprema, se mantiene firme en que con el pago mediante bonos está cumpliendo el fallo por coparticipación. Del otro lado, la Ciudad tiene decidido que no volverá a promover la baja impositiva hasta que no entre dinero real a sus cuentas.

Tal como informó Ámbito, no habrá movimientos en el expediente por coparticipación en el corto plazo. Y la Legislatura estará en receso hasta marzo, pero no se discutirá el impuesto hasta tanto se haya resuelto la disputa de fondo: la política.