El Gobierno sospecha que los represores prófugos habían armado una red para financiarse

Así lo dieron a entender Agustín Rossi y Julio Alak. Congelaron un fideicomiso armado por Jorge Olivera, uno de los dos condenados por crímenes de lesa humanidad que se fugaron hace una semana del Hospital Militar y continúan sin aparecer.
El Gobierno investigará si un fideicomiso liderado por Jorge Olivera, uno de los dos condenados por delitos de lesa humanidad que se fugaron del Hospital Militar, aportaba dinero a otros represores. Así lo anunciaron en conferencia de prensa el ministro de Defensa, Agustín Rossi y el de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak junto con el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella.

"Nosotros lo que encontramos es un fideicomiso que a diciembre de 2010 tenía nueve millones de pesos. Había sido constituido por Olivera. Ese fideicomiso se vendió y compraron otro con una sociedad controlante, fuimos a la UIF, a la AFIP y al ministerio de Justicia. La AFIP bloqueó los CUIT, la UIF bloqueó las cuentas, de los fideicomisos y de Olivera y su esposa y el ministerio de Justicia está ampliando la denuncia y la UIF investiga el origen de los fondos", explicó Rossi.

Si bien no lo confirmó, el ministro de Defensa deslizó que el fideicomiso encontrado era utilizado para destinar fondos que ayudaran a los represores prófugos. "Presumimos que en el algún lugar todas estas figuras de fideicomisos trataban de financiar estas cuestiones. Cualquier prófugo sin apoyo logístico más de 48 horas es difícil de sostener", remarcó el ministro.

Y profundizó: "Esto nos lleva a pensar que hay redes de cobertura detrás de este tipo de fugas y tal vez esto permita encontrar elementos para que la justicia actúe de manera más contundente".

En este sentido, los funcionarios revelaron que son alrededor de 60 los represores que en la actualidad se encuentran prófugos de la Justicia.

Olivera y Gustavo de Marchi, condenados recientemente en San Juan por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, escaparon hace una semana del Hospital Militar, de Palermo, adonde habían sido por una supuesta necesidad médica.

Con este anuncio, el Gobierno se presentará en la Justicia federal para ampliar la denuncia que efectuó el director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, para que se investigue el plan que permitió la fuga de los dos represores. .

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