Para esto se creará una comisión de análisis de los subsidios en estas áreas y el transporte, que se reunirá cada quince días, con consultas entre ministerios, reguladores y con el sector privado. La comisión estará a cargo de la Subsecretaría de Presupuesto de Economía y de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión de Planificación, y a partir de esos relevamientos se definirá la “adecuación de los subsidios”.

Boudou anunció ayer junto a su par de Planificación, Julio De Vido, un primer recorte de subsidios por $600 millones sobre un total estimado para este año superior a los 60.000 millones de pesos. “Es necesario que los sectores que puedan pagar, lo hagan”, aseguró el vicepresidente electo, que no viajó a Cannes para participar de la cumbre del G-20.

Los primeros recortes llegan a los subsidios de agua, luz y gas para bancos y financieras, seguros, juegos de azar, aeropuertos internacionales de alta circulación (Aeroparque y Ezeiza), terminales portuarias, empresas de telefonía móvil de jurisdicción nacional y actividades extractivas de hidrocarburos y minería, según establecen las resoluciones conjuntas de los dos ministerios.

“En los sectores en los que arranca no genera ninguna carga extra”, aseguró De Vido, que enfatizó que “no hay razón para que trasladen la quita de subsidios a tarifas”. Uno de los desafíos al eliminar los aportes a las empresas será éste, que no busquen compensar los mayores gastos privados con una suba de precios.

En el resto de las áreas, los sectores y porcentajes serán determinados por el trabajo de la comisión. Según aclaró Boudou, “con la redirección, en algunos casos se pueden eliminar, en otros reducir, en algunos, mantenerlos”. Además recalcó que los subsidios seguirán llegando a los sectores de menores ingresos. Así, a menos de dos semanas de oficializada la continuidad de la administración de Fernández por otros cuatro años, los ministerios comenzaron a reacomodar el gasto, como ya habían anticipado después del espaldarazo en las elecciones primarias.

Datos preliminares de Transporte, en tanto, muestran que sólo necesita subsidios el 11% de los pasajeros de subtes, mientras que esa proporción llega a 30% en los trenes.

“Se entra en una etapa de personalización del subsidio”, dijo De Vido, que en relación al transporte señaló que se espera una mayor difusión de la tarjeta sube “en tres o cuatro meses” que permita identificar mejor los segmentos de usuarios y definir dónde eliminar o reducir los aportes del Estado, como había anticipado este diario.

De la misma forma que hoy la AFIP cruza información de ingresos, Economía, sobre la base de datos de la AFIP, la ANSES y otros organismos públicos, tiene acceso a los datos para definir el recorte de aportes a empresas y, más adelante, usuarios.

Impulso fiscal. El “peine fino” macroeconómico para el año próximo incluye, en los objetivos, que los ingresos vuelvan a crecer por arriba del gasto para sostener el superávit primario. En este año electoral, en los últimos meses la trayectoria del gasto se aceleró hasta 40% –con fuerte énfasis de las transferencias por energía y transporte– mientras que los ingresos se mantuvieron en una línea del 27 al 30 por ciento.

De Vido, en tanto, aseguró que “los fondos recuperados serán reinvertidos en infraestructura”, una opción para mantener la actividad económica ante un contexto de incertidumbre internacional.

Los funcionarios no especificaron si existe un plazo para terminar con el relevamiento. Los porcentajes de recorte, además, dependerán de lo que determine la comisión. En el anuncio, que se realizó en el Palacio de Hacienda, los empresarios y representantes de cámaras –vinculados a la energía, agua, construcción y transporte, entre otros– aplaudieron la medida que permitirá poner a resguardo uno de los “superávits gemelos” que sostienen el modelo.

En el año, se transfirieron $35.000 M a energía

Hasta septiembre, el total de subsidios estatales alcanza los $63.000 millones según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap).

El 55% estuvo dirigido al sector energético, que en nueve meses recibió $35.170 millones del Estado, lo que benefició a las industrias y la producción. La mayorista Cammesa fue la principal receptora, con casi $20.000 millones, mientras que Enarsa recibió $8.500 millones.

Uno de los puntos más fuertes para el entramado social son los fondos al transporte, que recibió el 26%, con subsidios por $16.500 millones, donde un 45% estuvo destinado al transporte por colectivo, mientras que los trenes y subtes recibieron el 21% de esos fondos entre enero y septiembre. Aerolíneas recibió $2.000 millones en nueve meses, de acuerdo con Asap.

La empresa estatizada de Aguas, Aysa, recibió $2.800 millones en lo que va del año, mientras que la satelital Arsat obtuvo $3.200 millones del Gobierno. En esa misma línea, los subsidios al agro llegaron hasta los $2.500 millones.