El plan de emergencia empezó a regir y ya se avizora quiénes serán los sectores que realizarán el mayor esfuerzo. Luego de su aprobación en tiempo récord y su publicación en el Boletín Oficial, las autoridades ahora tendrán amplias facultades para renegociar la deuda externa, emitir títulos a través del BCRA y la ANSES, elevar las retenciones, bajar contribuciones patronales y reformular el cálculo de las jubilaciones.

Con esas medidas, el equipo de Martín Guzmán confirmó a iProfesional que busca obtener fondos por 1,5% del PBI, una cifra cerana a los $480.000 millones, para de equilibrar el déficit heredado de la gestión de Macri, que sería de hasta 1 punto del producto si no se hubiera modificado nada.

El objetivo inmediato que asoma es recomponer la caja fiscal mediante una mayor recaudación y una eventual reducción del peso del sistema previsional en el gasto público, hoy cercano al 60%.

Aunque Alberto Fernández aseguró el domingo que no hay un "congelamiento", ese rubro es el que genera más polémica. Por caso, el anuncio previo del bono extraordinario de $5.000 de enero y diciembre representa un 0,14% del PBI, es decir, unos $47.000 millones destinados a 4,7 millones de jubilados y pensionados de un total de 7,3 millones, según datos de ANSES. Como solo alcanza a quienes cobran hasta $19.068, el Estado se habría ahorrado más de $70.000 millones.

El hecho de que sea una suma fija también descomprime las cuentas públicas. Al tratarse de un beneficio temporal por dos meses, el Ejecutivo se abstiene de tomar compromisos de gastos permanentes en materia de jubilaciones y asignaciones sociales. Una señal que es valorada por los acreedores, pero que tiene como contracara un alivio transitorio, limitado a las escalas más bajas y que recupera solo lo perdido en los últimos tres meses.

La suspensión de la movilidad por seis meses y su reemplazo por aumentos por decreto, por otra parte, permitiría compensar parte el bono. "Los bonos para los jubilados de la mínima equivalen a adelantar los aumentos que debían otorgarse por movilidad. El no ajuste en otros tramos (haberes superiores a la mínima) durante el primer semestre compensa el costo de los bonos de los haberes mínimos", señaló la consultora LCG en un informe reciente.

Todo depende de lo que haga el Gobierno en los próximos meses con los haberes y lo que ocurra con la inflación. Para este año se esperaba que el ajuste anual sumara hasta un 51%, por encima de una inflación del orden del 40%. El titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, se reunirá en los próximos días con Guzmán para determinar si el incremento por decreto previsto para marzo será una suma fija o variable.

"El aumento de marzo va a favorecer particularmente a los sectores vulnerables, pero esta medida alcanza a todos los jubilados", explicó en una conferencia de prensa, en donde anunció una baja en las tasas de los créditos a jubilados y beneficiarios de planes de 42 a 31%. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en tanto, aseguró que la primera suba será una suma fija del 11,54% en línea con el porcentaje devengado por la ley de movilidad ahora suspendida.

Así las cosas, todo indica que se tratará de un aumento escalonado que esta vez alcanzará a los haberes medios con distintos porcentajes de aumento, siguiendo el esquema de "redistribución" aplicado con el bono. De esa forma, los ajustes discrecionales le permitirían al Gobierno destinar menos fondos que los insumidos por el sistema previo que actualizaba a todas las escalas por igual.

Luego, en junio, restará por ver si el ajuste es del 15%, como estaba previsto en el cálculo anterior, y una comisión del Congreso deberá definir la nueva fórmula de movilidad. La decisión que tome la Rosada será clave.

Por ejemplo, según los cálculos del Iaraf, una recomposición real del 20% anual solo en los haberes mínimos representaría un 0,5% del PBI, mientras una recomposición igual para todas las escalas saltaría al 1,7%, comiéndose el superávit proyectado por Guzmán.

Por ello, se espera que este capítulo sea una de las principales variables de ajuste en el resto del año. Las decisiones adoptadas en las últimas horas permiten avanzar en uno de los objetivos más ambiciosos de Economía: la desindexación del gasto público. Pero además, abre la puerta a expandir las fuentes de financiamiento interno.

La principal es la colocación de títulos por hasta 1,4% del PBI -unos $300.000 millones adicionales- en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

La otra herramienta para emitir deuda será el Banco Central, que ahora está autorizado para recibir letras del Tesoro por u$s4.571 millones, un punto del PBI. La cifra es sugestiva: representa el 40% de los intereses totales que se preveía pagar en el presupuesto presentado por Macri para el a año próximo y un tercio del saldo comercial que puede tener la Argentina.

Los cambios que logró aprobar el Gobierno permiten aumentar la recaudación para 2020 y atender dos frentes. Por un lado, los mayores gastos para hacer frente a la crisis y poner plata en el bolsillo de los sectores más golpeados. Por otro, el resultado fiscal, algo clave en la negociación con los acreedores privados. El plan Guzmán apunta a lograr el equilibrio y mostrar la capacidad para cancelar los compromisos de deuda.

De ahí que los impuestos constituyen otro aspecto fundamental de la estrategia del gobierno. Solo el tributo del 30% a la compra de dólares para ahorro y las compras con tarjetas en el exterior aportará medio punto del PBI o 160.000 millones.

En otras palabras, el ajuste recaerá sobre los asalariados y la clase media, que son los que pueden comprar hasta u$s200 por mes, así como a aquellos sectores con capacidad para realizar viajes al exterior.

Además, la recaudación se verá alimentada por Bienes Personales, con la duplicación de las alícuotas y el establecimiento de un 2,5% para quienes poseen bienes en el extranjero. Estas dos medidas que afectan a sectores medios y altos podrían contribuir con hasta un 0,4% del PBI. A lo que hay que sumarle los impuestos a los autos, motos y embarcaciones y al cheque, que serían compensados por los cambios en Ganancias que disminuyen la renta financiera. Todo el paquete de impuestos en su totalidad aportaría 1% del PBI.

El campo es el otro sector que aportará recursos por un valor similar con el aumento de las retenciones. La emergencia autoriza a elevar la alícuota de la soja al 33%, la cual ya se había incrementado al 30% en los días previos, mientras que el resto de las alícuotas se elevan del 12% al 15%. El argumento es que las sucesivas devaluaciones mejoraron los ingresos del agro. Pero su efecto sobre la caja se verá limitado por el colchón que hicieron las cerealeras.

La aceleración de las exportaciones en los últimos cinco meses de 2019 previo a la asunción de Fernández redujo el saldo inicial exportable para 2020.

"Esto disminuye también el impacto del aumento de las retenciones – que en lo inmediato se aplicarán sobre exportaciones menores a las esperadas hace unos meses- en definitiva, exportaciones que hubieran permitido recaudar 0,5% del PBI durante 2020 ya ocurrieron durante 2019 (a alícuotas más bajas", advierte la consultora Elipsis.

El nuevo esquema tiene entre los grandes ganadores a los bancos, un sector que por el momento no fue alcanzado por las medidas pese a que en campaña Fernández lo usó como blanco de sus críticas.

Los ejecutivos del rubro financiero se quejan del tributo sobre los bienes en el extranjero porque aseguran que desincentiva a los ahorristas a ingresar los cerca de u$s300.000 millones en cajas de seguridad en Argentina. Pero desconocen las medidas aplicará el Gobierno.

Los anuncios sugieren que la estabilidad financiera es una preocupación central de las autoridades en un escenario atado con los alambres del cepo para evitar una nueva disparada del dólar.

Otros de los sectores ganadores son las petroleras y mineras. Ambas ramas de actividad lgoraron una rebaja en las retenciones a las exportaciones. Apenas asumido Fernández, el decreto 37/19 que eliminó el tope de 4 pesos por dólar a los derechos de exportación supuso una suba del 6,7 al 12%. Luego, cuando se presentó el proyecto de emergencia, se hablaba de subirlas al 15%, pero la propuesta fue rápidamente modificada y concluyó con un tope máximo del 8%. El mismo tratamiento recibirían las mineras.

Junto con el campo y los bancos, estos rubros fueron los que más crecieron durante el macrismo, pero en este caso además son los que el Gobierno identificó como los mayores generadores de dólares. En esa lista también entran los servicios, economías regionales y bienes industriales, que se vieron beneficiados con una alícuota diferencial de hasta el 5% en las retenciones. Estas actividades además generan empleo, el otro criterio que está detrás de la estrategia oficial.

En tanto, las empresas energéticas, que también se subieron al podio en la gestión anterior con la dolarización de las tarifas, podrían compensar eventuales pérdidas con los subsidios que implicarían un 0,3% del PBI, unos $96.000 millones del Presupuesto. Luego de que Macri les congelara las tarifas antes de las PASO, Fernández decidió extender esa medida por seis meses más. Todo dependerá de las tarifas que se renegocien en los próximos meses.

Por último, los acreedores no salieron a cuestionar los cambios. La ley en ese sentido autoriza facultades para negociar la deuda al Ejecutivo, pero no establece medidas. "No se ha concluido como parte del proceso de negociación la posibilidad de revisar lo ocurrido con el endeudamiento macrista a afectos de identificar las irregularidades que el mismo parece haber tenido", advirtió el economista oficialista Claudio Lozano.