Las negociaciones ya están abiertas. Alberto Fernández buscará firmar un nuevo pacto con los gobernadores para aliviar las arcas de las provincias, prorrogar la suspensión de la baja de impuestos y hasta aumentar algunos para generar mayores recursos. A cambio, hay una condición que el gobierno nacional no se muestra dispuesto a negociar y tiene que ver con ponerle límites al endeudamiento en dólares de las provincias. Pero son otras dos cláusulas las que generarán la mayor discusión con la oposición: deberán desistir de hacer reclamos ante la Corte Suprema por la coparticipación y garantizar la aprobación del impuesto a las grandes fortunas. Las conversaciones por el consenso fiscal 2020 comenzaron tres semanas atrás y en la Casa Rosada aseguran que lo que se está discutiendo es un borrador abierto a cambios. “Cualquier punto se puede debatir, menos el del endeudamiento en dólares”, explica un funcionario. “Es un mecanismo para evitar que se repitan errores del pasado que condujeron a muchas provincias a contraer deudas inviables y es un punto en el que no hay espacio para ceder”, aseguran desde el ministerio, en donde recuerdan que “desde el pago del gobierno macrista a los holdouts, el grueso de las provincias se vieron virtualmente forzadas a recurrir al endeudamiento externo y tomaron más de US$ 12 mil millones, que los puso en jaque con el default. En la gestión anterior se indujo a muchas provincias a que salgan a endeudarse en dólares. Y ese endeudamiento se hizo a un tipo de cambio que, obviamente, luego pegó un salto. Lo que lograron con el endeudamiento fue deteriorar el uso de su presupuesto en la asignación de los servicios básicos”. Consenso fiscal 2020. El único punto “no negociable” dicen que es el que prohíbe a los distritos tomar deuda en dólares. Habla de un acuerdo para aprobar el Aporte Solidario y Extraordinario (impuesto a la riqueza) antes de fin de año. Y exige que las provincias se abstengan o desistan de iniciar procesos judiciales relativos al régimen de coparticipación. Eduardo “Wado” De Pedro es el encargado de las negociaciones. No tiene una tarea sencilla ya que el acuerdo de 2019 fue apoyado por la totalidad de los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Con el acompañamiento de los mandatarios peronistas garantizado y estas conversaciones entre sus equipos técnicos más avanzadas, ahora el ministro deberá sentarse con Larreta, Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza) para convencerlos.

Según el documento al que accedió PERFIL, para suscribir al acuerdo los firmantes deberán desistir por dos años de iniciar procesos judiciales y frenar los ya comenzados. Con un adelanto en las primeras líneas de la necesidad “imperiosa” de reducir el nivel de litigiosidad, ya sobre el final del borrador se agrega un tercer punto en los “Compromisos asumidos por las provincias y la CABA”. Esta cláusula dice que en “materia de procesos judiciales” deberán “abstenerse por un período de dos (2) años de iniciar procesos judiciales, y desistir de los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a afectaciones específicas de recursos y transferencias de competencias, servicios o funciones, por hechos anteriores a la entrada en vigencia de este Consenso”. El 18 de septiembre, después de que Fernández decidiera traspasar fondos que recibía Capital Federal a la provincia de Buenos Aires, Larreta presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para frenar la quita de coparticipación a la Ciudad, que pasó de 3,5% a 2,32%. “No pedimos nada distinto de lo que pidió Macri en 2016, incluso Vidal dejó de reclamar.” “No pedimos nada distinto de lo que pidió Mauricio Macri en 2016 a los gobernadores que desistieron de sus reclamos. Incluso la provincia de Buenos Aires gobernada por María Eugenia Vidal aceptó dejar de reclamar más recursos para el Fondo del Conurbano”, explicó un funcionario a PERFIL. En aquel entonces, Alberto Rodríguez Saá (San Luis) fue el único que no aceptó el pacto que se firmó para reducir impuestos. Ante la emergencia económica y sanitaria, el Gobierno busca prorrogar el acuerdo aprobado al asumir por el cual se frenó la obligación de las provincias de reducir y eliminar impuestos que habían firmado en la gestión de Macri. Si aceptan, podrán mantener las alícuotas de Ingresos Brutos y sellos, subir la alícuota de Intermediación Financiera, unificar el Impuesto Automotor y lograr mayor autonomía fiscal, entre otros puntos. Bajo el subtítulo “materia tributaria nacional” es en donde aparece otro compromiso por el que la oposición también pondrá reparos. “Aprobar, antes del 31 de diciembre de este año, el proyecto de ley del denominado Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia, en trámite ante el Honorable Congreso de la Nación”, dice el borrador. Según una estimación de la AFIP, el proyecto del oficialismo que ingresó a fines de abril a la Cámara de Diputados, podría recaudar aproximadamente $ 307.000 millones extras a lo largo del próximo ejercicio fiscal. “El borrador es solo eso, un borrador”, insisten en Gobierno sobre la discusión que se abrirá con la oposición. Habrá que esperar unas semanas para saber si Fernández podrá reeditar la foto de 2019 con todos los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño.