Por: Alfonso de Villalobos

Desde que asumió en diciembre de 2023 el gobierno dispone de una herramienta para el uso discrecional de los fondos públicos. La incapacidad de reunir una mayoría en el Congreso para aprobar los presupuestos de 2024 primero y luego de 2025, en el marco de una inflación acumulada de más del 200%, permite al ejecutivo a hacer uso del último presupuesto disponible de 2023 y realizar sus actualizaciones y reasignaciones de manera arbitraria mediante el uso de decretos.

Así lo hizo el martes cuando publicó en Boletín Oficial el decreto 425/25 que, en nombre de la “emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, sanitaria y social” que le confiere el DNU 70/2023, reasigna partidas presupuestarias.

En los fundamentos el DNU establece la necesidad de un “refuerzo de los créditos de gastos en personal, con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento, equipamiento, así como de los créditos para pago de subsidios, becas, compensaciones, transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento del cometido de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”.

Con ese marco dispone fondos para la actualización de subsidios a la energía, la suba de jubilaciones del personal policial y los salarios de las fuerzas armadas, partidas para el pago de los salarios de docentes y no docentes universitarios y para los hospitales nacionales como el Garrahan o el Instituto Malbrán. Lo que destaca, sin embargo, es la reasignación de $ 2.014.300.000.000 (más de dos billones) para el pago de intereses de deuda nominada en pesos y en dólares. Se trata de una suma de alrededor de U$S 2 mil millones que serán destinados al pago de intereses y comisiones de deuda.

El decreto, además, dispone un mecanismo específico de información sobre el “flujo de fondos ejecutado y proyectado y el estado de las inversiones y disponibilidades” que los diversos organismos deberán suministrar mensualmente a la Secretaría de Hacienda. De esta forma el decreto empodera a Luis Caputo en su capacidad de control sobre el flujo de fondos del Tesoro Nacional.

Andrés Asian, Director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) explicó a Tiempo que “U$S 1.100 millones son de deuda interna de largo plazo U$S 800 millones son para pagos de intereses de deuda en dólares”. El especialista aclaró que, en realidad, “todo el presupuesto es por decreto porque hace tres años que no hay presupuesto aprobado y todas las partidas que aumentan son por decreto”.

Con todo, Asiain opinó que “es cierto que la obra publica y otras partidas siguen congeladas y los decretos son para incrementar los gastos de deuda externa mostrando un cambio en la composición del presupuesto donde se disminuyen los gastos primarios en infraestructura y seguridad social mientras crecen las partidas para deuda externa. Es una muestra del perfil del modelo económico y las prioridades políticas”.

Por su parte, el economista y director del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), Claudio Lozano, señaló a Tiempo que «en tanto se trata de un decreto de ampliación presupuestaria, son pagos de deuda que no estaban programadas ni pautados en el presupuesto prorrogado«. Para el economista «se entiende porque no ha habido discusión parlamentaria del presupuesto y, obviamente, el presupuesto prorrogado no incluye vencimientos de deuda que indudablemente fueron posteriores al año 2023».

Para Lozano «en la lógica del endeudamiento continuo y perpetuo del “Toto” Caputo, indudablemente, los pagos de deuda desbordan las previsiones que se tenían en aquel momento. Es absolutamente inconstitucional, ilegal y nulo de toda nulidad porque no hay ningún debate parlamentario sobre el tema de la deuda, ni el mas elemental que es el del presupuesto».

Por último, Lozano denunció que «aparte deben tener un crecimiento exponencial de los vencimientos por salida de deuda públiuca de corto plazo en el marco del proceso de generación de deuda de corto plazo que han puesto en marcha. Tomando el FMI y los mecanismos de corto plazo han generado una nueva deuda bruta pública de U$S 19.500 millones en el curso del año 2025”.