Después de 22 meses de negociaciones complejas en busca de salir del default, al parecer se ve la luz al final del túnel para Impsa.

Y en tren de acelerar el proceso de reestructuración de su deuda cercana a U$S 1.000 millones, la intermediación de la Provincia y el Gobierno nacional a través del Banco Nación para destrabar el visto bueno del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) fue casi una bendición para el holding de Enrique Pescarmona.

Es que el organismo financiero internacional no ha sido un acreedor más dentro del concurso para la multinacional mendocina. Fuera de la discusión sobre las condiciones de pago, ha venido reclamándole más de U$S 175 millones de un crédito impago desde 2015, casi 20% del pasivo que la forzó a declararse en default, incluso a través de la Justicia estadounidense.

 Por eso, era clave su firma en el APE (Acuerdo Preventivo Extrajudicial), que exige al menos la mitad más 1 de adhesión entre los acreedores.

Apenas el juez neoyorquino Paul Engelmeyer le dio luz verde, desde las oficinas del BID en Washington habían impartido una orden: salir a la caza de activos vinculados a Impsa (Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA) en cualquier punto del continente americano para cobrarse su parte de la deuda.

Hace algunas semanas comenzó otro tipo de sondeo, en distinta frecuencia. Fue el que encararon algunos funcionarios de alto rango, tanto desde el Gobierno mendocino como el nacional, para lograr que el banco desistiera y se aviniera a la firma del acuerdo.

A instancias del ministro de Economía provincial, Enrique Vaquié, el número 1 de de Hacienda de la Nación, Alfonso Prat-Gay, y Enrique Szewach, vice  del Banco Nación y paradójicamente otro de los acreedores del holding Pescarmona, iniciaron contactos con la plana mayor del BID.

Luego fue el propio Vaquié quien, a partir de instrucciones del gobernador Alfredo Cornejo, se reunió en Chile con  Luis Alberto Moreno, presidente del organismo. En lo que va de julio se sucedieron un par de encuentros para finiquitar el convenio.

Al respecto, Vaquié destacó que “Impsa está en un proceso de reestructuración de su deuda. Nosotros trabajamos en acercar posiciones y remarcar al Gobierno nacional y al BID la importancia que tiene la empresa y el sector metalmecánico en Mendoza”.

En el seno de la compañía asumen que la principal traba pasaba por “diferencias en el criterio de negociación” con el BID. Y por eso valoran la intermediación de los funcionarios ante Moreno.

“Tanto la Nación como desde la Provincia hicieron una contribución importante al intermediar para que se destrabara la situación. En definitiva, el objetivo es preservar la planta en actividad”, señaló por su parte el CEO de Impsa, Juan Carlos Fernández.

Mientras tanto, el jueves 7 hubo una asamblea de accionistas en cuyo temario predominaron temas tendientes a preparar la recta final hacia el acuerdo extrajudicial con los acreedores.

Por ley, una condición sine qua non para que una empresa concursada le arranque a sus acreedores un acuerdo extrajudicial es asegurarse una doble mayoría de voluntades  a través de la firma. Esto es,  dos tercios del capital y 50% más uno del número de acreedores, un porcentaje que, sin identificar a los firmantes, Impsa parece ya haber superado. 

El APE, la llave para liberarse del lastre del default, ya cambió su fisonomía una vez. La propuesta inicial, en diciembre pasado, fue transferir como parte de pago 25% de su paquete accionario, que desde marzo aumentó a 40%.

La contracara es Brasil. En el vecino país también lleva largo tiempo en convocatoria pero una cuestión de competencia judicial impulsada por el BIG (Banco du Investimento Global) mantiene la causa entre el juzgado de origen en Pernambuco y San Pablo. Y le impide presentar un plan de reestructuración para ser homologado.

Mientras tanto, la CNV (Comisión Nacional de Valores) le inició un sumario a Industrias Pescarmona por supuestas irregularidades desde 2008.

A criterio de la Comisión, no presentó balances de varias empresas vinculadas al holding, como su subsidiaria en Venezuela, Planeta Brillante SA, Marclaim, Renewable Energy Asia Limited, Impsa Construction & Services, Inverall SA e Insys Sa. Una situación que en el seno de la compañía está bajo análisis.

‘Indemnidad’ para ejecutivos

La definición en la jerga jurídica es clara. Indemnidad es la “seguridad, caución o fianza dada a una persona o corporación de que no experimentará daños o perjuicios por la realización de algún pacto”.

Para el jurista Javier Favier Dubois, las “cláusulas de indemnidad” son frecuentes “en acuerdos comerciales porque resultan convenientes al permitir, a una o a ambas partes, un racional acotamiento de riesgos asumidos, y a su vez facilitar la conclusión de contratos”. 

Así, accionistas de Impsa en asamblea acordaron el jueves 7 una cláusula afin que blinda a sus ejecutivos del APE, considerándolo “un proceso normal de las empresas con sus directores y managers”. A diferencia de indemnización, la indemnidad es un mecanismo que prevé el daño eventual en vez de resarcirlo. O sea, actuar antes y no después.