La secretaría de Derechos Humanos instó hoy a una "solución pacífica del conflicto con mapuches", con la conformación de una "mesa de dialogo y negociación", tras dos días de represión contra miembros de la comunidad "Lof en Resistencia Cushamen" de la zona cordillerana de Chubut por parte de fuerzas federales y provinciales.

"Estamos muy preocupados por los hechos que son de conocimiento público y como secretario de Derechos Humanos hago un llamado al diálogo y a la conciliación", expresó el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, luego de que la Iglesia y Amnistía Internacional Argentina repudiaran la represión sufrida ayer por los integrantes de la comunidad mapuche, en el marco de un operativo que dejó al menos tres personas heridas.

En un comunicado, el funcionario nacional aseguró que el gobierno nacional está "desde el primer momento" ocupándose del conflicto con "agentes territoriales del INAI que fueron desplazados a la zona, a los efectos de tomar conocimiento de los hechos e interiorizarse sobre la situación de los heridos y de los detenidos".

"Estamos trabajando de manera articulada con autoridades del Ministerio del Interior y del Ministerio de Seguridad para intentar encontrar rápidamente una solución", agregó Avruj, y detalló que un "equipo interdisciplinario de la Secretaría de Derechos Humanos y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), especializado en la resolución de conflictos, ya fue puesto a disposición de las autoridades locales para intervenir en el hecho y ayudar a resolverlo en términos pacíficos".

"Es vital e imprescindible detener la escalada de violencia y volver a instalar una mesa de diálogo y negociación", expresó Avruj.

Integrantes de la comunidad mapuche "Lof en Resistencia Cushamen" de la zona cordillerana de Chubut denunciaron anoche que efectivos de la policía provincial y de la Gendarmería los atacaron en los terrenos que habitan en el marco de un operativo que dejó un saldo de dos personas heridas, que fueron hospitalizadas en grave estado de salud.

En tanto el juez Penal de Garantías de Chubut, Jorge Colabelli aceptó hoy una acción de hábeas corpus presentado por abogados de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), para garantizar la "integridad física y la libertad" de los miembros de la comunidad Mapuche, informó a Télam uno de los letrados del organismo Carlos González Quintana.

González Quintana celebró el comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos pero cuestionó que "hasta el momento no haya existido ninguna comunicación por parte de ningún organismo del estado nacional ni provincial para intervenir en el conflicto".

Pocas horas después del comunicado de la secretaría que encabeza Avruj, el gobierno del Chubut anunció un acuerdo sellado con representantes de comunidades mapuches para “entablar una mesa de diálogo y trabajo” con el objetivo de coordinar una agenda común para realizar un abordaje de temas que son de interés de estos pueblos, “comprometiéndose todos los actores a preservar la paz social”.

Sin embargo, entre los firmantes del acuerdo no aparece ningún integrante de la comunidad Lof en Resistencia Cushamen.

De la reunión que se desarrolló en la Casa de Gobierno encabezada por el ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino sí participaron integrantes de comunidad Huentelaf, Ceferino Namuncurá y Lof Comunidad Lof Julio Antieco Puerto Madryn.

Tras el encuentro Joaquín Lucas Antieco, lonko de la Comunidad Lof Julio Antieco en Puerto Madryn, reveló que “por primera vez entré a Casa de Gobierno siendo de Pueblos Originarios que siempre estuve luchando, así que yo le pido a la Comunidad del Lof de Resistencia que siga el diálogo porque acá se ha comenzado un diálogo con los ministros”.

Por su parte, el Juzgado Federal de Esquel informó ayer que cinco gendarmes y dos integrantes de la comunidad mapuche Lof Resistencia Cushamen, en conflicto con el terrateniente italiano Luciano Benetton en el oeste de Chubut, resultaron heridos el martes durante la intervención de la Gendarmería Nacional para liberar las vías en la zona de la estancia Leleque, en el oeste de Chubut.

Por orden del juez federal Guido Otranto, personal del Escuadrón 35 de Gendarmería en El Bolsón, aisló con alrededor de 200 gendarmes la comunidad mapuche e ingresó para remover obstáculos que desde hace un mes y medio impedían el tránsito del tren turístico de trocha angosta, conocido como La Trochita, que va de El Maitén a Esquel.

Ese recorrido atraviesa el Lof Cushamen, en tierras ancestrales mapuches recuperadas por la comunidad dentro de la estancia Leleque, que forma parte de la empresa de Benetton Compañía de Tierras del Sud, de decenas de miles hectáreas en la zona andina de Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Luego de la remoción de obstáculos el tren hizo el trayecto de ida y vuelta entre El Maitén y Esquel, en el marco de una gran tensión por el operativo de la Gendarmería.

La Iglesia y Amnistía Argentina expresaron hoy su repudio a la represión sufrida ayer por los integrantes de la comunidad mapuche "Lof en Resistencia Cushamen" de la zona cordillerana de Chubut por parte de fuerzas federales y provinciales.

"El respeto por los derechos de los pueblos indígenas no se logrará criminalizando sus reclamos. Se deben encontrar vías pacíficas para solucionar los conflictos", advirtió en un comunicado el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), un organismo eclesial católico al servicio de los pueblos indígenas.

Por su parte, Amnistía Internacional Argentina también repudió la represión contra el pueblo mapuche, en el marco del reclamo de los pobladores de tierras ancestrales que actualmente están en disputa con el grupo empresarial Benetton.

La organización internacional, con sede en la Argentina, dijo que los sucesos de ayer se dan "en un contexto de creciente criminalización de la protesta y particularmente de estigmatización del pueblo mapuche".

"La orden emitida no encuentra correlato con los hechos de la realidad. Amnistía Internacional condena la falta de un eficaz control judicial sobre los alcances y exabruptos que fueron cometidos en territorio. La opacidad, falta de transparencia y rendición de cuentas no pueden ser los principios que atraviesan los operativos policiales", indicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.