Los $1.739,3 millones en deudas refinanciadas (a través del Programa Federal de Desendeudamiento) y la holgura económica que comenzaron a disfrutar las arcas provinciales (que al 5 de noviembre recibieron $3.085,3 millones de Nación por Coparticipación Federal y leyes especiales, lo que representan $757,6) le dieron a la Provincia un nuevo perfil financiero que le permite rediseñar su política económica.

¿Qué rumbo debería tomar la economía correntina a partir de ahora?, es la pregunta que el oficialismo y la oposición comenzaron a responder. La administración de Ricardo Colombi plantea salir al mercado de capitales a buscar nuevos créditos para recuperar “la capacidad de inversión” del Estado.

Mientras que la oposición -el peronismo principalmente-sostiene que eso sería regresivo, además de criticar el modelo de administración financiero del Gobierno “que es el de acumular recursos, socializar las deudas y concentrar los beneficios en sectores más pudientes”, aseguran.

Ayer el ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, ratificó la postura oficial y dio nuevos argumentos para justificar la búsqueda de nuevos préstamos.

El funcionario dijo que “la gran cantidad de demandas en materia de infraestructura y servicios” necesariamente obliga “a la búsqueda de otras fuentes de financiamiento”. Aseguró que el Ejecutivo “avanza en todo lo que puede” pero “los recursos del Presupuesto propio” no alcanzan porque “las necesidades son muchas, tras varios años de desinversión”.

Vaz Torres sostiene que el Ejecutivo destinó “una gran cantidad de recursos propios” para recuperar salarios, construir viviendas, reparar escuelas y hospitales, transformación y distribución de energía, planes productivos, pero que todavía “tenemos muchas otras necesidades que atender”, insistió.

El jefe de Hacienda reiteró que “el ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou, destacó la necesidad de avanzar con la toma de créditos para inversión y lograr así la generación de activos para que se mejore la infraestructura, haya mejores condiciones y el sector privado sea también un oferente de empleo”. “En estas cosas coincidimos con Nación, y pretendemos que Corrientes no quede afuera de este esquema de inversión. Fueron ya demasiados años de exclusión”, agregó.

Puso como ejemplo a otras provincias como Chaco, que busca tomar US$179 millones del Banco Nacional de Desenvolvimiento de Brasil, para construir el Segundo Acueducto. Catamarca busca un préstamo por US$200 millones para obras viales, hídricas y energéticas. O Entre Ríos que quiere acceder a $80 millones de créditos para obras energéticas. Incluso el caso de la ANSES que le prestará a Córdoba US$200 millones para terminar la central energética Pilar.

Vaz Torres cree que nadie en Corrientes se va a oponer a que se tomen créditos “que tienen plazos de gracia, amortización liviana” y que serán utilizados para reactivar la inversión pública en infraestructura o para “mejorar la actividad económica de la Provincia”, como el PROSAP.

La oposición pedirá detalles sobre los ingresos de fondos

El diputado de la oposición Armando A. Britos (UCR-Leandro N. Alem) presentará mañana un pedido de proyecto de resolución en el que le pedirá al Ejecutivo un “informe detallado, preciso y circunstanciado” sobre los ingresos “por mes de fondos por Coparticipación Federal de Impuestos”, desde “octubre del año 2008 hasta octubre del año 2010”.

El primer objetivo central de la iniciativa es que el Gobierno informe en qué quedó lo que dispone el artículo 28 de la ley de presupuesto 2008 (todavía en vigencia por la falta del presupuesto 2001), que establece que el Ejecutivo debería destinar los excedentes de Coparticipación de la siguiente manera: El 50% para incremento salarial de los estatales.

El 20% a Salud Pública, “priorizando la incorporación del personal”; el 8% a Minoridad y Familia. El 2% al Programa de Centros de Transferencia de Residuos Patogénicos y finalmente el 6,27% de esos excedentes debían ser girados al Poder Judicial. Finalmente el diputado radical -opositor- exige también en su proyecto que la Cámara de Diputados le pida al Ejecutivo un informe detallado para determinar “qué porcentaje de la totalidad de los ingresos de la Coparticipación Federal de Impuestos fue asignado para cubrir los aumentos salariales otorgados en el presente ejercicio a los empleados públicos de la provincia”.

El presupuesto 2010 es una de las grandes deudas de la Legislatura. Desde el 15 de abril va y viene de Diputados a Senadores. A menos de dos meses que termine el año, Corrientes todavía no tiene el presupuesto aprobado.