Después de dos años de tener pisada la obra pública el gobierno nacional dispuso cambios en el reglamento de contratación que impactan en los intereses de las empresas nacionales que hasta ahora ostentaban la calificación para ejecutar ese tipo de proyectos. 

La Disposición 24/2025 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), de la Jefatura de Gabinete de la Nación, publicada el lunes pasado en el Boletín Oficial, flexibilizó una serie de condiciones que debían cumplir las empresas interesadas en realizar obra pública. 

El artículo 1 de la norma derogó la obligación de las sociedades de presentar los últimos cinco balances “completos, auditados y debidamente certificados por titular y Contador Público, legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas” con el acta de aprobación.

También eliminó la necesidad de presentar una serie de documentos como el acta de estado de obra; el contrato, orden de compra o documentación “que acredite fehacientemente el vínculo contractual”; y los vinculados a ampliaciones o redeterminación de contratos, entre otros. Asimismo, la normativa eliminó el requisito de la declaración jurada de beneficiarios finales.

El artículo 2 es el que genera mayor impacto en las empresas nacionales. El texto aprueba una metodología de cálculo y vigencia de la calificación de los contratistas de obra pública que habilita a compañías extranjeras a competir por la realización de proyectos en igualdad de condiciones con las firmas nacionales. 

La normativa informó que la calificación no será factor de exclusión para las empresas en casos de obras con presupuestos inferiores a 15 mil módulos (unos $ 600 millones; cada módulo equivale a $ 40.000). Para proyectos con presupuestos superiores a ese número las firmas podrán presentar una garantía.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, hizo una defensa de la medida a través de su cuenta de X, donde ponderó que alienta la competencia entre jugadores del mercado y da por terminado el sistema que aseguraba la cartelización por parte del grupo de empresas dominantes hasta ahora.

Ministro Sturzenegger: ahora impulsa la obra pública en beneficio de las firmas del exterior.

El anuncio sorprendió a ese grupo de compañías en la antesala de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). 

El programa del evento prevé espacios para hablar sobre financiamiento de infraestructura, RIGI e inversión privada y otros desafíos para las empresas del sector, pero la organización no tenía este cambio de reglas del juego en el horizonte cercano.  

El secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Giovine, es hasta ahora el único funcionario nacional confirmado entre los participantes de la Convención Anual. 

Encuesta

El 69% de las empresas de la cadena de valor de la construcción trabajó menos que un año atrás, según la 26° edición del Estudio de Opinión Construya, que releva datos de 506 compañías de todo el país.

La mayoría de los consultados respondió que la caída de la actividad fue mayor a 20% en el último año; a la par, un 15% respondió que su retroceso fue de entre el 10% y el 20%; y el 10% restante dio cuenta de una retracción inferior al 10% anual.

Para los próximos 12 meses, el 29% de los empresarios proyectó que su negocio se mantendrá en los niveles actuales y 47% vaticinó diferentes niveles de mejora.