El Gobierno apostaba ciegamente a que los camaristas Sergio Fernández, Luis Márquez y Jorge Morán le harían el trabajo sucio de borrar de un plumazo las medidas cautelares que dictaron la jueza María José Sarmiento y las camaristas Clara Do Pico y Marta Herrera. Pero luego de haber visto el nefasto destino que tuvo la Corte de Carlos Menem, destituida a manos de Néstor Kirchner, y la suerte que está corriendo el juez federal oficialista Federico Faggionatto Márquez, ahora en el cadalso del Jurado de Enjuiciamiento, nadie se quiere inmolar como mártir.

"Una cosa es tratar de ver con buenos ojos una posición del Gobierno y otra muy distinta es inventar un fallo", dijo un experto camarista. Siempre habrá tiempo para dar las explicaciones políticas, pero los jueces saben que ningún ahorcado es capaz de hablar.

Tampoco los buenos contactos sociales que, durante años, tejió el nuevo procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, con no menos de cuatro ministros de la Corte alcanzarán para que el tribunal le dé una mano al Gobierno.

Nada ganaría el alto tribunal haciéndole al Gobierno el favor de levantar la prohibición judicial de usar reservas si hay otras varias medidas cautelares idénticas que seguirán en pie. Además, el tribunal dijo en miles de fallos que, salvo casos de verdadera gravedad institucional o de daño irreparable, no hay motivo para tratar medidas cautelares. ¿Qué daño habría en esperar a que el Congreso, el mes próximo, debata este asunto? ¿El kirchnerismo le tiene miedo a la democracia? Más allá de cualquier explicación jurídica, los ministros de la Corte participan de la idea de que los conflictos políticos deben ser resueltos por la política: la decisión de la presidenta Cristina Kirchner de dictar un DNU en diciembre, cuando el Congreso había dejado de sesionar, buscó burlar al Poder Legislativo, por lo cual la Justicia hace un buen trabajo si, con medidas cautelares y manejo de los tiempos, permite que el Congreso recupere, la semana próxima, la posibilidad de dar una solución política. La Justicia, en ese caso, no actúa como sujeto decisor, sino como árbitro.

En diciembre, cuatro jueces dictaron medidas cautelares contra la ley de medios. Luego, en enero, otro magistrado, Ernesto Marinelli, frenó una embestida contra Papel Prensa, que el Gobierno insiste en llevar adelante en otro tribunal. Entonces cobró fuerza el conflicto por las reservas, con el desenlace que conocemos. Y otro tribunal, la Cámara Federal Civil y Comercial, le señaló al Gobierno que ni el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ni la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tienen atribuciones para dictar medidas cautelares contra Telecom, Cablevisión u otras empresas, afectando inversiones a su antojo. El Poder Ejecutivo no puede al mismo tiempo ser parte de los conflictos y juez, como lo prohíbe expresamente la Constitución nacional.

Desde enero, Crstina Kirchner llamó a la Corte en más de una oportunidad y a más de un juez. Imaginó que la Corte está envalentonando a los jueces a alzarse contra el Gobierno. Un error de diagnóstico grueso. El Gobierno está cosechando tempestades por sus arbitrarias desmesuras.