Por Bruno Martínez.

A días de las elecciones nacionales legislativas, el oficialismo que responde al gobernador Leandro Zdero, aliado político de Javier Milei, decidió avanzar en un proceso de hostigamiento ejemplificador, tanto judicial como mediático, contra jueces del foro local cuyas resoluciones no se ajustan a sus intereses. La acción es el corolario de un proceso de degradación de la independencia del Poder Judicial chaqueño, que se vio severamente afectada desde la llegada del radicalismo al poder local.

En los últimos días se dieron dos episodios. El primero ocurrió contra la titular de la Cámara Segunda en lo Criminal, Dolly Fernández, quien actualmente se desempeña como jueza técnica en la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Fernández fue víctima de una campaña de desprestigio en redes sociales tras disponer la excarcelación de Carlos Mauricio Andión, extitular del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), imputado por hechos de corrupción durante su paso por la gestión peronista.

La magistrada fundamentó su decisión, entre otras razones, en que la investigación penal preparatoria estaba concluida y que no existía riesgo de fuga. Tras la decisión de la jueza, en redes sociales circularon imágenes de Fernández y su esposo acompañadas de acusaciones sobre supuestas simpatías políticas hacia el exgobernador y actual candidato a senador, Jorge “Coqui” Capitanich, como fundamento de dicha excarcelación.

Se difundió una placa con la leyenda: “¡Peligro! Delincuente suelto. La jueza coquista, Dolly Fernández, liberó al amigo de su esposo Edi Núñez, dejó en libertad a Mauro Andión. ¡Cuidado! En cualquier momento, el clan Sena (imputados por el femicidio de Cecilia) golpea a tu puerta y vuelve a matar”. Entre quienes la compartieron se encuentra el vicepresidente de la Unión Cívica Radical del Chaco y vocal del Instituto de Vivienda provincial, Diego Gutiérrez.

Frente a este ataque, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco (AMFJCH) salió a respaldar a la jueza. “La AMFJCH repudia la difamación y expresiones agraviantes hacia Fernández, de intachable trayectoria, contra una resolución judicial fundada jurídicamente, por medio del uso de medios periodísticos y/o redes sociales”, indicaron a través de un comunicado.

“Decisión desestabilizadora”

El otro caso de persecución a magistrados locales fue más allá. El pasado lunes, un grupo de diputados oficialistas denunció al titular del Juzgado Civil y Comercial 6 de Resistencia, Jorge Sinkovich, ante el Consejo de la Magistratura. Tras acusarlo de “mal desempeño, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, solicitaron la suspensión preventiva y su eventual destitución.

El foco de la denuncia, firmada por Zulema Wanesson, Maida With, Francisco Romero Castelán y Samuel Vargas, se centra en la emisión de resoluciones consideradas “arbitrarias y desmesuradas”, que impusieron multas conminatorias (astreintes) multimillonarias contra el Estado provincial.

El caso más grave, según los legisladores, corresponde al expediente “Defensoría General Adjunta s/ Amparo y Medida Cautelar”. Allí, el juez Sinkovich fijó astreintes de casi $86 millones contra la Provincia por cada día de incumplimiento de una sentencia que ordenaba entregar agua potable y alimentos a unas 20 mil personas del pueblo Wichí, en El Impenetrable chaqueño. Los legisladores tildaron la decisión del magistrado de “desestabilizadora y ajena a las facultades judiciales”.

“Esta denuncia es una persecución política vergonzosa, en otras gestiones jamás me molestaron por un fallo”, reconoció Sinkovich a Página/12. “El gobierno quiere jueces que les respondan y que fallen en concordancia de lo que pretende, pero yo no soy títere de nadie”, sostuvo.

El magistrado apuntó directamente al gobernador. “En este momento el Estado de derecho en la provincia del Chaco está totalmente quebrado. Zdero tiene mucha injerencia sobre los jueces del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y sobre jueces de primera y segunda instancia. Tal es así que todos tienen un cierto miedo de fallar en contra del Estado provincial. ¿Por qué? Porque si falla en contra del gobierno se le viene la noche”, aseguró.

“Engranaje funcional”

La situación de hostigamiento a magistrados que no están alineados al Poder Ejecutivo local se suma a una serie de denuncias públicas realizadas por diputados, sindicatos y hasta abogados del foro local sobre el llamativo cambio en los criterios utilizados por los jueces en sus fallos tras el último cambio de gobierno. El recurrente aval judicial hacia los despidos masivos en la Administración Pública local, el rechazo a las leyes de pase a planta impulsadas por la gestión anterior y la negación de derechos a trabajadores estatales precarizados son los tópicos repetidos.

“Antes de abril de 2024, la Justicia en el Chaco era independiente. Hoy no lo es más. Las decisiones judiciales responden a intereses políticos y no a criterios jurídicos claros”, afirmó el reconocido abogado laboralista Sebastián Ferreyra Negri durante una entrevista radial.

El abogado relató que muchas causas que antes se resolvían a favor de trabajadores precarizados o sectores vulnerables hoy son rechazadas con fundamentos contradictorios o sin argumentación suficiente. “Me ha pasado que un juez dictó una medida cautelar y, 48 horas después, la revocó de oficio. Eso no pasa si no hay presión política”, sostuvo.

En concordancia, la CGT del Chaco realizó en julio una masiva manifestación hacia el STJ para denunciar las políticas de ajuste impulsadas por los gobiernos nacional y provincial que están dejando sin sustento a cientos de familias chaqueñas. En dicha protesta, denunciaron que el Poder Judicial es un “engranaje funcional al Ejecutivo provincial”.

Este diario intentó comunicarse con el ministro de Justicia del Chaco, Jorge Gómez, pero no hubo respuesta de su parte. Quien sí habló sobre este tema fue la presidenta del STJ, Emilia Valle. Ante la consulta de Página/12 negó que haya injerencia del gobierno provincial en asuntos judiciales.

“El Poder Judicial del Chaco es reconocido a nivel nacional por ser independiente, por su carácter innovador y por su calidad institucional”, destacó. Añadió que el STJ no respondió nunca a “ataques infundados efectuados a modo de presión externa o interna” y afirmó que los jueces del Máximo Tribunal juzgan con “absoluta independencia y de acuerdo a nuestras convicciones”.