El ejecutivo bonaerense mira con fastidio la continuidad de Julio Conte Grand al frente del ministerio Público Fiscal. Al jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires le endilgan una pertenencia partidaria por haber sido el Secretario de Legal y Técnica del gobierno de María Eugenia Vidal. En este marco, el secretario general de Gobierno, Federico Thea, quien es, además, una de las espadas jurídicas del gobernador Axel Kicillof, volvió a remarcar que Conte Grand “debería dar un paso al costado”.

“No es ningún pecado, pero él fue funcionario de María Eugenia Vidal, debería dar un paso al costado en una provincia normal. Él mismo dijo que cuando se fuera Vidal él se iría: bueno no se fue”, expresó días atrás el funcionario bonaerense en declaraciones a Radio Provincia. Los dichos trazan un mapa complejo en la negociación política judicial que el Ejecutivo de Axel Kicillof aún no pudo domar como hubiese querido desde que llegó al Gobierno.

La presión sobre Conte Grand empezó apenas iniciada la gestión Kicillof. Además de Thea, había sido la ministra de Gobierno, María Teresa García, quien tenía como misión -casi personal- conseguir la salida del ex funcionario de Vidal. Ya desde su paso por el Senado bonaerense, la funcionaria arremetía contra el Procurador.

Julio Conte Grand (NA)

Hoy, Kicillof no tiene el número necesario en el Senado bonaerense para empujar una salida acordada con Conte Grand. Juntos por el Cambio maneja 26 de las 46 bancas y si bien se intentó en algunas negociaciones consensuar la salida del Procurador esa instancia nunca se efectivizó.

Thea aseguró que “no puede funcionar bien esa institución -la Procuración- si no hay un acuerdo político” y cuestionó: “Siendo oposición siguen estando en una postura totalmente cerrada que imposibilita el diálogo democrático”.

La cuestión del Procurador bonaerense es menos ruidosa a lo que sucede en Nación, pero va por carriles paralelos. Ni el gobierno nacional quiere a Eduardo Casal, ni el bonaerense a Conte Grand.

En el gobierno admiten que deberían esperar hasta el recambio legislativo para hacer la estocada final para la salida de Conte Grand. Siempre y cuando los resultados electorales acompañen al oficialismo y la correlación de fuerzas en el Senado cambie, ya que debe salir con el acuerdo de la Cámara alta bonaerense.

Eduardo Casal, Procurador General de la Nación (Nicolás Stulberg)

El punto más alto del enojo con Conte Grand fue cuando al inicio de la pandemia resolvió habilitar a Defensores oficiales para que pidan el beneficio de la prisión domiciliaria a personas detenidas que formaban parte del grupo de riesgo. El efecto fue inmediato: la liberación de detenidos escaló en la agenda y el costo lo pagó el mandatario, según analizaban en La Plata.

Otra definición judicial que Kicillof mantiene en suspenso, más por decisión propia que por imposición como sucede con Conte Grand, son las vacantes en la Suprema Corte de Justicia bonaerense. A mediados de febrero presentó su renuncia para iniciar el trámite de jubilación Eduardo De Lázzari, uno de los jueces del máximo tribunal. A la salida de De Lázzari hay que sumarle la vacante que se originó en enero del 2020 con el fallecimiento de Héctor Negri.

De siete lugares quedan cinco en funciones, pero de esos cinco hay dos jueces más que semanas atrás quedaron atravesados por el escándalo de la vacunación VIP. Según denunció la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Hilda Kogan y Luis Genoud, los dos integrantes en cuestión, se anotaron como personal de salud.

“La conducta de Kogan y Genoud resulta aún más injustificable al constatar que durante toda la pandemia realizaron tareas remotas desde sus domicilios, mientras que miles de trabajadores y trabajadoras judiciales fueron forzados a poner en juego su salud y las de sus familias para llevar a cabo tareas presenciales de alto riesgo y en condiciones de seguridad e higiene inadecuadas, muchas veces lamentables. Cientos de ellas y ellos resultaron contagiados por la enfermedad”, cruzaron desde la AJB.

Con un comunicado, la Suprema Corte de Justicia sostuvo que “a comienzos de febrero de este año, las autoridades de la Suprema Corte de Justicia, en coordinación con la Procuración General, tomaron contacto con el Ministerio de Salud de la Provincia en relación a la situación del personal del Poder Judicial”, y que “para mejor resguardo, y a su requerimiento, se remitió al Ministerio de Salud el listado con el personal que al 1º de marzo tendría 70 o más años de edad, perteneciente a todas las categorías o niveles de revista tanto de la Administración de Justicia como del Ministerio Público, aporte informativo que fue completado en el día de la fecha”.

En el plano político, el propio Thea aseguró que “no es prioritario”, ocupar las vacantes en el máximo tribunal de Justicia y que los nombres que pueden aparecer debería ser con una negociación que lleve a un acuerdo amplio con la oposición.