El jefe de Gabinete consideró hoy que la denuncia contra el decreto presidencial que dio vía libre al acuerdo para la explotación del yacimiento Vaca Muerta "tiene una clara y manifiesta intencionalidad política".

De esta forma, Capitanich salió a responder la decisión de la Cámara Federal y aseguró la existencia de intereses empresariales y políticos detrás de la causa.

En tanto, el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, explicó que el fallo judicial "no habla para nada de Chevron, sino habla de una denuncia del diputado por la ciudad (Alejandro) Bodart y de un supuesto ambientalista (Enrique Viale) en contra del decreto 929 del año 2013, que reglamenta el régimen de promoción de inversiones hidrocarburíferas no convencionales".

"No es casualidad que estos ataques surjan, en un contexto en el que se jerarquiza a la Argentina en las reservas de shell gas y en shell oil" "Este decreto es para inversiones mayores de 1.000 millones de dólares que quieran venir a explotar el shale gas y el oil gas. Pero lo relacionan con Chevron, y es la primera gran mentira", dijo el funcionario.

Parrilli manifestó que el acuerdo YPF-Chevron "fue avalado por la legislatura de Neuquén y dio lugar a acuerdos con varias empresas, pero no los firma la Presidenta, sino (Miguel) Galuccio y cada una de las provincias", aclaró.

A su vez, Capitanich subrayó que "no es casualidad este tipo de acciones, y que en la Argentina existan agentes internos y externos que pretenden con estas acciones judiciales afectar los intereses estratégicos del país".

"Los sistemas de negociación son claros y transparentes en base a los usos y costumbres de la legislación local y no se ha vulnerado la Constitución ni las leyes", ratificó Capitanich, y aseveró que el Gobierno seguirá "promoviendo inversiones para garantizar la producción de petróleo y gas en la Argentina".

En tanto, Oscar Parrilli, dijo que los diarios Clarín y La Nación hicieron una "utilización obscena" de una denuncia que calificó como “irresponsable”.

Asimismo, señaló que el objetivo es "atentar contra los intereses argentinos y desprestigiar a la Presidenta".

"Estamos ante una acción mediática de Clarín y La Nación, y distintos intereses que están atrás de ellos, con dos objetivos: ir en contra del desarrollo de la Argentina para lograr el autoabastecimiento y una acción desmedida contra la Presidenta como nos tienen acostumbrados", dijo el secretario general de la presidencia.

En la misma línea, dijo que "hay una intención de Clarín y La Nación, y de (Héctor) Magnetto de perjudicar a la Presidenta porque tiene que aplicar la Ley de Medios y no se quieren desprender del monopolio mediático que tienen, y tratan de desligitimar a este gobierno".

Por otro lado, Parrilli dijo que le "llama la atención que un diputado de la ciudad" como Bodart "se preocupe por los recursos naturales de la provincia" y afirmó que "no tiene idea qué significa la explotación de hidrocarburos".

También se refirió a un "supuesto especialista en medioambiente que fomenta y promociona esta denuncia, y hay intereses económicos de las empresas que quieren hacer los seguros medioambientales, que son super millonarios y buscan generar dudas sobre el impacto ambiental", concluyó.

Por su parte, el vicepresidente del bloque de diputados nacionales del FpV Pablo Kosiner dijo que "no le preocupa" que se investigue el acuerdo firmado entre YPF y la petrolera norteamericana Chevron ya que, señaló, el gobierno nacional "no tiene nada que ocultar".

"Cualquier tipo de actuación que tenga que ver con la generación de nuevas inversiones que se asocian a YPF son totalmente transparentes", afirmó Kosiner.

Sin embargo, sostuvo, "hay que seguir el tema con detenimiento para que no se transforme en una actitud persecutoria con contenido político contra la investidura presidencial".