Por más que mediáticamente los gobernadores kirchneristas se vienen mostrando alineados con el Gobierno en la disputa que se desató en torno a la coparticipación del impuesto al cheque, mañana Cristina Fernández de Kirchner se encontrará con más presiones que sumisiones. Los mandatarios provinciales le reclamarán a la Presidenta la necesidad de conseguir más fondos, como contraprestación de su rechazo al proyecto de la oposición.

Las cuentas de la mayoría de las provincias están asfixiando a los gobernadores, que ven un bálsamo en el proyecto opositor de coparticipar la totalidad de lo recaudado por el impuesto al cheque. Sin embargo, la postura del Gobierno de anticipar que de aprobarse el proyecto las provincias recibirían menos fondos de otros programas los puso en un brete.

Así se vieron obligados a salir a respaldar al Ejecutivo. No obstante, no cederán en su reclamo por más dinero y pretenden recibir alguna compensación a cambio de seguir rechazando la iniciativa. Además, los gobernadores saben que la propuesta lanzada hace dos semanas por Néstor Kirchner para consensuar una nueva ley de coparticipación está lejos de poder llevarse a la práctica. Ni la Nación ni las provincias parecen dispuestas a ceder parte de los fondos que hoy reciben. El Gobierno, sin embargo, no quiere dar el brazo a torcer y, según reconocieron sus ministros, la Presidenta no tiene previsto resignar más recursos a mano de los gobiernos provinciales. "La puja por la coparticipación del impuesto al cheque la plantearon los medios. La reunión fue convocada para plantear el debate, pero no para negociar. Se va a discutir cómo se distribuyen los recursos", explicaron cerca del ministro del Interior, Florencio Randazzo.

Más allá de las culpas que le asignan a los medios, lo cierto es que existe una puja entre Nación y provincias por el reparto de los fondos, situación que hasta hace unos meses era impensada. En la oposición denuncian desde hace años que el Gobierno mantiene en una situación de sometimiento a las provincias con el reparto de la plata. Se basan en dos aspectos: la baja coparticipación (por ley, a las provincias les corresponde el 34%, pero hoy reciben alrededor del 24%) y la discrecionalidad en la distribución. El argumento que esbozan es que al repartir menos plata, el Gobierno obliga a las provincias a aceptar sus condiciones para recibir más fondos. Los números les dan la razón: los gobernadores opositores o rebeldes son los que, proporcionalmente, menos dinero recibieron de las transferencias que la Nación realiza por fuera de la coparticipación.

A la mesa. El almuerzo se va a realizar en la Sala de Convenciones de la Quinta de Olivos: es el escenario que elige la Presidenta para recibir visitas grupales. Lo utilizó hace una semana para agasajar a la tropa de legisladores y también el jueves, para dialogar con empresarios de pymes. En las mesas, además de los mandatarios provinciales, estarán el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, Randazzo, el ministro de Economía, Amado Boudou, y parte de su equipo técnico.

Es la primera vez que Cristina convoca a muchos gobernadores juntos para tener un encuentro de este tipo. El año pasado, después de la derrota electoral y en el marco del diálogo político que había iniciado, recibió a casi todos los mandatarios, tanto oficialistas como opositores, pero por separado. Esta vez no estarán todos: sólo fueron invitados los gobernadores kirchneristas o aliados (ver recuadro).

Según Aníbal Fernández, la de mañana será la primera de varias reuniones que tendrá la mandataria con los gobernadores. "Va a haber distintas rondas, que servirán para tener un análisis común entre todos los gobernadores y las realidades de cada una de las regiones y provincias", señaló.

Del poder de convencimiento que tenga Cristina dependerá el posicionamiento que varios legisladores oficialistas tomen en el Congreso a la hora de tratar el proyecto de coparticipación del impuesto al cheque.

La oposición, con el acompañamiento de por lo menos cuatro senadores oficialistas, espera poder aprobarlo el 7 de abril (ver página 4). Paso seguido, deberá tratarlo la Cámara de Diputados, donde la oposición tiene una mayoría más amplia y algunos oficialistas también anticiparon su respaldo.

De todas formas, el oficialismo ya anunció que la Presidenta vetará la ley en caso de que sea aprobada. De ser así, significaría que el debate que se inició con los gobernadores se debe más a cuestiones políticas que económicas: el Gobierno necesita a las provincias de su lado, para evitar pagar un costo político muy alto por vetar la norma.

Desde la oposición, ya se sienten satisfechos, porque lograron poner sobre el tapete el tema de la coparticipación y el manejo de los fondos que realiza el Gobierno.