Por Luciana Glezer

Tras un jornada agotadora, el ambiente en los despachos de los gobernadores es pésimo. La sensación es que en medio de la negociación y el esfuerzo por acercar posiciones, el gobierno nacional les clavó un cuchillo por la espalda.  

LPO pudo confirmar de un gobernador que en las últimas horas detectaron que en el capítulo referido a la creación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, incluido en las 458 páginas de la redacción final del ambicioso y extenso proyecto de ley enviado al Congreso este lunes, se faculta al gobierno nacional a avanzar sobre impuestos que corresponden a la esfera constitucional de las provincias. 

"Se lo vamos a voltear, es inconstitucional", afirmó a LPO uno de los gobernadores más importantes del país.

El proyecto de ley de creación del Régimen para Grandes Inversiones (RIGI) consta de 68 artículos que indican con precisión quirúrgica una amplia gama de exenciones impositivas, que llegan aplicar alícuotas del 0% para reparto de dividendos en un período de tres años, así como absoluta disponibilidad de divisas y libertad absoluta para exportar el total producido. 

En rigor, se trata de un esquema más de promoción impositiva que se suma a los 32 vigentes en la Argentina, como el que rige para las ensambladoras de Tierra del Fuego o la industria del conocimiento que le ahorra a Marcos Galperín 100 millones de dólares anuales en impuestos, lo que impacta negativamente en la recaudación final en una magnitud equivalente a 4.5% del PBI según calculó el ex ministro de Economía Sergio Massa cuando intentó someterlo a discusión en el Congreso.

En este caso se dirige a inversiones mayores a 200 millones de dólares, para cualquier tipo de proyecto, ya sea nuevo o para la ampliación de un desarrollo existente.

Como la autoridad de aplicación es el gobierno nacional, puede determinar sobre los impuestos provinciales y definir el marco regulatorio para el desarrollo de la inversión.

De los 68 artículos que desarrollan el marco normativo del RIGI lo que causó revuelo y la ira de los gobernadores es la delegación de facultades de manera explícita por parte de la provincia hacia la administración nacional que puede disponer la condonación de todos los impuestos nacionales y los provinciales.    

"Esto barre con todas las modificaciones acordadas con las provincias" dijo a LPO el funcionario de un gobierno provincial y detalló "como la autoridad de aplicación es el gobierno nacional, puede determinar sobre los impuestos provinciales y definir el marco regulatorio para el desarrollo de la inversión". 

"De aprobarse la implementación del RIGI, el Poder Ejecutivo puede decidir sobre la concesión de un pozo petrolero en Santa Cruz, así como determinar las condiciones para un desarrollo minero en Catamarca", precisó la fuente.