El caso comenzará a ventilarse en el mes de marzo en la Cámara del Crimen de Caleta Olivia y el familiar del extinto oficial subinspector -que fuera ascendido post mortem al grado de comisario- también demanda que sean citados el actual intendente de esa localidad, Teodoro Camino, y la secretaria de la Mujer de la Provincia, Roxana Totino, a quienes acusa de haber asistido “logísticamente” a los piquetes de los manifestantes petroleros y desocupados de la construcción en medio de una revuelta social que se registró por aquel entonces.

“Hay un manoseo tremendo en todo esto”, aseguró Álvarez con respecto a la causa, atribuyendo tal apreciación a supuestas “cuestiones políticas”.

En una entrevista con Radio News de Río Gallegos que reprodujo la Agencia de Noticias Austral, Alvarez dijo que los dos últimos funcionarios citados tienen un alto grado de responsabilidad en los incidentes que tuvieron como prólogo una huelga que terminó más tarde en un ataque a la Alcaidía donde se encontraba el oficial asesinado que pertenecía al Comando Radioeléctrico con asiento en Caleta Olivia.

“No estaba armado y todo hace pensar que no tenia que morir un policía, sino un manifestante para luego quemar la Casa de Gobierno”, afirmó Álvarez a casi siete años del hecho que terminó con la renuncia del ex gobernador Acevedo, quien además mantenía una seria rivalidad con el entonces presidente Néstor Kirchner.

El pariente de Sayago también recordó que el actual gobernador Daniel Peralta nunca les otorgó una audiencia, a pesar de habérsele solicitado en reiteradas oportunidades.