En el marco de la audiencia pública convocada por el Bloque de Legisladores de la UCR para tratar políticas de seguridad, el legislador precisó que sólo en Orán la justicia federal tramita un promedio de 300 expedientes por mes sobre narcotráfico y precisó que en Jujuy, los juzgados federales por mes tramitan, cada uno, alrededor de 120 causas por esos mismos delitos. Por ello señaló que urge la creación de un juzgado federal en Libertador General San Martín y otro en Tartagal, para llevar a cabo las investigaciones sobre narcotráfico y reprimir estas conductas delictivas.

Observó que se han incrementado los crímenes y nuevos tipos delictivos con un alto nivel de violencia como consecuencia -entre otros factores- de la droga, que requiere un tratamiento urgente y destacó la labor cumplida en el Congreso de la Nación por el diputado Mario Fiad quien viene dando una batalla frontal contra el narcotráfico y para potenciar la atención de las adicciones.

Morales también reclamó la creación de un Instituto Provincial para el tratamiento de las personas con consumo problemático de drogas, que permita incrementar la capacidad sanitaria. “Es una vergüenza que el Gobierno no haya avanzado con una iniciativa de este tipo” dijo y observó que Jujuy sólo cuenta con el Centro Arroyabe que apenas cuenta con 8 camas para desintoxicación y 13 para internación.

Finalmente Morales observó la injusticia que provoca la falta de una política en materia de tratamiento de las adicciones, que obliga a recurrir a servicios privados que son inaccesibles para los sectores con menores recursos.

El valor de la participación ciudadana

El diputado nacional Mario Fiad afirmó que “la participación ciudadana es la clave para lograr las transformaciones que se requieren para asegurar políticas de prevención y persecución de los delitos que afectan la integridad, los derechos y la vida de las personas. Fiad destacó que desde el radicalismo y el Instituto de Políticas Públicas se viene trabajando en el análisis y la generación de propuestas en materia de seguridad desde hace muchos años.

El legislador refirió que la demanda colectiva por mayor seguridad que se ha producido en el último tiempo como resultado de una ola de hechos delictivos, debe servir para nutrir el debate y concretar los cambios necesarios para garantizar un servicio de seguridad ciudadana.

Fiad destacó que el Estado provincial debe brindar “la seguridad necesaria para avanzar hacia un Jujuy en paz y sin violencia” y valoró el compromiso de las instituciones de la sociedad civil que se resisten a naturalizar un estado de anomia que facilita la perpetración de delitos y configuran una sociedad violenta.

Modernización policial

Por su parte, el diputado Alberto Bernis, presidente del Bloque de la UCR, indicó que el diagnóstico que el radicalismo efectuó en materia de seguridad en los diferentes barrios da cuenta de enormes debilidades en la política pública que incluye, entre otras falencias en la institución policial que es uno de los eslabones centrales en un esquema de prevención y represión de los delitos.

Señaló Bernis que es necesario fortalecer la policía, dotarla de mayores recursos humanos, técnicos y tecnológicos, mejorar los salarios de los miembros de la fuerza de seguridad y modernizar el Instituto de Seguridad pública, así como trabajar sobre la formación continua de los efectivos para que puedan brindar un servicio eficiente. Observó que es preciso que los efectivos puedan contar de manera sistemática con herramientas conceptuales y prácticas que le permitan responder frente a los nuevos escenarios.

Un programa estratégico para la seguridad

El diputado Pablo Baca brindó precisiones del proyecto de ley para la creación de un Programa Estratégico de Seguridad Pública, que tendrá por objeto conducir y coordinar las acciones de los organismos del Estado para evitar el delito y hacer posible el desarrollo integral de los miembros de la comunidad en un marco del respeto de los derechos y de justicia, libertad, igualdad y paz.

También, explicó, el Programa apunta a fomentar la participación de los ciudadanos y de las municipalidades y comisiones municipales en las decisiones referidas a la seguridad.

Especificó el legislador que el programa busca prevenir delitos, operando sobre sus causas y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas; fomentar la participación ciudadana en las políticas de seguridad; investigar las conductas delictivas y evitar la impunidad que promueve la reedición de la violación a la ley penal.

Entre otras medidas, indicó Pablo Baca, el Programa propone la Instalación de cámaras de seguridad y centro de monitoreo; Mapas del delito; la protección y asistencia a víctimas de delitos y sus familias, investigación y lucra contra la impunidad.

También el programa incluye medidas para el control de venta de objetos usados; un plan provincial de entrega voluntaria de armas, el control de las agencias de seguridad privada y de los sistemas de seguridad privada, reformas policiales y del Instituto de formación de sus efectivos, modernización y fortalecimiento de la fuerza de seguridad, mecanismos de auditoria y control externos e internos, con participación civil; y programas de educación en contexto de privación de libertad, así como el abordaje integral de las actividades que se cumplen en la noche, medidas de emergencia en materia de violencia de género y trata; medidas para abordar las adicciones y un combate decidido contra la violencia institucional.