Aquel "mi voto no es positivo" del vicepresidente Julio Cleto Cobos, a las 4:30 de la madrugada del 17 de junio de 2008, quedó incorporado al arsenal de dichos populares. El proyecto gubernamental que intentaba transformar en ley la Resolución 125/08, que llevaba al 47% las retenciones a las exportaciones sojeras, había sido aprobado por Diputados. En el Senado, la votación quedó empatada en 36 y debió desempatar el presidente provisional de la Cámara; es decir, Cobos. "Mi voto no es positivo", dijo, y el proyecto se cayó para que estallara el festejo de la Mesa de Enlace (Sociedad Rural, Federaciones Agrarias, Carbap y Coninagro).

Cuando aquella resolución, pergeñada por el entonces ministro de Economía y actual opositor Martín Lousteau, entró en vigencia, los productores comenzaron a retener las oleaginosas: 30 millones de toneladas de soja quedaron varadas en los silos para presionar al gobierno. Ese acaparamiento provocó desabastecimiento y perjuicios comerciales de todo tipo, pese a lo cual el gobierno no acudió a la justicia ni a ninguno de los medios coercitivos del Estado. Prefirió en cambio, más modestamente, proponer que la 125 se transformara en ley, lo cual dilató todo el asunto durante un mes más.

En ese punto se tiene un primer dato sobre ganadores y perdedores de aquel conflicto y del voto "no positivo". Con ese alargamiento de la cuestión, la Casa Rosada intentaba seducir a la masa de chacareros –los que explotan menos de 300 hectáreas–, a los que ofreció compensaciones equivalentes a retenciones iguales, o incluso inferiores, a las que regían hasta el 11 de marzo, fecha de la entrada en vigencia de la frustrada 125.

Paralelamente, el gobierno comenzaba a operar para bajar la cotización del dólar –en días de divisas abundantes– para presionar a su vez a los productores que se negaban a enviar la oleaginosa a los mercados de exportación, quienes, según especulaba el oficialismo, se sentirían urgidos a vender antes de que la moneda norteamericana cayera aun más y, por tanto, recibieran menos pesos por cada dólar. Por el otro, aunque obviamente no se dijera, se ofrecía a quienes exportaran la posibilidad de pedalear a gusto una bicicleta financiera interesante, consistente en invertir los pesos a las elevadas tasas de interés pagadas en esos días en el mercado interno y, así, asegurarse un dólar a futuro que no habría variado su cotización. Esto es: al final del pedaleo, tendrían más dólares por arte de magia, sin hacer nada, lo cual, de alguna manera, neutralizaba el incremento de las retenciones. Por ese lado, la crisis con las patronales agrarias construyó, al mismo tiempo, un dolor de cabeza financiero, al obligar al Banco Central a endeudarse con el exterior.

LOS “CAMPESINOS” DE BUZZI. Se veía que las cosas venían mal cuando la 125 fue aprobada en Diputados por sólo un voto, y eso gracias a que cuatro legisladores ariscos –dos de Tierra del Fuego y otros tantos de Río Negro– pudieron ser persuadidos a último momento, nunca se supo bien por qué medios.

Aquello no dio resultados, y finalmente la ley se cayó en el Senado, porque en verdad los productores pequeños, y aun muchos de los medianos, habían quedado fuera de la cancha. Apremiados por sus propias necesidades, esos sectores ya habían vendido sus cosechas a los grandes pulpos, los que sí tienen espaldas para aguantar. De todos modos, la producción de los chicos no es suficiente para modificar sustancialmente el balance exportador, con un agro mayoritariamente en manos de los llamados "pools de siembra", y con las ventas al exterior concentradas en manos de un puñado de monopolios.

Eduardo Buzzi, de Federaciones Agrarias, pidió entonces que las compensaciones se extendieran a las producciones de hasta 3000 hectáreas, lo cual da otra idea de los intereses en pugna en aquel conflicto. Esa franja de productores representa más o menos un 30 por ciento del producto sojero, una suerte de "clase media" agraria. A esa altura, lo que parecía estar en juego era a qué precio podía quebrarse el acaparamiento de soja, ya no quién sería el encargado de fijar los impuestos (el Ejecutivo o el Congreso).

Ahora bien, ¿de qué clase de "clase media" se habla al referirse a los representados por Buzzi? Chacareros como Alfredo de Angeli, por citar una suerte de emblema agrario (hoy, dicho sea al pasar, De Angeli busca un acuerdo electoral con el macrismo) explota extensiones cuyo valor inmobiliario fluctúa entre los 10 y los 15 millones de dólares, incluso hasta 50 millones. En otras palabras: no se trata de campesinos pobres o familiares, no se parecen a los mujiks rusos de los que habla la historia de la revolución de 1917. Por lo demás, después de semejante acaparamiento, no podían volcarse al mercado, de súbito, 30 millones de toneladas de soja, porque en ese caso el precio de la oleaginosa se habría derrumbado cuando los especuladores internacionales apostaban aún al aumento de precios, no a su baja.

UNA CRISIS POLÍTICA. La diferencia entre el 47% de retenciones que pretendía el gobierno y el 35% que la patronal agraria estaba dispuesto a pagar era, traducido a dinero, de unos 70 dólares por tonelada. Multiplicado eso por los 30 millones de toneladas, daba 2100 millones de dólares, monto suficiente para quebrar la voluntad política del Congreso más pintado. Por eso se llegó a ese desempate y al voto "no positivo" de Cobos, a pesar de que el oficialismo tenía, supuestamente, una mayoría cómoda.

Ocurrió, además, que al reclamo de los acaparadores sojeros se añadieron los monopolios petroleros y los de la electricidad, que presionaban para descongelar tarifas y reducir en general las retenciones a la exportación. El entonces gobernador de Chubut, Mario Das Neves, se había convertido en una especie de primera espada de las grandes petroleras.

Por otra parte, el acaparamiento se manifestaba no sólo en los silos-bolsa: según los especialistas, la liquidación de divisas había sido aquel año de 6000 millones de dólares menor a la que correspondía. Esa masa de dinero se incorporaba a la fuga de capitales.

Después del desempate de Cobos, quedó una duda difícil de develar: si la marcha de la Mesa de Enlace al Congreso el día de la votación en el Senado apuntaba simplemente a presionar a la Cámara Alta, o si anunciaba la decisión de seguirla como fuese, aun en contra de una votación senatorial favorable a la 125.

En ese punto parecían encontrar algún asidero las denuncias de sectores del oficialismo sobre acciones "destituyentes" de las patronales del campo, a las que atribuía la intención –sin que los otros lo negaran– de buscar un plebiscito que dejara al gobierno en una situación insostenible. «

una maniobra inadvertida, pero conveniente

Entre los primeros ganadores de la derogación de la 125 estuvieron los fideicomisos, los acopiadores y las grandes patronales agrarias, puesto que esa derogación les significó un traspaso inmediato de unos 4000 millones de dólares. Ese monto surgía, naturalmente, de la reducción de 12 puntos en la tasa de retenciones a la exportación sobre la base de un acumulado de más de 30 millones de toneladas de soja.

El decreto derogatorio hacía sucumbir el sistema de retenciones móviles, lo cual resultaba más ventajoso para los dueños de tierras y para los exportadores que cualquiera de los proyectos alternativos a la 125 que había presentado la oposición, tanto en Diputados como en Senadores.

En el Senado, en aquella madrugada del 17 de junio de 2008, se había producido una maniobra que a muchos pasó inadvertida, y estuvo a cargo del mismo Cobos que había dado su voto "no positivo". Apenas desempató, el vicepresidente levantó la sesión, cuando, reglamentariamente, se debió pasar entonces a debatir los proyectos en minoría. Con esa irregularidad, Cobos habilitó el retorno a las retenciones fijas, establecidas entonces en el 35% para la soja.

La reimplantación de esa alícuota del 35% resultó, sin embargo, el mal menor, incluso para el gobierno, y seguramente por eso la bancada oficialista dejó pasar la maniobra sin protestas.

Eso fue así porque permitió a la Casa Rosada controlar sin sobresaltos el mercado cambiario, debido a la avalancha de dólares por las exportaciones de granos y oleaginosas alcanzados por el decreto.

Así las cosas, los exportadores obtuvieron una victoria que fue más allá de lo que ellos mismos esperaban.

129 días de lockout

La derogación del proyecto que intentó convertir en ley la Resolución 125/08 de retenciones agrarias puso fin a un extendido lockout de las patronales del campo, que duró 129 días, desde el 11 de marzo al 11 de julio de 2008. Durante ese tiempo, la Mesa de Enlace tomó una serie de medidas con el propósito de interrumpir las actividades económicas de sus asociados, y no sólo de ellas. Por ejemplo, abundaron los cortes de rutas y el bloqueo a los accesos portuarios en distintos puntos del país. Posteriormente, el conflicto se agravó por un lockout de los empresarios transportistas, con cortes de rutas incluidos, al punto que en determinado momento comenzaron a producirse problemas severos de desabastecimiento en las ciudades.