Por la presión de sus propios socios en la alianza Cambiemos, la UCR y la CC-ARI de Elisa Carrió, el Gobierno decidió dar marcha atrás y excluir a los funcionarios de la posibilidad de ingresar al blanqueo de capitales que, pese a las promesas, aún no ingresó al Congreso. En el oficialismo, además, ni siquiera tenían claro por qué Cámara iba a darse inicio al debate del proyecto ómnibus. Finalmente, serían los diputados los primeros en discutir el plan que incluye también el pago de juicios previsionales y la actualización de haberes jubilatorios, la devolución a las provincias del 15% de Coparticipación que retiene la Anses y la derogación de la ley que impide la venta de acciones en empresas privadas que componen el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Los propios legisladores del oficialismo estaban

ayer desconcertados por el trámite del proyecto

Fuentes del interbloque Cambiemos confirmaron a BAE Negocios que el Ejecutivo decidió no habilitarle el ingreso el blanqueo a funcionarios, como sí estaba permitido en el borrador de la ley que circula desde hace días por Casa Rosada. Según cuentan, convencieron al presidente, Mauricio Macri, de que habilitarles esa chance iba a desviar el discurso opositor hacia ese punto, justo cuando él mismo acaba de anunciar que traerá al país 18 millones de pesos de una cuenta que posee en las Bahamas, un paraíso fiscal de los predilectos para los evasores impositivos.

Lo que entendían en los partidos socios de PRO es que no clausurar eso era dar vía libre a una discusión sin beneficio alguno: ningún funcionario hubiese declarado ningún bien que tuviera en negro porque, el contrastar esos bienes con las declaraciones juradas que debieron haber presentado, hubiesen incurrido en la figura de omisión maliciosa.

Durante toda la jornada circuló por el Congreso la información de que el Ejecutivo había cambiado su estrategia inicial y había decidido girar el combo de medidas al Senado. Esa idea se apoyaba en el buen feeling que se consiguió con los gobernadores tras subir la oferta de reintegro de los fondos coparticipable que iban a la Anses de un 3% inicial a un 9%. Como el proyecto incluirá el cumplimiento de este compromiso, especulaban con que las provincias mandarán a sus senadores a apoyar la ley sin demasiados reparos. Pero como el proyecto trae incorporados cambios en materia tributaria, como la suba del piso de Bienes Personales a 800 mil pesos, debió ser la Cámara baja la puerta de ingreso a la iniciativa.

Según pudo saber este diario, aunque al cierre de esta edición el texto aún no había ingresado, entre las decisiones que traerá el paquete legislativo estará la derogación de la ley que impide la venta de la cartera de acciones en empresas privadas que componen el FGS, adquiridas por las ex AFJP y que la Anses heredó con la reestatización del sistema previsional. Lo que dicen en el oficialismo es que el plan no es salir rápidamente a liquidarlas sino recuperar la posibilidad de manejarlas acorde a la vorágine del mercado financiero. Aunque, como informó BAE Negocios, el titular del FGS, Luis Blaquier, lleva varios días en rondas de lobby en Wall Street adelantando la idea de ponerlas rápidamente a la venta.

Finalmente, Diputados recibirá la iniciativa

que incluye el pago del 15% a las provincias

Este será uno de los puntos más conflictivos porque, aunque consigan que la presión de los gobernadores lo haga pasar por el Senado, en Diputados ni el Frente para la Victoria (FPV) ni el bloque Justicialista están dispuestos a aprobar la liquidación de esas acciones. La llave, otra vez, la tendrá el Frente Renovador de Sergio Massa.