No hay muchos empresarios que hayan tomado en serio la última promesa de la presidenta Cristina Kirchner: no confían en que irá, como dijo, en noviembre a la próxima Conferencia Industrial. Ese descreimiento, advertido al solo contacto telefónico con cualquier ejecutivo, parece sustentarse en que la mayoría ve la relación con el Gobierno en un deterioro progresivo e inexorable que vuelve innecesaria cualquier sobreactuación. Y explica, finalmente, la dura queja conjunta que volvieron a emitir ayer los presidentes de las principales cámaras del país sobre el proyecto para repartir el 10% de las ganancias entre los trabajadores y que los empleados controlen los resultados. El avance sindical no sólo es avalado por la Casa Rosada, dijeron los hombres de negocios, sino que se agrava, atenta contra el derecho de propiedad y les da a los gremios más atribuciones que las de un accionista minoritario.

Fue uno de los comunicados más terminantes y extensos del establishment en los últimos años. Se difundió después del almuerzo quincenal del Grupo de los Seis (G6), que se desarrolló en la sede de la Asociación de Bancos de Capital Privado Argentino (Adeba) y reunió a los presidentes de las entidades: Jorge Brito, el anfitrión, y Carlos de la Vega (Cámara de Comercio), Carlos Wagner (Cámara de la Construcción), Hugo Biolcati (Sociedad Rural), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio) y Héctor Méndez (Unión Industrial Argentina, UIA).

La iniciativa en cuestión corresponde en realidad al diputado cegetista Héctor Recalde, pero ya fue apoyada públicamente por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Los empresarios temen que, una vez más, una causa genuina como distribuir ganancias convenza a los legisladores y sirva de excusa para lo que consideran una verdadera irrupción sindical en las compañías. "Es el plan de la campaña política de Hugo Moyano", resumió uno.

El comunicado no fue tan agresivo. En parte, porque del lado de los menos belicosos con el Gobierno -Brito, Wagner- se resistieron a provocar a los Kirchner. La postura relevante más dura volvió a partir de la UIA. El texto consignó que las cámaras "rechazan categóricamente los proyectos en cuestión, máxime cuando se comprueba que avanzan hacia un poder de interferencia sindical que choca contra los principios constitucionales de derecho de propiedad y de ejercicio de toda industria lícita, al otorgar a los sindicatos facultades de fiscalización y de información ajenas a su cometido muy superiores a la de los propios accionistas".

Elogioso del malbec Escorihuela Gascón con el que acompañaron el bife de lomo con hierbas, uno de los comensales moderados resumió el ánimo de todos: "Es una locura. Los gremios van a tener una herramienta para jorobar desde adentro revolviendo papeles". Si alguno había imaginado cierta contención gubernamental, todo quedó descartado por la tarde, durante un acto de Femsa, la embotelladora de Coca-Cola, en el Mercado Central (ver Pág. 10), cuando la Presidenta se refirió risueñamente al camionero Hugo Moyano y dijo que, pese a lo que los empresarios decían, los miembros de esa compañía acababan de elogiarlo públicamente. El sindicalista y casi todo el palco oficial exageraron una carcajada.

Lo que quedó afuera

Cristina Kirchner aprovechó las cámaras de TV para transmitirles a los empresarios sus ganas de que, al día siguiente, pudieran leerse esos elogios "en letras de molde" en los diarios. Pero casi inmediatamente apareció el comunicado del G6, que agregó sobre el almuerzo: "Hubo unanimidad de opiniones afirmando que esta situación se agrava aún más en un contexto en el cual la imposibilidad de ajuste de los balances por inflación genera una fuerte distorsión en el resultado de los mismos".

Algunos párrafos pensados originalmente no llegaron a ver la luz. Por ejemplo, el que advertía que la participación salarial en el producto bruto carga sólo sobre el sector formal y se redime, por lo tanto, al Estado en su función de controlador del trabajo en negro. La idea no prosperó.

Se incluyó en cambio un concepto orillero: "Destacaron las entidades que siempre impulsaron la negociación colectiva como la práctica idónea para resolver las cuestiones que involucran a trabajadores y empleadores. Y enfatizaron que, mediante acuerdos colectivos, se posibilitó que los ingresos de los trabajadores del sector formal convencionado hayan experimentado en los últimos años incrementos bien superiores a la inflación real, posicionando los salarios en dólares de los trabajadores argentinos muy por encima de los de la región y de muchos de los países con los cuales compiten nuestros productos. Finalmente, todos coincidieron que este tipo de iniciativas fracasan cuando no se las impulsa mediante acuerdos y consensos previos".

El texto termina diciendo que confían "en el diálogo que tenga en cuenta circunstancias, marcos de colaboración y de productividad indispensables para un real crecimiento con empleo e inclusión social". Un entusiasmo que, según lo constatado en testimonios cara a cara, suena más bien a formalidad epistolar.

LOS EMPRESARIOS CON MÁS PESO CADA DÍA MÁS LEJOS DE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO

* Hugo Biolcati (SRA) fue el único asistente del sector agropecuario al almuerzo. Es uno de lo más críticos con el Gobierno.

* Carlos de la Vega (CAC) es uno de los de mejor relación con la Rosada. De todos modos, se opone a la iniciativa de Recalde.

* Adelmo Gabbi (Bolsa) fue otro de los que sorprendió, días atrás, al rehusarse a la invitación a la Casa Rosada. Tiene opiniones públicas moderadas ante la política oficial.

* Héctor Méndez (UIA) quedó enfrentado con la Casa Rosada tras el faltazo al acto por Papel Prensa. Duro opositor al proyecto de Recalde.

* Jorge Brito (Adeba) volvió ayer a optar por hacer el reclamo, pero sin emplear conceptos que pudieran ser interpretados como una provocación a los Kirchner.

* Carlos Wagner (Cám. Construcción) fue uno de los que buscó atenuar los conceptos más críticos del documento difundido.