El bloque del Frente de Todos del Concejo Deliberante presentó un proyecto de ordenanza para que se declare por un año la emergencia en seguridad en Mar del Plata.

La bancada opositora aseguró que busca “contribuir a la protección de vidas y bienes de personas, al mismo tiempo que promover acciones vinculadas a la prevención”.

Uno de los impulsores, Vito Amalfitano, dijo que el pedido “surge ante la creciente ola de delitos violentos y la ausencia de soluciones de parte del gobierno de Guillermo Montenegro, que tomó el tema como la principal promesa de su campaña a intendente”.

La iniciativa tiene como antecedente una normativa aprobada en 2009, cuando se declaró la emergencia de seguridad pública en el Partido de General Pueyrredon con el mismo objetivo. “Sin embargo, en este caso el proyecto incluye una serie de acciones estatales municipales concretas para gestionar mejores y más eficientes políticas públicas en la materia”, señaló el bloque.

“Tenemos la convicción de que el camino para solucionar esta problemática es mediante el diálogo multidisciplinario y la interacción entre todos los estamentos públicos con competencias en el área, por lo que proponemos un consejo asesor de la emergencia con facultades consultivas e informativas, conformado por organismos de derechos humanos, el Foro de Seguridad, las comisarías, la Defensoría, fiscalías y universidades, entre otros”, explicó Amalfitano.

La concejala Verónica Lagos resaltó que “es necesario efectivizar la seguridad ciudadana para garantizar la plena vigencia de los derechos constitucionales”.

Consideró que “no es suficiente con realizar una sumatoria de acciones y esfuerzos, sino que hace falta planificación estratégica para poder coordinarlos y ejecutar de forma eficiente la gestión contra la inseguridad”.

En la misma línea, Roberto ‘Chucho’ Páez manifestó la preocupación de la comunidad “al ver que el Estado municipal no está pudiendo ser garante de la seguridad ciudadana, con el incremento de conductas ilegales y violentas y diversos hechos que afectan a los vecinos y las vecinas de Mar del Plata y Batán”.

La emergencia autorizaría al Ejecutivo a contratar o adquirir en forma directa los servicios que requiera (sobre los que luego debería rendir cuentas), a dejar operativas todas las cámaras de seguridad y a confeccionar mapas de las principales zonas en que se cometen delitos.