En los fundamentos del decreto, el jefe comunal explicó que en función del "tiempo transcurrido sin ejecución de tareas alguna sumando a la variación del costo de la construcción y la refuncionalización del inmueble, la Dirección de Obras Públicas aconseja que se promueva la rescisión del contrato”. A su vez, fuentes del gobierno de Cambiemos admitieron a este diario digital que se frenó la licitación por un posible caso de "incompatibilidad", debido a que la empresa que realizaría las reformas es la propietaria del edificio. 

En la mira del Tribunal de Cuentas

Según se refleja en un dictamen, al cual 0223 tuvo acceso, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires investiga lo sucedido con el alquiler del inmueble de la avenida Juan B. Justo durante el gobierno de Acción Marplatense.

En septiembre de 2014, el exintendente Gustavo Pulti firmó el decreto Nº 2595 para alquilarle el amplio local a la empresa Vialsa SA.  El precio de la locación se convino en la suma de $85.000 mensuales para el primer año, $107.950 para el segundo año y $137.096,50 para el tercer año. 

A los pocos meses, la anterior gestión comunal suscribió una addenda al contrato de locación extendiendo su vigencia, la que quedó establecida por el término de 10 años, venciendo en agosto de 2024, modificación que no habría sido avalada por el Concejo Deliberante.

¿Incompatibilidad y sobreprecios?

Antes que finalizara el gobierno pultista, Vialsa SA fue adjudicataria de la licitación para llevar adelante una serie de obras con el objetivo de ampliar los servicios al público en ese mismo predio por un monto de casi 6 millones de pesos.  

Según el pliego del proceso licitatorio, se iban a construir una batería de baños y algunas oficinas. La licitación tuvo un presupuesto oficial de $4.867.300,00, habiéndose presentado como oferentes Plantel SA y Vialsa SA. 

En agosto de 2015, el extitular del exEnosur, Marcelo Artime, firmó la resolución N° 821 para adjudicar la millonaria licitación a Vialsa SA por la suma de $5.792.709,23. Por ende, la misma empresa resultaría beneficiada por las ganancias de las modificaciones que se concretaría en una propiedad suya, alquilada por la Comuna de General Pueyrredon.  

En un reciente fallo, el Tribunal de Cuentas cuestionó la resolución rubricada por el candidato a concejal de AM. "El proceso licitatorio aludido fue adjudicado a la firma Vialsa SA, quien no sólo se beneficiaría con una construcción nueva sobre su propiedad, sino que obtendría utilidades por la ejecución de la obra, cuyo monto fue fijado en la suma de $ 5.792.709,23, es decir, un 19% por sobre el presupuesto oficial”, manifestó el organismo provincial sobre el vidrioso acto administrativo efectuado por el amigo de Amado Boudou.